El Gobierno se ha encontrado con dificultades para sacar adelante una senda presupuestaria más flexible para las administraciones públicas en 2019. Lo que se intenta es elevar en cinco décimas el déficit comprometido con Bruselas, hasta el 1,8% del PIB. Una diferencia de casi 6.000 millones frente al objetivo actual.
Pero este propósito primero se topó con la falta de apoyos en el Congreso de los propios socios de Pedro Sánchez en la moción de censura. Después comenzó la batalla con el PP y Ciudadanos para evitar un previsible veto a la senda presupuestaria en el Senado, como finalmente ha ocurrido, y la pugna en la mesa de la Cámara Baja, donde populares y el partido de Albert Rivera tumbaron la enmienda para saltarse el veto del Senado. Rifirrafes parlamentarios que tienen una traducción práctica, más allá de retrasar los PGE o condenarles a asumir la senda de déficit más constreñida de Mariano Rajoy.
Y es que dado que buena parte de la flexibilización se destinaría a las comunidades autónomas, no aprobar estos objetivos de déficit (diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa) implicará que estas administraciones podrán invertir menos en sanidad, educación y dependencia, tres de sus principales competencias, y que constituye en torno a un 70% de su gasto total.
El reparto de dicho margen, si es que lograra salir adelante, estaría supeditado en las comunidades autónomas a su propia previsión de PIB. El conjunto de las comunidades verían incrementadas su margen para gastar en 2.500 millones: Desde 338 millones para Andalucía; 237 millones para la Comunidad Valenciana; 133 millones para Galicia; 124 millones para Castilla y León o 79 millones para Aragón. La relajación sería mayor en las más ricas, Catalunya y Madrid. En el primer caso contaría con 486 millones más y en el segundo con 479 millones.
Estos objetivos de déficit público para 2019 supondrían por tanto dos décimas más para las comunidades, dos décimas para la Seguridad Social (pensiones) y una décima para el Estado central (básicamente inversión pública). En este último caso, influiría directamente en la configuración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que en la actualidad se están negociando, ya que el Estado tendría unos 1.200 millones más para gastar. Pero además la propia aprobación de la senda presupuestaria es, en principio, uno de los requisitos para sacar adelante las cuentas públicas. El PSOE ya asume que podría tener que adaptarse a lo ya aprobado por las Cortes, lo que implicará más subidas de impuestos, según la ministra de Economía, Nadia Calviño.
El desfase entre objetivos y realidad contable se da ya en 2018. El Gobierno ha constatado que la cifra de déficit que anunció el Gobierno de Mariano Rajoy (2,2%) se va a incumplir, y calcula que llegará al 2,7% del PIB. “No era realista”, resumía Calviño en el Eurogrupo en el que comunicó al comisario Pierre Moscovici las nuevas metas del gobierno español. “Si nos empeñamos en mantener el objetivo de nuestros predecesores, estaríamos obligados a adoptar medidas de ajuste de gran magnitud”, añadía.
La respuesta de Bruselas
Los objetivos de déficit que hoy por hoy están aprobados por Bruselas para España son los que pactó el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero Calviño trasladó a Moscovici que cumplir las metas de este año y el que viene era imposible sin grandes recortes.
Los actuales Presupuestos, diseñados por Cristóbal Montoro y aprobados por su sucesora, María Jesús Montero, incluyen una subida de las pensiones en función del IPC en 2018 y 2019, cinco semanas de permiso de paternidad y una mejora salarial para los funcionarios. Para el Gobierno socialista, estos gastos ya eran incompatibles con la senda de déficit prometida por Rajoy.
Pero además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya calculaba que el desequilibrio entre ingresos y gastos llegaría al 2,7% del PIB, principalmente por desvío en el Estado (sobre todo por el rescate de las autopistas y rémoras de las cajas de ahorros) y la Seguridad Social.
De momento no ha habido respuesta oficial de la Comisión Europea a los requerimientos de elevar los objetivos de déficit del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, los mensajes que llegan del Ejecutivo comunitario son que lo importante es bajar del 3% el año que viene, y por lo tanto salir del Protocolo de Déficit Excesivo. Una vez que se sale de este brazo corrector en el que ya solo permanece España, los países deben centrarse en reducir el déficit estructural y la deuda pública, y esto es lo que más le importa a Bruselas.
Reducción del déficit estructural y de la deuda pública
A este respecto, España se ha comprometido con Bruselas a asumir en 2019 una reducción del déficit estructural del 0,4% del PIB (unos 4.500 millones), frente al 0,65% exigido inicialmente por el Ejecutivo comunitario.
Bajar el déficit estructural, aquel que es independiente del ciclo económico, es una exigencia que incluyó la Unión Europea en la llamada “regla de oro” o Pacto Fiscal, en plena recesión, para sanear la economía de los países miembros. Sin embargo, no existe un cálculo preciso de qué parte del desequilibrio en las cuentas públicas puede achacarse a cuestiones coyunturales (como tener que pagar más prestaciones por desempleo) o estructurales (que estas prestaciones sean más altas o más bajas). Según la Airef, el déficit estructural español es del 2,5% del PIB, cifra negada en su momento por el Gobierno de Rajoy.
En lo que se refiere a la deuda pública, en el segundo trimestre del año alcanzó los 1,163 billones de euros, el 98,1% del PIB. El objetivo para el conjunto del año es del 97%. Para 2019, el Ejecutivo calcula un 96,1% del PIB.
En manos de la oposición
El Gobierno tiene que aprobar los objetivos presupuestarios de déficit y deuda pública del trienio 2019-2021 antes de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo curso. Ya está aprobado (es potestad del Gobierno, no de las Cortes) el techo de gasto del Estado para 2019, que se estimó en 125.064 millones, un 4,4% más que un año antes.
Por el momento no está nada claro que la situación de minoría parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez lo vaya a permitir, pese a que las negociaciones con Unidos Podemos avanzan. Las maniobras de PP y Ciudadanos para vetar en el Senado este escalón del proceso de aprobación de los Presupuestos les han dado ya una primera victoria.
Antes del 15 de octubre el Gobierno debe enviar a Bruselas el plan presupuestario en el que detallará las líneas maestras de sus cuentas para el año que viene, en cumplimiento con el calendario comunitario. Si no logra sacar adelante las nuevas metas de déficit, tendrá que ajustarse a las del anterior Ejecutivo.