Primero fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el inicio del curso político, quien mostró su “apoyo explícito a las movilizaciones sindicales contra la patronal” para intentar reactivar las negociaciones sobre las subidas de salarios. Ahora, desde el Ministerio de Asuntos Económicos de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dan otro empujón al pacto de rentas (o reparto del daño de la inflación entre empresas y trabajadores) que viene promoviendo el Gobierno desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y aseguran a elDiario.es que “la mejor referencia” para retomarlo “es donde se quedaron los agentes sociales en la negociación del AENC (Acuerdo de negociación colectiva) que se rompió en mayo”.
Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y los representantes de las empresas se levantaron de la mesa de negociación en primavera tras el rechazo de los empresarios a la propuesta sindical que incluía una subida de los salarios, pactada de inicio, del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, más una cláusula de salvaguarda para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por la inflación desbocada.
“Un diferencial entre la inflación al final de cada año con el incremento acordado, que se recuperaría en dos veces: un porcentaje al final de cada año, y otro porcentaje al final de ciclo [en 2024]”, explican fuentes sindicales sobre la cláusula. El líder de UGT, Pepe Álvarez, afirmó la semana pasada que los sindicatos llegaron a plantear dejar la mitad de la recuperación de poder adquisitivo para final de 2024. Las patronales rechazaron incluir cualquier garantía ligada a la inflación, que los sindicatos consideran indispensable, por lo que se rompieron las conversaciones.
“Elemento de protección en función de la economía”
Sin apoyar las cláusulas de salvaguarda explícitamente, en el Ministerio de Asuntos Económicos consideran que “es muy importante tener un marco plurianual porque eso permite dar estabilidad y tener más flexibilidad en la negociación”.
“Esas referencias que estaban manejando inicialmente eran útiles, y luego hay que tratar de buscar las fórmulas para que los trabajadores puedan tener un elemento de protección o de contribución en función de cómo vaya la economía”, continúa desde el Ministerio de Calviño, desde donde añaden que este “elemento de protección” debería ser “flexible y que permita hacerse en función de cómo sea la situación y la evolución de las empresas”.
La última propuesta sindical se estructuraba de tal manera que, si se asume un ejemplo de inflación del 8% este año, la subida del 3,5% pactada en 2022 se ajustaría en dos partes: la mitad de los 4,5 puntos porcentuales restantes a final del año y al cierre de 2024 la otra mitad. Este “esquema” se realizó en abril, con el IPC (Índice de precios de consumo) general en el 8,4%, respecto al mismo mes de 2021, tras haber escalado hasta el 9,8% en marzo.
Desde entonces, la inflación alcanzó un nuevo techo en el 10,8% interanual en julio, y se moderó al 10,4% en agosto, según el dato adelantado que el INE (Instituto Nacional de Estadística) confirma este martes 13 de septiembre. Mientras, el pasado mes, y según esta misma previsión, el IPC subyacente, que no incluye energía ni alimentos no elaborados, se disparó al 6,4%. Ante una nueva negociación, el contexto se ha endurecido y la nueva propuesta de los sindicatos podría partir de un marco más exigente.
El máximo de la inflación más estructural en agosto —la subyacente, que no tiene en cuenta los elementos cuyos precios se consideran más volátiles y que pueden bajar con rapidez en próximos meses (gas, carburantes, electricidad...) si finaliza la incertidumbre por la guerra— da una referencia de la dimensión de la crisis y de su fuerte impacto en la capacidad de compra de las familias.
El viernes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) situó a España como uno de los países con más caída de los “salarios reales”, descontando el efecto de la inflación. Según su cálculo, el crecimiento de los sueldos teniendo en cuenta los precios se redujo “bruscamente en 2021, y se prevé que siga descendiendo un 4,4% en 2022”. Esta caída duplica al de la media del también llamado “club de los países ricos” y solo se sitúa por detrás de Grecia, con una contracción del 6,9%.
