Los economistas españoles descartan la “avalancha” de quiebras que pronostica la derecha desde que estalló la pandemia hace dos años y medio. La previsión del Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas (CGE) de España es que, tras el fuerte incremento registrado en 2021 (+52%), las quiebras empresariales sigan aumentando y suban este año otro 20%, tras finalizar en junio pasado la suspensión de las reglas de resolución de las empresas que estuvo vigente desde que estalló la pandemia.
Para 2023, la expectativa del CGE es otro repunte del 11%. Con ello, según sus estimaciones, las insolvencias se situarían en el entorno de 9.400 por año, por encima del récord de 9.143 de 2013.
Según el CGE, en España hay “alto riesgo de un número elevado de insolvencias en 2022 y 2023”. Pero no serán números “exagerados” y van a seguir muy por debajo de las cifras de otros países europeos, en un escenario macroeconómico incierto, de posible recesión técnica y tipos al alza, shock inflacionista por la guerra en Ucrania y retraimiento del consumo privado, con el stock de ahorro acumulado por los hogares (más de 66.000 millones) durante la pandemia a punto de agotarse.
Como confirma el secretario técnico del REFOR, Alberto Velasco, ese escenario de quiebras masivas no se ha materializado todavía, cinco meses después del fin de la moratoria concursal, y tampoco hay visos de que vaya a hacerlo en los próximos meses. Esta entidad presentó este lunes su Atlas Concursal 2022. El informe, que va por su sexta edición, recoge un fuerte incremento (52%) del número de concursos de acreedores en 2021. Pasaron de 4.630 a 7.062, situándose ya muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia, aunque lejos todavía del récord de 2013.
Como apuntó durante la presentación del estudio Alejandro Latorre, miembro del consejo directivo del REFOR, “sería normal que superemos los 10.000 concursos, sin que eso tuviera que asustarnos desde el punto de vista de progreso económico. Estamos muy por debajo de los concursos registrados en países de nuestro entorno y eso no necesariamente querría decir que las cosas fuesen peor, sino que muchas cosas que están soterradas saldrían a la luz”.
Desde la irrupción del coronavirus y la gran reclusión que comenzó en marzo de 2020, se han sucedido los avisos de algunos expertos y de los partidos de derechas sobre un inminente aluvión de decenas de miles de concursos. Esa hecatombe no se ha materializado tras el despliegue de los ERTE, que llegaron a dar cobertura a más de 3,5 millones de trabajadores durante el confinamiento (a octubre quedaban unas 20.000 personas acogidas a este instrumento), los créditos públicos avalados por el Estado y las ayudas directas a las empresas.
Apocalipsis
El rosario de pronósticos apocalípticos viene de atrás. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, que en 2020 pronosticaba 300.000 despidos en cuestión de meses (no se produjeron), asegura desde hace tiempo que hay “100.000 empresas en quiebra técnica”, un cálculo que coincide con la estimación que lanzó ya en 2020 el veterano economista y ex diputado Ramón Tamames. Por aquellas fechas, en medios de derechas se hablaba de un “aterrador colapso judicial” una vez se levantara el estado de alarma y se vaticinaba un “tsunami” de quiebras.
El 1 de octubre de 2020 “empezará el goteo o avalancha de concursos en los juzgados mercantiles”, decía en el Congreso en julio de ese año el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, en alusión a lo que ocurriría tras el fin de la moratoria concursal fijado entonces para esa fecha. Otro tanto hacían Macarena Olona o Javier Ortega Smith en una proposición de ley de marzo de 2021, al advertir de un “aluvión de procedimientos concursales y, sobre todo, de eventuales liquidaciones en un escenario post-COVID-19”.
Por aquellas semanas, la entonces vicesecretaria de Economía del PP, la exministra y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez, también hablaba de “la previsible avalancha de concursos que puede ocurrir cuando acabe la moratoria concursal el 14 de marzo”. A finales de 2021, y con la moratoria otra vez prorrogada, su partido advertía en una enmienda en el Senado a los Presupuestos de este año del “previsible aluvión de quiebras y concursos de acreedores que puede producirse en 2022”.
Idea en la que insistía en abril el exministro de Justicia y actual lobista y presidente del Centro Español de Mediación, Rafael Catalá. “Cuando acabe la moratoria concursal, habrá una avalancha de asuntos en los juzgados”, aseguraba. La moratoria concluyó finalmente el pasado 30 de junio. “Mañana podemos tener un aluvión de declaraciones de concurso”, decía ese día en el Congreso el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.
