Dos secretos se guardan con fiereza en las filas del Gobierno. Uno: el próximo candidato cabeza de lista de los conservadores para las elecciones europeas. Y dos: el tamaño del agujero público con el que España cerró el ejercicio 2013.
Los dos misterios están intrínsecamente relacionados: la precampaña a las europeas depende del cabeza de lista, que a su vez está ligado al posible puesto que pueda conseguir en los órganos de dirección de las instituciones europeas (un ministro como Miguel Arias Cañete aspira si va de candidato, como poco, a ser comisario). En un momento así, anunciar un posible incumplimiento o desviación del principal compromiso contraído con Bruselas no daría buen cartel.
Las sospechas de que el dato de déficit puede no ajustarse a lo pactado con Bruselas, un 6,5% sin contar las ayudas a la banca, viene de hace tiempo y va tomando fuerza. En el debate del estado de la nación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pasó por el tema de puntillas, precisamente cuando el telón de fondo de su discurso fueron los pronósticos de la Comisión Europea que advertían de que no se cumpliría el dato de déficit de 2013.
Hacienda tiene legalmente hasta el 30 de marzo para publicar este dato, pero en los años anteriores no ha agotado el plazo. Cuanto más se dilata la espera, más sube el nivel de suspicacia de los expertos y economistas que, en línea con lo expresado por los burócratas europeos, creen que se rebasará el límite fijado con los socios europeos.
Para fundamentar estas sospechas, el pasado jueves –27 de febrero– se conocieron los datos de contabilidad nacional, esto es, las tripas de la economía en el último trimestre de 2013. Y para componer la fotografía de cómo se comportó la actividad económica, es necesario que desde Hacienda se envíe una estimación de gasto público en los últimos tres meses del año. El dato ha levantado un profundo revuelo entre prestigiosos economistas.
Así, la Intervención General del Estado (IGAE) ha enviado al Instituto Nacional de Estadística –que recompone el tamaño de la economía como si fuera un puzle– una estimación de gasto de 49.531 millones de euros, lo que supone apenas 60 millones de euros menos respecto al mismo trimestre del año anterior (una vez descontado el efecto calendario). Si se cogen los datos brutos, la diferencia es muy similar: 60.099 millones de euros en el último trimestre de 2013 frente a los 60.324 millones del mismo periodo de 2012.
Esta diferencia mínima es especialmente significativa si se recuerda que en diciembre de 2012 no se pagó la extra a los empleados públicos, que representa alrededor de 6.000 millones de euros del erario público. Es decir, que en el último trimestre de 2013, que sí se pago la extra a los funcionarios, se gastó lo mismo que en el trimestre que no se les abonó.
Sin embargo, a pesar de esta “abultada” factura pública, el gasto en los últimos tres meses del año fue un 5,2% inferior en comparación con los meses de verano. Sorprende, sin necesidad de ser un avezado economista, que el Ejecutivo haya logrado igualar los datos de gasto público de dos trimestres: uno en el que se paga la extra a los funcionarios (más de tres millones de empleados) y otro en el que no se les paga.
Así las cosas, los analistas de coyuntura, es decir, los economistas que se dedican a bucear en los entresijos de las estadísticas, han dado la voz de alarma. Entre los alarmados, la voz más significativa es la de Ángel Laborda, director de coyuntura del Servicio de Estudios de las Cajas de Ahorros (Funcas) y la voz más autorizada de forma consensuada en la materia en España. En un artículo que Laborda publica todos los domingos en el suplemento económico del diario El País, el economista cuestionaba los datos con esta dureza: “Para que el PIB no descendiera como consecuencia de esta aportación tan negativa del consumo público, el INE ha tenido que hacer milagros con los otros agregados”.
El analista teme que el INE haya tenido que “acomodar” los otros elementos que componen la contabilidad nacional para contrarrestar la caída del PIB, que acarrearía una caída del gasto público como la enviada por el IGAE. Una caída que, además, ni siquiera hubiera seguido la evolución económica, que no ha sido peor en el trimestre.
Sin embargo, la necesidad de España de cumplir sobre el papel los criterios de Bruselas puede haberle llevado a retrasar el reconocimiento de facturas a 2014 y desplomar así, de forma aparente, el gasto público en 2013. Un recorte que, de ser real, hubiera derrumbado el tímido crecimiento obtenido.
Con todo, cabe recordar que el INE, que había pronosticado una subida del 0,3% de la economía antes de recibir los datos de Hacienda, ha tenido que rebajar esta previsión a la mitad. Pero en cifras tan pequeñas la mitad no se percibe de la misma forma y se traduce en un crecimiento (casi estadístico) del 0,17%.
Como explica Laborda a eldiario.es, el peso de las nóminas en el gasto público es de un 55%. Si estas no se han tocado en 2013, la única posibilidad de reducir de forma tan drástica el gasto público es reduciendo los otros consumos del Estado. Esto es: la luz, el teléfono, el material sanitario, el material escolar..., y reducirlo a un límite que básicamente no se habría consumido o, al menos, no se habría reconocido apenas en ninguna factura en ese periodo. “¿Es eso real?”, se pregunta el analista. “Lo que ha habido es un ajuste más contable que real”, apostilla. “Lo dicen los números por sí mismos, no hace falta ser un gran analista”, concluye.
El otro economista que más se ha alarmado al conocer los datos del INE es José Carlos Díez, que también duda de la posibilidad de que los datos de recorte en el gasto público que se presentan puedan ser ciertos. “Lo que está mal es la estimación que la IGAE le pasa al INE”, puntualiza el profesor de ICADE Business School. Con todo, también concuerda con Laborda en que, una vez recogido el dato, el INE no ha tenido otro remedio que ajustar las cifras. “Con esa caída del gasto público, lo lógico hubiera sido una caída del PIB en torno al -0,5%”, asegura.
Ambos expertos creen que se han “estirado” otras partidas, como la inversión, las exportaciones o el consumo privado, para compensar el efecto de esta caída contable del gasto público. También ambos reconocen que, aunque siempre se estiran los márgenes en este tipo de estadísticas, algo como lo reflejado en este trimestre no tiene precedente.
Algunos expertos consultados por este diario no han sido tan categóricos como sus dos colegas. Juan José Méndez, director del Servicio de Estudios de CEPREDE (Universidad Autónoma), resta importancia a estos datos “raros” que se pueden ver en las estadísticas y asegura que el gasto público no tiene un peso tan relevante en el total (un 20%) como para que se percibiera con tanta fuerza una caída de esta partida. Méndez cree que el “shock” en el gasto público debería ser mucho mayor al registrado por el INE para que se pudiera realmente atisbar una distorsión de las cifras.
Concuerda en parte con Manuel Balmaseda, director del Servicio de Estudios de Cemex en España, que reclama seguir confiando en la independencia y el criterio del INE. Balmaseda reconoce que el gasto público tiene cierta facultad para “diferir o anticipar” las noticias del gasto, pero se reserva dar datos tan fuertes como los que deslizan sus compañeros.
Otros economistas de corrientes ideológicas muy variadas han volcado en la red social Twitter su extrañeza por los datos que no corresponden a los datos de gasto público que hasta ahora estaba dando Hacienda y que en general apuntan a un déficit entre el 6,7 y el 7%.
La última palabra la podría tener Eurostat, pero los expertos creen que en esta ocasión no dirá nada a España. Sin embargo, hace dos años, la oficina estadística de Bruselas ya enmendó la plana al ministro de Hacienda con sus cálculos del déficit por retrasar la devolución de la renta.