Las ofertas del mercado libre de la luz, esas que promocionan las compañías eléctricas en sus campañas publicitarias y a través de agresivas estrategias comerciales con personal subcontratado, siguen despuntando entre los consumidores domésticos pese a que, según los sucesivos informes de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, son más caras que la tarifa regulada (conocida como PVPC).
El número de usuarios acogidos a esta modalidad está en niveles nunca vistos. El último dato de la CNMC es de noviembre, cuando 14.008.089 clientes tenían esta tarifa, lo que supone un incremento de 57.879 contratos con respecto a octubre y un aumento del 7,4% con respecto a noviembre de 2015 (969.430 contratos más).
Por su parte, el número de clientes acogidos al precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) volvió a retroceder y no llega al 46% de los pequeños consumidores con derecho a tener esa tarifa, los que tienen una potencia contratada de hasta 10 kilovatios de potencia. En noviembre había 11,87 millones de clientes con PVPC, 1,7 millones menos que dos años antes. El porcentaje de pequeños consumidores en el mercado libre superó a los acogidos al PVPC en 2015. Desde entonces no ha dejado de crecer.
La CNMC tiene pendiente actualizar estos datos, que siempre publica con un decalaje de varios meses. Desde noviembre las cosas pueden haber cambiado. Los últimos datos de la CNMC son previos a que, en enero pasado, en una comparecencia extraordinaria en el Congreso tras la espectacular subida de precios de la luz de ese mes, el ministro de Energía confirmara que el PVPC “a largo plazo siempre es lo más barato”.
“Evidentemente hay ventajas para el consumidor por estar así porque obviamente nadie llama para perjudicar los intereses de la empresa”, dijo Nadal, que contó que su propia madre había recibido llamadas de las eléctricas para “convencerla de que saliese de PVPC”.
Bono social
Noviembre fue el mes en el que la muerte de una anciana en Reus a la que Gas Natural había cortado el suministro eléctrico por impago forzó al Gobierno a anunciar una nueva regulación del bono social que, pasado el invierno, todavía no ha entrado en vigor por la falta de desarrollo reglamentario.
El borrador de reglamento que el Ministerio de Energía ha enviado a las comunidades autónomas recoge algunas novedades en este sentido, como la obligación de que las comercializadoras de electricidad avisen a los beneficiarios del bono social de que pasar al mercado libre les privará de esos descuentos en su tarifa, según avanzó este martes Europa Press.
La anciana fallecida en Reus no tenía el bono social ni podía disfrutarlo pese a su precaria situación económica, porque Gas Natural la había trasvasado al mercado libre.
El borrador de Energía también pretende obligar a las comercializadoras a recordar, en sus reclamaciones a los consumidores morosos que estén en el mercado libre, la posibilidad de acogerse al precio regulado, el PVPC, y de solicitar el bono social. El Ministerio anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC acreditando los requisitos para ser consumidor vulnerable.
El borrador prohibirá a las eléctricas cortar la luz por impago sin reclamar las cantidades adeudadas mediante hasta tres comunicaciones fehacientes; el corte de suministro no se podrá realizar antes de dos meses de la fecha de la reclamación fehaciente del pago y será de cuatro meses si el usuario está reconocido como consumidor vulnerable severo.
También se crea una nueva categoría, los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, para los que se evitarán los cortes de suministro si la Administración (local o autonómica) contribuye con el 50% del coste de ese suministro.
Asimismo, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) será utilizado para marcar unos umbrales de renta que fijará las diferentes categorías de beneficiarios del bono. Ese umbral se podrá modificar ante determinadas circunstancias (minusválidos). La categoría de hogares vulnerables severos tendrá un mayor descuento. El Gobierno todavía no ha aclarado qué tratamiento tendrán las familias numerosas en el nuevo bono social. Actualmente lo disfrutan independientemente de su renta.