Todo le ha salido mal esta semana al Ministerio de Empleo. No ha conseguido el acuerdo que buscaba con los sindicatos para sacar adelante su Plan de Choque Por el Empleo Joven. Tampoco ha conseguido la aprobación de las comunidades autónomas para su Estrategia Española de Empleo para 2017-2020. Es más, la rebelión de diez territorios ha paralizado el reparto de fondos para políticas activas de empleo. Por si fuera poco, sindicatos y patronal han roto las negociaciones para llegar a un pacto salarial en 2017, un acuerdo que también deseaba el ministerio.
La consecuencia: este viernes el Consejo de Ministros no ha aprobado nada de lo que estaba previsto, como los cambios en el contrato de formación para jóvenes. Es más, tampoco ha prorrogado el Plan Prepara, la ayuda de 400 euros para parados que agotan sus prestaciones, y que también estaba incluida en el Plan de Choque. Empleo, no obstante, asegura que no descarta hacerlo más adelante con efectos retroactivos.
El borrador de Plan de Choque Para el Empleo Joven incluía varias medidas importantes para los sindicatos, como el contrato relevo con una jubilación anticipada parcial para los trabajadores mientras un joven aprende el oficio o la promesa de elaborar un Estatuto de las prácticas no laborales. Era la moneda de cambio con la que el ministerio quería que las centrales digirieran los cambios en el contrato de formación para jóvenes y que pretendían, fundamentalmente, que las empresas los usaran más. ¿Por qué? Porque el borrador contenía también el complemento salarial para jóvenes que está ligado a firmar uno de estos contratos.
En paralelo, diez comunidades autónomas se rebelaban contra la Estrategia de Empleo para 2017-2020, el documento que marca las líneas para las políticas activas de empleo de los próximos años. Las comunidades se negaron a firmar una estrategia que, entienden, incluye políticas inaceptables. Reclamaron, por ejemplo, fortalecer de forma estructural los servicios públicos de empleo y no firmar más planes extraordinarios. Rechazan también la aplicación del llamado cheque formación para parados (una cantidad que se da directamente al desempleado para que contrate cursos) porque entienden que es una forma de privatizar la formación para el empleo.
Otro de los puntos conflictivos son los criterios con los que el ministerio quiere repartir los fondos para políticas activas de empleo. Uno de ellos, primar a las comunidades que sancionen a parados, levantó ampollas entre las comunidades. Finalmente, las diez comunidades, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana, votaron en contra de tanto de la Estrategia del Gobierno como del reparto de fondos.
¿La consecuencia? Los fondos que el Ministerio iba a repartir esta semana entre las comunidades han quedado bloqueados. Empleo asegura que está buscando “los mecanismos jurídicos” para hacerlos llegar a las comunidades que votaron a favor. Las comunidades díscolas, por su parte, piden más diálogo y una nueva conferencia sectorial que permita desbloquear la situación.
Sin prórroga de los 400 euros
El órdago de las comunidades y las resistencias de los sindicatos se retroalimentaron para tirar por tierra los planes de Empleo de aprobar este viernes, al menos, el Plan de Choque y el reparto de fondos. Hasta el punto de que el Gobierno ni siquiera ha aprobado en el último consejo de ministros del curso la renovación del Plan Prepara, la ayuda de 400 euros para parados que agotan sus prestaciones, y que también estaba incluida en el pack del Plan de Choque.
La decisión de no hacerlo llegaba justo un día después de que la Encuesta de Población Activa constatara que la tasa de paro bajaba del 18%. Esa era, precisamente, la condición a la que está sujeta la ayuda: el programa se prorrogaba automáticamente mientras la tasa estuviera por encima del 18%. Es decir, la condición se ha roto y el Ejecutivo no ha renovado el programa, por lo que a partir del 15 de agosto la ayuda decae.
UGT y CCOO ya han pedido al Gobierno que prorrogue el Plan Prepara hasta que se acuerde un nuevo marco de protección social. Empleo, por contra, argumenta que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve un recurso interpuesto por el PNV sobre la ayuda ha hecho que no pueda prorrogarse. Un portavoz asegura que la decisión no ha tenido nada que ver con el rechazo del Plan de Choque y recuerda que su prórroga puede hacerse más adelante y con efectos retroactivos.
Por si fuera poco, sindicatos y patronal han dado definitivamente por rotas las negociaciones para llegar a un pacto salarial para este año. El Ministerio deseaba el pacto hasta el punto de que la ministra Fátima Báñez reclamó en público una subida de salarios acorde con la marcha de la economía. Su firma hubiera permitido al Ministerio cuadrar su discurso: el paro baja y el empleo y los salarios, suben.