Iberia presenta un expediente de regulación para 3.807 personas
La dirección de Iberia ha comunicado a los sindicatos de la compañía que presentará en las próximas horas un expediente de regulación de empleo que afectará a 3.807 personas de la actual plantilla de aproximadamente 20.000 trabajadores. De los despedidos, 2.635 serán trabajadores de tierra, 313 pilotos y 759 tripulantes de cabina de pasajeros. Las indemnizaciones que ofrece son las mínimas establecidas por la ley con 20 días por año trabajado con un tope máximo de 12 mensualidades. Las causas que alegará son económicas, de producción y organizativas. Los despidos comenzarán a producirse el próximo 14 de marzo y a día 31 de diciembre de 2013 tendrán que haber salido de la compoañía todos los empleados que causen baja.
La dirección de la aerolínea explica que se ha llegado a esta situación “tras tres meses de negociaciones infructuosas” en los que Iberia ha puesto sobre la mesa distintas alternativas que permitían alcanzar los objetivos de rentabilidad necesarios para dar viabilidad y futuro a la empresa, sin tener que recurrir a los despidos, como prejubilaciones, bajas temporales y reducción de costes salariales, “alternativas que han sido rechazadas por los sindicatos”.
Iberia recuerda que acumula pérdidas por más de 850 millones entre 2008 y septiembre de 2012, y con números rojos por 262 millones en los nueve primeros meses de 2012. Estas cifras, dice, le fuerzan a tomar “medidas drásticas de reducción de costes y mejora de ingresos unitarios para ser viable”. La dirección de la empresa muestra “la mejor disposición para llegar a un acuerdo, y con esta voluntad acudirá a todas las reuniones con los representantes sindicales”, pese a que “los 15 días de huelga convocados” por las centrales sindicales de tierra y tripulantes de cabina de pasajeros “no son el mejor escenario situación para negociar de forma constructiva”.
La compañía termina su comunicado con un llamamiento a los sindicatos para que “dejen a los clientes al margen de las disputas internas”, que tienen que resolverse en la mesa de negociación “y no mediante huelgas que agraven las pérdidas de la compañía”. Iberia afirma que tomará todas las medidas a su alcance para “mitigar los efectos que las huelgas convocadas tengan sobre sus clientes”.
La empresa contrataca
El conflicto entre los trabajadores de Iberia, la dirección de la aerolínea y el holding IAG ha estallado ya en todos los frentes. Tras la ruptura de la vía negociada el pasado 31 de enero, llegó la convocatoria de 15 jornadas de huelga convocadas para febrero y marzo por los seis sindicatos que representan a 19.000 trabajadores de tierra y tripulantes de cabina de pasajeros (TCP).
En este escenario de confrontación total la apertura de la vía judicial, por ambas partes, también ha resultado inevitable. En la reunión que los sindicatos UGT, CCOO, USO, Asetma, Sitcpla y CTA mantuvieron el pasado lunes 4 de febrero con la dirección de Iberia a fin de pactar un imposible acuerdo para fijar los servicios mínimos en la primera tanda de huelgas entre el día 18 y 22 de este mes, la compañía lanzó la amenaza de denunciar los paros por “ilegales” alegando su “carácter preventivo y desproporcionado”.
La amenaza de la dirección de Iberia es creíble ya que la estrategia de llevar ante los tribunales la legalidad de los paros de la plantilla de la compañía ha sido un común denominador en los últimos conflictos laborales.
En otoño del año pasado, IAG y British Airways presentaron una demanda en la Corte Superior de Justicia de Reino Unido contra el Sepla por los 18 días de huelga que el colectivo de pilotos realizó contra de la creación de Iberia Express entre diciembre de 2011 y abril de 2012. La aerolínea británica reclama una compensación de medio millón de euros por los daños ocasionados, “ya que las huelgas afectaron su negocio causando pérdidas financieras”. En el seno del Sepla se interpreta esta demanda como un intento de desgastar la capacidad financiera del sindicato.
A lo largo de todo el ejercicio de 2012, Iberia y sus pilotos se enfrentaron de manera reiterada en los tribunales tras intercambiar denuncias por dos asuntos distintos. El primero, la normativa de trabajo y descanso de las tripulaciones, que provocó una cadena de sanciones y despidos de los pilotos que se negaban a aceptar la interpretación de la compañía que les obligaba a incorporarse a los vuelos a primera hora de la mañana tras los días de descanso. El segundo motivo fueron las denuncias del Sepla ante el incumplimiento del laudo instado por el Gobierno que ordenaba a la empresa a enrolar a los pilotos del escalafón de la matriz como tripulantes de los aviones de Iberia Express. Por su parte, IAG denunció con éxito la resolución del laudo porque el árbitro no había dado audiencia en su tramitación a la dirección de Iberia Express.
La primera ocasión en que la dirección de Iberia recurrió a la estrategia de judicializar sus conflictos laborales fue con motivo de las jornadas de huelga convocadas por el sindicato de pilotos Sepla en agosto de 2006 para protestar por la creación de lo que más tarde llegaría a ser la filial de bajos costes de Iberia, que operó bajo la marca Clickair.
Denuncias de los trabajadores
Las centrales sindicales, por su parte, han puesto a trabajar a sus servicios jurídicos en previsión de que, cuando termine el periodo de consultas y negociaciones del ERE, los diferentes comités de empresa en Iberia presenten demandas colectivas contra los aspectos más controvertidos del expediente a fin de que los despidos que se van a tramitar pudieran ser declarados nulos.
Pero junto a la más que previsible batería de demandas colectivas e individuales contra el recorte de plantilla, los sindicatos trabajan con una estrategia que se basa en denunciar la forma en que la dirección de Iberia y de IAG han aprobado el plan de ajuste.
En un documento de trabajo elaborado por los servicios jurídicos de las centrales se recuerda que de la reunión del consejo de administración de Iberia celebrado el día 31 de enero salió aprobada por mayoría una propuesta de ajuste más suave que, en resumen, planteaba 3.147 despidos, con una reducción salarial media para el resto de la plantilla del 15%, correspondiendo a los trabajadores de tierra un 11% y a los TCP y pilotos un 23%. Además, se planteaba un ajuste en la oferta de asientos en Iberia del 10%, y el compromiso de no segregar los negocios de handling y de mantenimiento.
Tan solo 24 horas después, el día 1 de febrero, tuvo lugar la celebración del consejo de administración de IAG, la empresa holding nacida de la fusión de Iberia y British. En esta reunión se rechazaron las modificaciones realizadas por el consejo de Iberia el día anterior en el plan de ajuste y se volvió al plan duro inicial con 4.500 despidos, entre el 30 y el 35% de rebaja salarial y el 15% del recorte de capacidad en la actividad de Iberia.
En el documento elaborado por los servicios jurídicos de los sindicatos se recogen textualmente los párrafos de los acuerdos de fusión de Iberia y British Airways en los que se determina que se reserva al consejo de administración de la aerolínea española el cometido de “aprobar por mayoría simple los planes de negocio de Iberia”. Igualmente se recogen las disposiciones en las que se especifica que “el consejo de administración de IAG solo podrá efectuar recomendaciones al consejo de Iberia”.
En base a este hecho los sindicatos de Iberia estudian presentar una demanda ante los tribunales alegando que, en contra de los pactos de fusión, el plan de ajuste de Iberia ha sido aprobado “ilegalmente” por IAG.
