El domicilio es inviolable, dice la Constitución. Pero es también el lugar en el que tiene lugar el empleo doméstico, uno de los que, precisamente por eso, más escapa al control de la Inspección de Trabajo. La Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia ha denunciado en varias ocasiones a empresas que contratan a trabajadoras internas en condiciones de explotación y critica que la inspección de trabajo no se esfuerza por investigar estas situaciones.
En el último año, la asociación ha denunciado en dos ocasiones a varias empresas que contratan a empleadas para ponerlas a disposición de los hogares. “A las asesorías que tenemos nos llegan trabajadoras contándonos todo tipo de situaciones. Ellas no se atreven a denunciar, sospechamos incluso que hay listas negras de trabajadoras porque alguna que se ha quejado la despiden y luego les cuesta mucho volver a encontrar trabajo en una empresa. Por eso investigamos y denunciamos nosotras”, explica Lorea Ureta, activista de la asociación.
Para tener constancia de las irregularidades, llamaron a estas empresas haciéndose pasar por personas interesadas en contratar los servicios de una empleada. En una de las grabaciones puede oirse, por ejemplo, como un trabajador ofrece los servicios de una empleada sin respetar los descansos establecidos por la Ley. Fue en 2011 cuando Gobierno y sindicatos pactaron la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, aunque con una relación laboral de carácter especial. La nueva norma, aunque con lagunas, estableció jornadas y descansos mejores que las que hasta entonces fijaba el Régimen Especial del Hogar.
En otros casos, denuncian que las empresas no dan de alta adecuadamente a las trabajadoras. Cuando se trata de una empresa que contrata a las trabajadoras y luego las cede a hogares o empresas, el contrato debe regirse por el Estatuto de los Trabajadores y no por las condiciones marcadas para el empleo doméstico, que se aplican solo cuando son particulares los que contratan. Sin embargo, han detectado casos de empresas que registran a las trabajadoras como empleadas del hogar para ahorrar dinero y poder aplicar condiciones más precarias.
Ureta critica la inacción de la inspección: “Dicen que no pueden hacer nada o que no tienen pruebas para sancionar. Es una excusa barata, cuando se trata de comprobar si hay trabajadoras dadas de alta fraudulentamente para conseguir los papeles o una pensión sí que investigan. Se pueden pedir los contratos, justificantes de pagos, visitar las empresas...pero no se hace y las empresas se creen impunes”.
La secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, confirma que la inspección tiene diferentes formas de investigar si se están produciendo prácticas fraudulentas. “Es cierto que el domicilio es inviolable pero no es verdad que no puedan hacer nada, y hay inspectores que sí lo hacen”, dice.
Después del acuerdo de 2011 que permitió comenzar la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General estaba previsto que un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos hicieran seguimiento y evaluación de lo que estaba sucediendo en el sector. “Era precisamente para ver como se estaba aplicando la norma, y también para avanzar en cosas que había que desarrollar, como el derecho a paro o la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero con la llegada del nuevo Gobierno no se ha hecho nada, más bien se han dado pasos hacia atrás”, asegura Fontecha, que alude a los cambios que el Ejecutivo de Rajoy introdujo a finales de 2012.
Sin descansos
En la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia tienen sus propias estadísticas, que elaboran con los datos de las trabajadores que acuden a sus asesorías legales, y que revelan la situación de explotación en la que se encuentran muchas empleadas, especialmente las internas. En 2013 acudieron a ellas 140 trabajadoras internas, el 95,7% de ellas extranjeras. El 76,5% tenía una jornada laboral efectiva que superaba el máximo de 60 horas semanales que marca la nueva ley. Es más, el 30% decía tener una jornada por encima de 81 horas semanales.
Las irregularidades se extienden también a los periodos de descanso: el 36,5% decían no tener ningún descanso diario para salir de la vivienda y el 76,3% no podía disfrutar de las 36 horas seguidas de descanso semanal que marca la norma.
“Lo vemos todos los días. Y desde luego no se hacen ninguna inspección ni hay control de ningún tipo. Además, la crisis está sirviendo de excusa para pagarnos menos o darnos menos descansos”, dice por su parte Mariela Loaiza, empleada de hogar y activista de Territorio Doméstico, que también reivindica más controles sobre los abusos que padecen las trabajadoras de hogar.
Precisamente, asociaciones y sindicatos reclaman que España ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que reconoce plenos derechos e insta a los gobiernos a tomar medidas para proteger a estas trabajadoras de prácticas abusivas. El convenio recoge, por ejemplo, la necesidad de que existan mecanismos y procedimientos adecuados “para la investigación de las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas”.