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos, antes de lanzar las recomendaciones recogidas por elDiario.es, la propia Nadia Calviño había expresado que de cara a plantear subidas salariales “se tiene en cuenta la inflación subyacente, pero la máxima es la moderación”. En general, las cláusulas de salvaguarda de los convenios tienen en cuenta la inflación interanual de cierre de año, explican fuentes sindicales, pero CCOO y UGT se han mostrado abiertos a poder negociar también la referencia de cara a un pacto de salarios estatal en el actual marco de precios disparados.
Los empresarios en cambio no se han movido de posición y tampoco han respondido a las llamadas de las centrales mayoritarias de sentarse a negociar este septiembre. El líder de CEOE, Antonio Garamendi, afronta en estos momentos la previa a las elecciones internas para el liderazgo de la patronal, lo que complica la negociación. En el horizonte, los sindicatos amenazan con agravar la conflictividad este otoño.
Los salarios crecen mucho menos que el IPC
La retribución media de los trabajadores en España apenas acumula una subida del 2,6% en 2022, según los datos de 'Ventas, empleo y salarios en grandes empresas y pymes' de la Agencia Tributaria, a cierre del segundo trimestre. En 2021, la mejora fue del 3,2%, según la misma estadística.
Si se estudian las subidas salariales pactadas en los convenios este año, la mejora se queda también en el 2,6% hasta agosto, según el último dato publicado por el Ministerio de Trabajo. En este contexto, economistas de prácticamente todo el arco ideológico claman por un pacto de rentas, un acuerdo entre empresas y trabajadores que reparta el daño de la inflación con un límite a los márgenes de beneficio (la capacidad de convertir en ganancias las ventas, tras restar los costes) y aumentos plurianuales de los sueldos.
Los expertos más ortodoxos del actual paradigma liberal advierten del riesgo de una espiral de precios y salarios. Una amenaza que presupone un proceso de retroalimentación de incrementos de los sueldos en persecución de una inflación inalcanzable.
Los economistas más heterodoxos y los más sociales consideran que esta espiral de precios y salarios está lejos de producirse, y que “lo que sí es preocupante es que se consolide la pérdida de capacidad adquisitiva”, según resumió recientemente Nacho Álvarez, secretario de Estados de Derechos Sociales, en Twitter, mientras los márgenes empresariales crecen.
El problema que señalan estos últimos expertos es que la pérdida de poder adquisitivo puede convertirse en un problema macroeconómico de primer nivel, que afecte al consumo y por tanto al crecimiento económico, ya dañado en los últimos meses por la crisis energética y la incertidumbre. Además la economía se enfrenta a la amenaza de un corte del gas ruso en próximas semanas que impacte con dureza en la eurozona, y finalmente en España.
“El consumo de los hogares, el principal pilar de la economía (representa alrededor del 55% del PIB), también se está debilitando. Tanto las ventas minoristas en términos reales como las de las grandes empresas flexionaron a la baja en el mes de julio. El monitor de consumo en tiempo real de CaixaBank, que sigue la evolución del gasto realizado con las tarjetas de la entidad y el que se lleva a cabo en los terminales del banco en comercios, apunta en la misma dirección y anticipa que esta tendencia se ha mantenido durante el mes de agosto”, explica Oriol Aspachs, economista de Caixabank Research.
Subidas de los tipos de interés
A las abrasivas subidas de precios, se une el ciclo de aumentos de los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) inició en julio. Y que continuó la semana pasada, con el mayor incremento desde que existe el euro, y que pretender proseguir en octubre y en los siguientes meses, con el objetivo de dejar de alimentar la inflación al encarecer los préstamos, y también las hipotecas.
Así, la prescripción acordada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos centrales para combatir las subidas de precios es incidir en el giro hacia la ortodoxia monetaria, caiga quien caiga. Gita Gopinath, la número dos del organismo, pidió a finales de agosto en el encuentro sobre política monetaria de Jackson Hole (EEUU) “medidas más agresivas, incluso si eso significa un fuerte enfriamiento de la economía y un aumento del desempleo, si la inflación resulta inesperadamente persistente”.