Grupo Empresarial Tompla, integrante de un cártel que manipuló el mercado de sobres de papel en España durante 33 años, desde las primeras elecciones democráticas hasta 2010, ha dotado provisiones millonarias en sus cuentas de 2023 tras varias condenas judiciales estimando reclamaciones de sus clientes por los daños sufridos con esos acuerdos ilegales. Los dos principales partidos, PSOE y PP, han logrado ya sendas sentencias estimando en parte sus demandas.
En sus cuentas consolidadas de 2023, la sociedad que aglutina los negocios del grupo, Grupo Empresarial Tompla (que hasta agosto se llamaba Printeos), explica que “los administradores y los asesores legales han considerado necesario el registro de una provisión a 31 de diciembre de 2023 por importe de 14.061 miles de euros suficiente para cubrir el riesgo derivado de sucesos pasados”. Esta cifra multiplica las provisiones de 3,54 millones que había dotado hasta ahora la empresa tras recibir diversas sentencias condenatorias derivadas de demandas de algunos clientes.
En sus cuentas, accesibles a través de Insight View, Tompla explica que tras el ejercicio finalizado en diciembre de 2023 y antes de formular sus cuentas el pasado 27 de marzo, ha realizado “una consignación provisional” de 11,141 millones “asociada a los riesgos estimados al 31 de diciembre de 2023”.
El informe de auditoría de Deloitte recoge que esta última provisión está “relacionada con una reclamación de un cliente, para la cual existe sentencia condenatoria”. La firma, que audita a Tompla desde hace más de 20 años, ha puesto una salvedad en las cuentas de 2023 (hay varias) por la forma en que la empresa ha contabilizado esa provisión. La compañía la ha cargado contra el resultado financiero, y no en el epígrafe de “Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias, como exige la normativa contable.
A Tompla las reclamaciones por este asunto se le acumulan. En sus últimas cuentas, indica que solo durante el ejercicio 2023 “ha recibido otras cinco demandas similares de clientes por supuestos daños” sufridos como consecuencia de ese cártel. En su opinión y la de sus asesores legales, las reclamaciones “están prescritas”. Afirma que existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la UE. “Si bien es posible que algunas de estas demandas prosperen, es remoto que se estimen íntegramente” y que “supongan un quebranto patrimonial”, asegura.
La primera sentencia que estimó la demanda de un partido político contra Tompla fue la que en marzo de 2021 condenó a la empresa a indemnizar al PSOE por los daños sufridos como consecuencia de los sobreprecios pagados en esos años. Los socialistas cifraban el perjuicio sufrido (sumando intereses) en más de 8 millones en su demanda, presentada en junio de 2019.
Posteriormente, la Audiencia Provincial de Barcelona obligó a descontar del cálculo las subvenciones recibidas para la adquisición de esos sobres. El PSOE y Tompla han llevado el litigio ante la Sala de lo Civil del Supremo. El Alto Tribunal los admitió a trámite el pasado 25 de septiembre.
Tras la demanda del PSOE contra Tompla, se sumaron a la batalla judicial el PP e IU (incluyendo también el PCE, entre otras formaciones). Y a los populares les ha dado resultado. En noviembre de 2023, el juzgado Mercantil 11 de Barcelona estimó en parte la demanda que presentó en julio de 2022 la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, que, apoyándose en la reclamación previa planteada por el PSOE, solicitaba una indemnización de 10.602.701,21 euros.
Menos suerte ha tenido la demanda conjunta presentada por IU, el PCE y otras pequeñas formaciones de izquierda. Su demanda fue desestimada el pasado febrero por el Juzgado Mercantil barcelonés por “falta de legitimación”, dado que “o bien directamente no se presentó ninguno de los demandantes, o bien se presentaron en coalición con otros”. En este caso, la reclamación que pedían era a la fecha de la demanda de 9.176.663,79 euros.
