Los empresarios no tiran la toalla contra el mayor control anunciado sobre las causas de los despidos colectivos (ERE). La medida aún debe pasar por el pleno del Congreso de los Diputados y después por el Senado. Con la mirada puesta en este camino legislativo, sobre todo en la Cámara Alta, las patronales están trabajando para que el cambio decaiga, según fuentes patronales.
“A ver qué pasa en el Senado”, deslizan desde las organizaciones empresariales, donde se reconoce que hay un intenso trabajo con fuerzas parlamentarias para que la medida no salga adelante.
El cambio legal contra el que se han levantado los empresarios se ha pactado en la Comisión de Trabajo del Parlamento, en una enmienda a la Ley de Empleo de EH Bildu que ha logrado el apoyo de la mayoría de fuerzas políticas. “Hasta el PP se ha abstenido”, recuerdan en Trabajo y “solo Vox votó en contra”.
La modificación consiste en una ampliación de las competencias de la Inspección de Trabajo en la vigilancia de los ERE. Además de pronunciarse sobre el desarrollo del periodo de consultas, se habilita expresamente a la Inspección para que examine si se cumplen y se justifican las causas alegadas por la empresa para aplicar un despido colectivo en su plantilla.
Ahora varios juristas aseguran que el organismo ya puede realizar estas comprobaciones, pero con la modificación legal acordada se regularía expresamente como un mandato más de la Inspección de Trabajo en los procedimientos de ERE. Se garantiza así de inicio la lupa de la Inspección ante procedimientos de ERE no justificados o sin suficientes causas para ser aplicados, es decir, que incumplen la legislación laboral.
No se recupera la autorización administrativa previa
Las patronales han reaccionado al cambio legal con gran dureza contra el Ministerio de Trabajo, al que acusan de “traición” al acuerdo de la reforma laboral. Los empresarios sostienen que la modificación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los despidos colectivos, se abordó en la mesa de negociación de la reforma laboral, pero que se descartó finalmente por no haber un consenso al respecto.
“Se habló de recuperar la autorización administrativa previa”, matiza una fuente sindical, que había eliminado la reforma laboral de Rajoy y que pedían reinstaurar CCOO y UGT. Este elemento fue descartado de la mesa, al igual que otros, y la negociación se centró finalmente en otros artículos: prevalencia de convenios, su ultraactividad, subcontratación, y las modalidades de contratos para reducir la temporalidad, entre otros.
Pero la medida pactada ahora es diferente. No se recupera la autorización administrativa previa, sino que se crea un nuevo control a través de la Inspección de Trabajo, que ya había sido anunciado en el Plan Estratégico del organismo hace un año.
Los inspectores no tendrían la capacidad de vetar un ERE (como sí ocurría antes a través de la autoridad laboral), pero en el caso de las empresas que incumplan las causas el organismo público dictaría un informe que podría ser utilizado en los tribunales.
La vicepresidenta Yolanda Díaz puso el acento en esto último para responder al enfado de los empresarios. “¿Cuál es el problema de que la Inspección examine los ERE si todo se hace bien?”, sostuvo esta semana. En el Ministerio de Trabajo subrayan en todo caso la competencia legislativa del Parlamento, donde se ha acordado la modificación legal.
Plantón a negociar con Trabajo
Además de las conversaciones con partidos políticos, los empresarios han elevado el tono y la presión sobre el Ministerio de Trabajo. La patronal ya ha iniciado un plantón en las negociaciones abiertas con el departamento de Yolanda Díaz, a la que le exigen “rectificar”. Este viernes no asistió ningún representante de las empresas a la mesa sobre la Ley de formación, por ejemplo, y el lunes tampoco acudirá ATA a otra reunión sobre autónomos, según fuentes patronales.
En los sindicatos, aunque tampoco ha gustado la falta de diálogo social de este nuevo control, consideran que los empresarios “están sobreactuando” en un momento en el que deben enfrentarse a negociaciones incómodas para ellos, “como el salario mínimo”.
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha negado que se trate de una “cuestión política” y ha añadido que los empresarios darán su opinión sobre el salario mínimo. Eso sí, no garantiza que vayan a negociar la medida con el Ministerio de Trabajo, al que responsabiliza de “romper la mesa” y no ser “fiable”.
Yolanda Díaz ha intentado restar tensión en los últimos días. La vicepresidenta segunda reiteró el miércoles su confianza en que “los agentes sociales cumplan con su papel”. “Hay medidas que les gustan más que otras, estoy segura que van a seguir negociando y dialogando por su país”, añadió.