Este verano en el hemisferio norte ha puesto a los países desarrollados frente la realidad de la emergencia climática y sus consecuencias. El calor alarmante en los océanos, las temperaturas asfixiantes en el campo, en las playas y en las ciudades, los incendios y el deshielo ya están teniendo un profundo impacto en la agricultura, la energía o el turismo, y amenazan con destruir 1 de cada 10 de euros de la economía mundial a largo plazo.
El cambio climático se ha convertido ya, de hecho, en uno de los mayores desafíos para la economía, si no el más importante, tanto a nivel global como local.
Algunos episodios recientes son verdaderas señales de alarma. Por ejemplo, la distópica imagen de los últimos días de cientos y cientos de navajas y almejas muertas en la playa de A Canteira de A Illa Arousa, en Pontevedra. Una masacre que ha sido el resultado de la combinación de las mayores temperaturas y de forzar las campañas del marisco en el verano para atender a un turismo masificado.
Y deberían servir también de advertencia los precios disparados del aceite de oliva virgen extra. El 'oro' líquido, crucial para la economía de España, y en concreto de Andalucía (nuestro país es el mayor productor mundial), no ha parado de encarecerse desde hace meses, con una subida del 25% en el precio final de la marca blanca solo desde junio. Las almazaras avisan de escasez y lamentan otra mala campaña por la sequía. El conjunto del sector señala que la subida de precios va para largo y teme “un desastre” en el olivar salvo que venga un otoño lluvioso.
Es otra luz de alarma en una industria que, junto con el turismo, es uno de los motores económicos de España, en términos de creación de empleo y vertebración del territorio. No obstante, los momentos son diferentes para ambas: tras el durísimo golpe de la pandemia, las hoteleras prevén ocupaciones récord, aunque suele haber cancelaciones cuando hay olas de calor, mientras que la agricultura y la ganadería arrastran meses de producciones a la baja.
El Banco de España recogió una preocupante previsión (“expuesta a una gran incertidumbre”) de la Red de bancos centrales y supervisores para enverdecer el sistema financiero (NGFS, por sus siglas en inglés), en el informe anual que publicó en 2022. Con las políticas actuales, cerca del 10% de la actividad economía mundial se esfumará de aquí al final de siglo, según esta proyección. Es decir, más pobreza en general. Y, sin una redistribución de la riqueza mucho mayor, más desigualdad.
“En este escenario central no se adoptan más medidas que las que hay actualmente en vigor, lo que produce un aumento de las temperaturas globales de entre 2,5ºC y 4ºC en 2100 respecto de los niveles preindustriales”, detalla la institución monetaria. En este supuesto, el golpe del cambio climático al PIB global en 2050 sería de alrededor de un 3%.
En una situación de transición energética “retardada”, en la que las emisiones de gases de efecto invernadero anuales empiezan a decrecer más tarde, a partir de 2030, pero con una aceleración desde ese año en las políticas para limitar el calentamiento global, el daño a corto plazo se extendería hasta destruir el 5% de la actividad mundial. Pero el efecto sería más limitado en un horizonte mayor que en el primer supuesto, según se observa en el gráfico.
Por último, el golpe sería mucho más moderado en un contexto en el que se adoptan medidas que reducen las emisiones netas a cero en 2050, mientras que el aumento de la temperatura global se mantiene por debajo de los 1,5ºC en 2100 respecto de los niveles pre industriales, según señaló el Banco de España.
La amenaza de las sequías para España
La agencia de 'rating' Scope ha realizado su propio cálculo del impacto de las sequías en distintas economías europeas de cara a 2050. Sus conclusiones son que borrarían casi un 6% del PIB de España, y un par de puntos más del de Italia.
“Las consecutivas olas de calor en Europa, junto con los cambios en el régimen de precipitaciones, ya están exponiendo a varias regiones (sobre todo meridionales) a una sequía meteorológica. Esto está causando graves daños a los sistemas económicos, humanos y naturales”, lamentan los expertos de Scope.
“A nivel sectorial, la agricultura es la actividad con mayor exposición al riesgo de sequía en la UE, con unas pérdidas acumuladas equivalentes al 9,8% de sus ingresos”, continúan desde esta agencia.
