Las elecciones generales de este domingo han frustrado la clausura definitiva del fallido almacén de gas Castor, anunciada hace tres meses por la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera. Mientras, el lío en torno al silo sigue: ACS ha admitido por primera vez en sus cuentas el posible impacto de la sentencia que declaró inconstitucional el Real Decreto Ley que le permitió cobrar 1.350 millones por su hibernación, aunque no espera que sea “significativo”, y el auditor de su filial Escal UGS, encargada de construirlo, se ha negado a opinar sobre sus cuentas por segundo año consecutivo por los frentes judiciales que tiene abiertos.
El pasado 29 de enero, Ribera anunció en el Senado que “en las próximas semanas”, a la “máxima velocidad” (“Un mes o mes y medio”“), llevaría al Consejo de Ministros el acuerdo que pondría fin a la actual situación de hibernación del Castor para proceder a su sellado definitivo. Pero dos semanas después llegó la convocatoria de elecciones, que según fuentes conocedoras del proceso ha paralizado esa decisión. Es improbable una decisión al respecto con el Gobierno en funciones. Oficialmente, no hay comentarios del ministerio.
Mientras, ACS ha reconocido por primera vez que la sentencia del Constitucional que a finales de 2017 tumbó el mecanismo ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy, un Real Decreto Ley (el 13/2014), para compensarle por el cierre provisional de la infraestructura, puede tener impacto en su negocio. En sus últimas cuentas, la constructora de Florentino Pérez “no considera que se pueda derivar perjuicio significativo alguno” de la sentencia. Hay un matiz en ese “significativo”, dado que en 2017 aseguraba no esperar “perjuicio alguno”.
Por su parte, Deloitte, responsable de auditar las cuentas de Escal y de las de ACS (en este caso lleva 17 años), se ha negado por segundo ejercicio consecutivo a opinar sobre las cuentas de esa filial. Se basa en las incertidumbres derivadas del procedimiento penal abierto desde hace años en un juzgado de Castellón por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y, muy especialmente, en los efectos que puede tener la sentencia del Constitucional.
Escal considera que esos procedimientos “no deberían afectar a su situación patrimonial”, pero Deloitte cree que “la posibilidad de una resolución diferente a la prevista por los Administradores” afectaría “a la capacidad de la Sociedad de hacer frente a sus obligaciones” e indica “la existencia de una incertidumbre material sobre su capacidad para continuar su actividad de acuerdo al principio de empresa en funcionamiento, que dependerá del resultado final de dichos procedimientos”.
La sentencia del Constitucional llevó a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) congelase los pagos realizados a la banca con cargo a la tarifa del gas para devolverle la indemnización que adelantó a Escal a cambio de cobrarla con intereses durante 30 años. Ahora, las tres entidades afectadas (Santander, Caixabank y Bankia) la reclaman en el Tribunal Supremo. A eso se suma el procedimiento iniciado por la CNMC en octubre pasado para revisar las cuantías abonadas a Escal en 2014, 2016 y 2017, que suman unos 200 millones.
En sus últimas cuentas, Escal sostiene que “su derecho a percibir las cantidades indicadas en concepto de retribución financiera, así como por los costes de operación y mantenimiento no debería verse afectado por la declaración de inconstitucionalidad parcial”. “Ninguno de estos conceptos deriva de forma directa de la parte del Real Decreto Ley 13/2014 anulada y considerando que la nulidad se ha basado en aspectos meramente formales, sin que se haya cuestionado la legitimidad y procedencia de los pagos que corresponden a la Sociedad, motivo por el cual las presentes cuentas anuales abreviadas son formuladas bajo el principio de empresa en funcionamiento”.
A la espera de que se concrete la fecha para el cierre definitivo sobre el Castor, tampoco hay noticias sobre su desmantelamiento definitivo, una operación “más compleja técnicamente” que la del sellado y “con más riesgos”, como advirtió Ribera en enero. Unos meses antes, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, llegó a anunciar que ya se habían sacado a licitación los estudios previos para decidir si se desmantelaba, pero no era cierto.
Este asunto queda así entre las tareas pendientes de un departamento que, en menos de un año, ha tenido una intensa actividad. Entre otras cosas, Transición Ecológica ha remitido a Bruselas el esperado borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ha puesto fin al impuesto al sol, ha pactado con las eléctricas un cierre escalonado de las nucleares y ha aprobado una regulación para impulsar el autoconsumo y una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
En el tintero han quedado, entre otras medidas, el cierre del Castor y el estatuto para los consumidores electrointensivos elaborado junto al Ministerio de Industria, que finalmente no se ha aprobado. por las trabas de la CNMC, que cree que constituye una posible ayuda de Estado que Bruselas podría vetar.
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