Ser pensionista antes de llegar a la edad de jubilación es una situación que viven más de 650.000 personas en España. Su edad media es de 54 años. Una de las consecuencias de “interrumpir” la vida laboral como consecuencia de una incapacidad permanente es no haber cotizado lo suficiente como para “estar respaldado” por una pensión digna, explican. “La situación más grave reside en los menores de 40 años”, dice Laura Estévez, portavoz del sindicato USO. De hecho, 58.000 pensionistas por debajo de esa edad no llegan a unos ingresos medios de 650 euros mensuales.
Alicia Martínez es pensionista, tiene 37 años y padece desde los once endometriosis, una enfermedad crónica ginecológica. Aunque es benigna, esta patología afecta a diferentes órganos como, en su caso, al intestino, y puede causar dolores intensos focalizados en puntos concretos del cuerpo.
A principios de 2018 el Equipo de Valoraciones de Incapacidades (EVI) le concedió la incapacidad permanente total revisable (no impide realizar determinados tipos de trabajo). Afirma que su salud está en malas condiciones, sobre todo por las patologías derivadas de la endometriosis que le han ido surgiendo con el tiempo: fibromialgia y un trastorno depresivo.
Desde los 18 años encadenaba contratos temporales, como administrativa, recepcionista o camarera, entre otros, ya que en su situación era “complicado conseguir un contrato indefinido”, dice. Acumula varias operaciones y reconoce que tener la regla le suponía cuando trabajaba dos días de baja médica con motivo del dolor que le provoca su enfermedad. “A veces tengo que inyectarme morfina”, asegura. Este año entrará en quirófano por décima vez.
La pensión que recibe es de 430 euros. “No puedo permitirme alquilar un piso”, explica. Además, tiene que afrontar el copago farmacéutico: “mis gastos van destinados a los medicamentos que necesito para paliar el dolor y a especialistas en fisioterapia”. Su padre pensionista jubilado le ayuda económicamente, al igual que su pareja. “Soy económicamente dependiente”, sostiene.
Miguel Rosales padece desde los 20 años la enfermedad de Crohn, patología que afecta al intestino, entre otros órganos. A esa edad le reconocieron una minusvalía por menoscabo digestivo. Gestionaba su propio restaurante como autónomo junto a su hermano –también con enfermedad de Crohn–.
A los 43 años obtiene la incapacidad permanente absoluta, aquella que no permite desempeñar ninguna función laboral. La pensión que percibe actualmente tras haber sido autónomo es “bajísima”, lamenta, de 710 euros. “Mis gastos siguen siendo los mismos antes y después de la incapacidad y tengo que seguir pagando la hipoteca”, subraya. Reconoce que tiene que pedir ayuda económica a su familia y asegura que es “inevitable que el ánimo decaiga”.
Algo parecido le ocurrió a Víctor, ex-carnicero autónomo con una incapacidad permanente total (aquella que no inhabilita al trabajador para el ejercicio de otras profesiones) concedida a los 50 años. Padece una lesión ósea con incidencia en la columna vertebral que no le permite estar durante jornadas prolongadas de pie o cargando peso. La pensión que percibía no llegaba a los 400 euros. Después de cuatro años siendo pensionista ahora está activo de nuevo, como empleado de una gasolinera. “Somos más dependientes a nivel vital y económico”, asegura.
La mayoría coincide en sentirse desamparado por parte de las instituciones. Dulce María Moreno, secretaria de Igualdad del sindicato USO, considera la pobreza y la exclusión social los principales riesgos que pueden afectar a este grupo. El organismo pone el foco en “eliminar el copago farmacéutico” de los pensionistas y en equiparar las pensiones por incapacidad, a través de una “revalorización periódica”, al salario mínimo interprofesional, que este año asciende a 735 euros.