“Estas graves consecuencias podrían suponer retos económicos adicionales y cargas financieras derivadas de los gastos públicos financiados con deuda para hacer frente a los riesgos de sequía, lo que elevaría sus ratios deuda/PIB, aumentando el coste de refinanciación a largo plazo”, añaden.
Otro sector perjudicado es la construcción “y en general todas aquellas actividades más expuestas a las temperaturas en el exterior. Las cada vez más frecuentes olas de calor reducen la productividad de los trabajadores, disminuyen la intensidad del trabajo realizado y su rendimiento cognitivo”, observan, por su parte, J. Julián Cubero y Lucía Martín, economistas de BBVA Research, en un artículo reciente.
“Este tipo de impactos se transmiten a lo largo de la cadena productiva hasta afectar, por ejemplo, al comercio exterior, con menor cantidad y calidad de exportaciones (por ejemplo, de actividades ligadas al turismo) o disminuyendo la demanda de importaciones por el empobrecimiento derivado del calentamiento global”, prosiguen estos dos analistas.
Coordinación internacional
Como advierte el Banco de España, “continuar avanzando en la lucha contra el calentamiento global exigirá reforzar la coordinación internacional en este ámbito, teniendo en cuenta las condiciones de desarrollo específicas de cada país”.
“Así, por ejemplo, la evidencia empírica apunta a que, para países en una fase temprana de su desarrollo, existe una relación positiva entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, relación que se invierte una vez que se alcanza un nivel elevado de renta per cápita”, destaca la institución.
Robert Pindyck, experto de la escuela de negocios del Instituto de Tecnología de Massachusetts (el MIT, por sus siglas en inglés, de Cambridge), instaba en un reciente artículo en Financial Times a ser “realistas” porque “parece poco probable que podamos evitar el calentamiento de 2°C o incluso de 3°C, en parte porque no estamos haciendo mucho para reducir las emisiones. Europa y EEUU han hecho reducciones y han presentado políticas para hacer más. Pero lo que importa son las emisiones globales, y la mayoría de los demás países están haciendo muy poco”.
“Debemos reducir las emisiones, pero debemos hacerlo de la manera más eficiente posible. 'Eficientemente' significa al coste más bajo, y estudio tras estudio se ha demostrado que la forma más económica de reducir las emisiones es imponiendo un impuesto al carbono”, dice este experto.
El caso de España
En España, en 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica señalaba 73 posibles amenazas que implica el cambio climático entre las que citaba como más urgentes el riesgo de inundaciones, la mayor desertificación, la menor producción agrícola, el desabastecimiento de agua o energía, la desaparición del turismo de nieve o los daños en infraestructuras por eventos climáticos extremos.
El supervisor bancario español admitió en ese informe publicado en 2022 del “enorme calado” del “reto transformacional al que se enfrenta nuestra economía”. En España, las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron su máximo en 2008, aproximadamente 18 años después de que lo hicieran en el conjunto de la UE. Se han reducido, en promedio, un 4,1% anual, hasta situarse en 2020 un 13% por debajo de los niveles de 1990.
Según la institución, “el principal factor existente detrás de esta caída en las emisiones habría sido el aumento del peso de las renovables en la producción de electricidad, si bien el cambio en la estructura sectorial de la economía, la especialización en productos menos intensivos en energía y la disminución de las emisiones de los hogares también habrían contribuido a dicha reducción agregada”.
Ahora, para cumplir con los objetivos establecidos en 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía española deberían disminuir a un promedio anual del 1,5% en los próximos años. A finales de 2021, el propio Banco de España realizó una encuesta para pulsar la opinión de las empresas españolas sobre las implicaciones que el cambio climático y la transición hacia una economía más sostenible tendrían para ellas.
La encuesta mostró una percepción relativamente optimista de las empresas españolas en cuanto al impacto directo del reto climático sobre su actividad, aunque con diferencias reseñables según el sector de actividad. En concreto, en torno a un 35% de las empresas esperaban que el impacto de este desafío sobre su actividad fuera muy negativo (algo menos del 10% de las empresas) o moderadamente negativo (un 25%).
“Se observó que las empresas que operan en los sectores con una mayor intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero —como el transporte, la agricultura y las manufacturas— tienden a esperar un mayor impacto negativo sobre su actividad asociado al cambio climático”, según la institución monetaria.
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