La holding Tompla facturó 302 millones en 2023, un 8,7% más, según sus últimas cuentas. “Este aumento está en gran parte explicado por los dos procesos electorales (municipales y autonómicas y elecciones generales) que se han producido en España en el año 2023”, explica en su informe de gestión.
Con un resultado de explotación de 20,1 millones y un beneficio bruto operativo (Ebitda) de 33,3 millones, un 22% más, el resultado consolidado del grupo fue de 3,8 millones, frente a los 10,5 millones de 2022.
La empresa nació en 1961 como fabricante de sobres especiales para la entonces incipiente venta por correo. Se llamó Manufacturas Tompla hasta que en octubre de 2012, cuando la CNC ya estaba culminando su investigación, la matriz de los negocios del grupo cambió su denominación a Printeos, nombre que ha abandonado el pasado verano para volver a recuperar su denominación original.
Tompla tiene sede en Alcalá de Henares (Madrid) y en 2023 empleaba a 1.647 personas. La empresa inició su actividad internacional en los años 70 y actualmente más del 63% de sus ingresos procede de fuera de España. Opera en 12 países europeos, con diez oficinas comerciales y 29 centros productivos en España, Francia, Portugal, Reino Unido, Polonia, República Checa y Marruecos.
En 1992 inauguró su factoría de Alcalá, desde la que se gestionan más de 50.000 pedidos anuales y que llegó a ser la mayor fábrica de sobres del mundo. Desde 2014, y ante el declive del negocio de sobres de papel, se ha volcado en el sector de las etiquetas autoadhesivas a través de adquisiciones en varios países. En 2023 esta actividad superó la mitad del negocio.
La holding tiene desde este año nuevo presidente, Antonio Borrachero Bonilla, cuya familia ha estado históricamente vinculada al accionariado de esta empresa y al negocio de los seguros o el fútbol. Borrachero es hermano de la conocida actriz Alicia Borrachero y nieto de Antonio Borrachero Casas, que fue directivo durante el franquismo de la aseguradora Plus Ultra y presidente del club del mismo nombre, germen del filial del Real Madrid. Tompla ha declinado hacer comentarios.
La resolución de la CNC señalaba que la vigencia del cártel durante más de 30 años en el mercado de sobres nacional “probablemente haya contribuido a dejar el mercado español fuera de los procesos de concentración sectorial ocurridos en Europa desde principios del año 2000, provocador por el exceso de oferta y la búsqueda de mayores eficiencias y economías de escala en la producción”. Mientras en Europa se crearon en esos años cinco grandes grupos, en España todavía pervivían entonces 15 fabricantes.
Al desarticular este cártel en 2013, la CNC impuso a 15 empresas sanciones de más de 44 millones. La mayor multa (más de 20 millones) fue para Unipapel (luego Adveo), que fue liquidada en 2019 y se libró de pagar por haber denunciado los hechos acogiéndose al denominado Programa de Clemencia, que otorga eximentes a los participantes en prácticas anticompetitivas que colaboren en los expedientes.
A otra de las empresas, Antalis, se le aplicó un descuento del 40% en el importe de la multa. A Tompla, Hispapel, Pacsa, Maespa y SAM (de Tompla) se les aplicó una reducción en el importe de la sanción del 30%. Las actuaciones de Copidata, que también estaba implicada en la trama, se archivaron al haber prescrito.
Tras confirmar el Tribunal Supremo las sanciones a finales de 2017, muchos afectados, y no solo partidos políticos, acudieron a los tribunales para buscar una compensación. Entre otros, Bankoa (ahora Abanca), la ONG Manos Unidas (que ya han logrado resoluciones firmes en el Tribunal Supremo), y otras como Cortefiel (hoy Tendam), Venca, Grupo Planeta, Mutua Madrileña, Caixa Ontinyent, Misiones Salesianas, Obras Misionales Pontificias, Cámara de Comercio de Madrid o Ifema.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.