La opinión en el seno del CGE es que ese aluvión no será tal. Latorre señala que en los próximos meses “veremos crecer concursos enormemente”, pero hay que tener en cuenta que partimos de cifras muy pequeñas. Y eso no será “un síntoma de crisis, sino de regularidad”, en un país caracterizado por “un panorama de debilidad estructural del procedimiento concursal”. En España, la figura del concurso “no ha calado suficientemente”, según Latorre, y sigue asociada a cierto estigma, con lo que estamos muy por debajo de los números que corresponderían en comparación con otras grandes economías europeas.
Así, en España apenas fueron a concurso en 2021 el 0,21% de las empresas (una quiebra por cada 476 empresas). La media, según un estudio incluido en el Atlas Concursal, es de unas 16 quiebras por cada 10.000 empresas, cuando en europea son de media 47 y en algunos países superan las 300 (ver gráfico).
Eso explica que algunas previsiones apunten a un crecimiento del 66% de las insolvencias en España en 2023 respecto a antes de la pandemia, en un escenario en el que los principales desafíos que afronta el tejido empresarial pueden resumirse, según el CGE, en las dificultades para un descenso más acusado de la inflación, la restricción del crédito y el encarecimiento de la financiación, la dificultad para cubrir algunos puestos de trabajo, los mayores costes fiscales y laborales y el retraso en la llegada y aplicación de los fondos europeos.
Teniendo en cuenta las previsiones del CGE para 2022, en los últimos diez años habrán declarado concurso en España unas 60.000 empresas y autónomos, frente a las más de 112.000 empresas declaradas insolventes en Francia solo en los últimos tres años. En el país vecino, Crédito y Caución espera que las insolvencias se disparen este año un 58%; en Reino Unido, un 59%; y un 78% en Austria. Para Bélgica, esa firma pronostica un repunte del 49%.
Para 2023, las previsiones de Allianz Trade y otros organismos prevén que las insolvencias crezcan en Francia un 29%, hasta más de 53.000, frente a las 17.000 de Alemania (+17%) o las 10.900 de Italia (+36%).
Tras el fin de la moratoria, En España se ha venido observando un incremento concursal del 30% tras el verano, después de que ya antes, en 2021 los concursos crecieran con fuerza mientras disminuían en otros países europeos, como puede observarse en el siguiente gráfico.
Según apunta el CGE, la diferente evolución en España respecto a otros países puede deberse al fuerte peso de los autónomos (personas físicas empresarios), más vulnerables. Los economistas recuerdan que la nueva Ley Concursal prevé herramientas como los planes de reestructuración para evitar esa vía, aunque advierten de que la nueva norma no termina de despejar la “amenaza” de un “posible colapso en Juzgados por acumulación de concursos” tras el fin de la moratoria, y por coexistencia de concursos preexistentes.
Esa nueva normativa contempla un procedimiento especial que prevé una etapa preconcursal con el objetivo de reducir las liquidaciones de empresas y recortar los plazos y costes del concurso.
Para Alejandro Latorre, uno de los motivos para la “esperanza” es el elevado número de sociedades constituidas en España en 2021, con 102.135, un 27,4% más. Fue el único año en la última década junto con 2016 en el que se crearon más de 100.000 sociedades y un indicador de cierto “efecto regenerador” en el tejido productivo, si se tiene en cuenta que en el otro extremo se registró un récord de 34.000 sociedades disueltas.
Efecto de los ICO
Los autores del estudio creen que es pronto todavía para saber si un eventual impago de los ICO se va a traducir en un repunte mayor de las insolvencias. La “percepción” del presidente del CGE, Valentín Pich, es que “el sector financiero no tiene ningún interés especial de tensionar y el sector público tampoco” quiere “complicar las cosas”. Pich quiso “poner en valor el papel de la banca comercial” y de la Administración central y, en concreto, el ICO, “que actuó muy rápidamente”. Los avales de este banco público “se pusieron en marcha de hoy para hoy”.
En 2021 fue especialmente destacable en el incremento en el número de concursos de autónomos, que casi se triplicaron. Ya suponen el segundo grupo más abundante, un tercio del total, solo superados por las micropymes (40%). La gran mayoría de los concursos se concentraron en autónomos, microempresas y pymes, con el 83%. Los de empresas se concentran en personas físicas con actividad empresarial, mientras siguen cayendo los de sociedades anónimas y limitadas.
Hubo incrementos en todas las comunidades autónomas salvo en La Rioja, destacando especialmente Catalunya, donde se duplicaron. Esta comunidad, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran casi el 74% de los concursos de acreedores de empresas, con casi el 74%.
Los datos de 2021 apuntan a que “persiste la economía sumergida concursal”, porque si se compara el número de concursos con los pagos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), debería haber un 15% más de concursos. Eso significa que hay muchas empresas que no acuden al concurso para solventar su crisis financiera y optan por el simple cierre.