Los empresarios insisten en su negativa a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2021 y se aferran a los recelos que despierta este incremento en parte del Gobierno, incluido el presidente Sánchez, según confirman varias fuentes del Ejecutivo a elDiario.es. En la actualidad, el SMI está situado en los 950 euros mensuales. “Tenemos que ser muy responsables en estos momentos, porque la economía no está para tocar cosas que no tocan y, de hecho, algunos miembros del Gobierno lo están diciendo también”, ha afirmado este miércoles el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en Onda Cero.
Ayer, el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz trasladó a los agentes sociales que descarta el escenario de congelación del SMI que demandan las patronales y emplazó a los empresarios a reconsiderar su cerrazón a acordar un incremento. Hay prevista una nueva reunión de negociación el próximo lunes. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explicó ante los medios que el Gobierno no trabaja en un escenario de congelación de los salarios más bajos. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo insisten en que este debate no está cerrado.
Junto a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, varios miembros del Gobierno en el lado socialista tienen reparos a aprobar un incremento del SMI en el actual panorama de crisis por la pandemia y tras los importantes aumentos pactados en el pasado, de un 29% en los últimos dos años. Entre ellos, está el presidente Pedro Sánchez, que “no ve” la subida en este contexto , según fuentes gubernamentales. “Hay que hacer un llamamiento a la prudencia a la hora de abordar las decisiones económicas”, expresaba ayer también la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que considera que en el contexto de recesión es necesario apostar por el crecimiento económico y evitar la expulsión de trabajadores del mercado laboral.
En el otro lado se sitúa la ministra Yolanda Díaz y otros miembros del Ejecutivo de Unidas Podemos, que insisten en la necesidad de aumentar el SMI, aunque sea con un alza testimonial, que avance además al compromiso de legislatura de llegar a un SMI del 60% del salario medio en España. Díaz ha reiterado que “nadie entendería” la congelación del SMI por parte del Gobierno progresista después de haber acordado la subida de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos un 0,9%, en línea con la previsión de inflación para 2021 y de que los salarios pactados en convenio estén aumentando casi el 1,9%. Además, la ministra de Trabajo ha recordado que todos los países europeos con salarios mínimos están acordando su elevación, por lo que llama a que España no se desmarque de esta tendencia.
Pese a que en la reunión de ayer martes el Ministerio de Trabajo descartó la congelación como postura oficial del Ejecutivo, en la patronal han hecho oídos sordos a la vista de las diferencias internas en el Gobierno. “Es una buena pregunta, no la conozco”, ha respondido el empresario vasco a cuál es la postura oficial del Gobierno sobre el SMI. “Una parte del Gobierno parece que es una y no lo sé de la otra”, ha continuado.
La patronal rechaza una subida del 0,9%
Antonio Garamendi ha insistido por tanto en la congelación del SMI para el próximo año. “Con la que está cayendo, estar hablando de estas cosas sinceramente a nosotros nos sorprende”, ha sostenido. El empresario vasco ha destacado que el SMI afecta a las personas más vulnerables, pero también a los empresarios más vulnerables, como “autónomos”, “bares” y “pequeños comercios”, ha destacado.
Garamendi ha rechazado incluso una subida limitada, del 0,9% como las pensiones, según la previsión de inflación para 2021, para que los salarios más bajos no pierdan poder adquisitivo. El líder de los empresarios ha recordado que ahora el IPC interanual es negativo, de -0,8% en noviembre, por lo que ha llamado a fijarse en esta cifra. Según las previsiones de la propia CEOE, “en el conjunto del año 2020 la tasa media del IPC será ligeramente negativa (-0,3%) y en 2021 se espera un crecimiento en torno al 1,0%”, según recogió en su última valoración del IPC.
Los empresarios insisten en que la subida del SMI puede perjudicar a algunos de los sectores más tocados por la pandemia, como la hostelería y el comercio, mientras que en Trabajo recuerdan que estos sectores tienen convenios sectoriales que en muchos casos tienen sus remuneraciones por encima del actual SMI. Los sindicatos CCOO y UGT argumentan además que las subidas de las remuneraciones más bajas se traducen en un aumento del consumo, lo que impulsa la economía.
Garamendi ha vuelto a azuzar el temor a la destrucción de empleo por el incremento del SMI. Este debate, que viene de largo y se recrudeció con la histórica subida del SMI del 22% en 2018, no tiene una respuesta inequívoca. El líder de la patronal ha recordado el dato de pérdida de hasta 150.000 empleos debido al alza de 2018, que auguró el Banco de España. La institución prometió un estudio a posteriori sobre los efectos de este incremento, pero todavía no lo ha publicado.
En cambio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sí ha hehco este ejercicio: aunque estimó un efecto negativo de unos 40.000 empleos por el salto del SMI a los 900 euros al mes, finalmente calculó que la pérdida entre los 13.000 y los 33.000 puestos de trabajo.
Un estudio de la Comisión Europea, complementario a su propuesta de directa sobre salarios mínimos, concluye que hay consecuencias negativas en el empleo por las subidas del SMI, aunque precisa que son limitadas. “El salario mínimo aumenta los sueldos de los asalariados de bajos salarios mucho más que su posible impacto negativo en los puestos de trabajo”, recoge.
El secretario de Estado de Trabajo destacó ayer que los malos augurios de grandes destrucciones de empleo por el incremento del SMI quedaron desacreditadas por la evolución del empleo en los dos años pasados, a un mayor ritmo que la media europea, y destacó su importancia para reducir la desigualdad y combatir la pobreza laboral.