Las patronales de empresarios y los sindicatos mayoritarios han celebrado el acuerdo alcanzado anoche en la UE sobre el fondo de recuperación, que finalmente será de 750.000 millones de euros, 390.000 millones en ayudas directas y 360.000 en préstamos, para responder al descalabro económico causado por la crisis del coronavirus. Las negociaciones en Europa mantenían en vilo a los empresarios y a las organizaciones de trabajadores más representativas, que habían subrayado la importancia de los recursos que aprobara la UE para el futuro de la economía española en los próximos años. La reacción a lo acordado es en general positiva, con más 'peros' del lado sindical, aunque este martes ya se evidencian las tensiones que el acuerdo europeo ocasionará sobre el prometido desmontaje de la reforma laboral del PP. Los sindicatos advierten de que no se puede utilizar este acuerdo como “chantaje” ni “excusa” para no cumplir con este compromiso del Gobierno de coalición, mientras que los empresarios no se cierran a acordar “mejoras” pero huyen de planteamientos “maximalistas” que “pueden no generar confianza”.
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado el pacto alcanzado por los estados miembros en Bruselas, tanto en lo “cuantitativo como en lo cualitativo”, como “un buen acuerdo para España, pero también para Europa”, ha sostenido en una entrevista en la Cadena Ser. El empresario vasco ha destacado que las negociaciones hayan concluido en acuerdo, dadas las dificultades y las diferencias entre los países: “Como español, los inversores españoles nos sentimos satisfechos”.
Garamendi ha destacado que la condicionalidad del fondo europeo esté vinculada a elementos como la transición ecológica y la apuesta por la digitalización de la economía y ha llamado a enfocar los recursos a “las inversiones que generen más valor añadido a la economía española”.
Los sindicatos CCOO y UGT han valorado igualmente que los países hayan alcanzado un acuerdo pese a las grandes reticencias de Holanda y los llamados países “frugales”, aunque ambos consideran que la cuantía acordada en la UE se queda lejos de lo necesario y será insuficiente. No obstante, reconocen la relevancia de los términos del fondo acordado a nivel europeo, “porque por primera vez 750.000 millones de euros se van a canalizar a través de deuda común comunitaria, deuda europea, que se va a pagar a través de los sucesivos presupuestos de la Unión Europea”, ha enfatizado esta mañana Unai Sordo, secretario general de CCOO.
En las organizaciones de trabajadores insisten en que este fondo debe ser un paso hacia la integración fiscal europea, “que permita a la UE dotarse de herramientas anti cíclicas eficaces y generar los recursos adecuados para su financiación”, destacan en UGT.
Más tensiones por la reforma laboral
Aunque la condicionalidad expresa de los 750.000 millones de euros acordados anoche en la UE apunta a la transición hacia una economía más verde y más digitalizada, algunas voces –especialmente en la derecha– insisten en que al Gobierno de España se le pueden complicar algunos planes de su hoja de ruta económica, como el desmontaje de la reforma laboral del PP de 2012 y la reforma de las pensiones.
Los sindicatos CCOO y UGT son contundentes al respecto y avisan de su “oposición a condiciones meramente ideológicas a la reconstrucción”, afirman en el sindicato liderado por Pepe Álvarez. Unai Sordo ha sostenido que “este fondo no puede servir como excusa para seguir con la reforma laboral vigente o para recortar las pensiones o el gasto público o social como ocurrió en 2010” y ha llamado a evitar “chantajes” en este sentido que trate de “devaluar las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría social”.
“No vamos a aceptar condiciones para los créditos y el soporte a la construcción europea. Las únicas condiciones son aquellas que liguen estos recursos a la necesidad de reconstruir lo que se ha estropeado durante este proceso de crisis pandémica”, ha afirmado Pepe Álvarez este martes.
A la pregunta sobre si este acuerdo puede frenar los cambios en la legislación laboral, el líder de los empresarios no ha respondido de manera directa, aunque ha afirmado que “hay como tótems que están ahí puestos de 'los aspectos más lesivos de la reforma laboral' cuando curiosamente tanto la UE, como el FMI, como la OCDE, precisamente hablan siempre de los aspectos positivos que ha tenido esa reforma laboral”.
Garamendi ha sostenido que los empresarios están dispuestos a sentarse “para hablar de mejoras, nadie discute que se puedan mejorar cosas”, pero ha llamado a huir de “posiciones maximalistas”, de “este asunto de que todo era malo”. En cualquier caso, el líder de la patronal considera que en estos momentos hay cuestiones más urgentes: “Ahora hay trabajar en lo importante y todo lo que no genere confianza en este país, será para nosotros un auténtico problema”.
Este es uno de los argumentos que más defienden en el lado empresarial para rechazar el desmontaje de la reforma laboral, que consideran que crea incertidumbre en los inversores en un momento de crisis económica. “Lo más importante es generar confianza, es la clave, todo este tipo de asuntos pueden no generar confianza y nuestros inversores tienen la mitad de la deuda pública española”, ha advertido Antonio Garamendi.
Los sindicatos se oponen a posponer el debate sobre la reforma laboral porque creen que algunos de sus elementos pueden perjudicar la recuperación de la crisis por la pandemia, posibilitando recortes salariales injustificados y facilitando los despidos, por ejemplo en el caso de los despidos colectivos que no requieren de la autorización administrativa previa a la reforma del PP.
El Gobierno dice que mantiene su “hoja de ruta”
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido en la rueda posterior al Consejo de Ministros que la reforma laboral no es “para nada” una de las condiciones del acuerdo suscrito ayer por la UE para recibir el fondo para la recuperación. “De esos elementos para nada se ha hablado”, ha respondido Montero a preguntas de los periodistas, aunque ha reconocido que las limitaciones en la reforma de la legislación laboral estaba entre “las pretensiones de algunos países”, pero no han quedado plasmadas en las condicionalidades firmadas por los países miembro de la UE, enfocadas de manera expresa a otros elementos como el avance en la digitalización y la transición ecológica de la economía.
La ministra ha sostenido que el Gobierno mantiene su hoja de ruta y calendario, aunque ha precisado que esta se tiene que adaptar a la pandemia en relación a las necesidades sanitarias y de la crisis económica generada. Montero ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno tomará “en cuenta todas las recomendaciones de país” que ha hecho la Comisión Europea a España.
“Los proyectos de este Gobierno se desarrollarán en el diálogo social con las fechas que se habían establecido”, ha añadido la portavoz sobre cuándo se retomarán las negociaciones para desmontar los llamados “elementos más lesivos” de la legislación laboral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condicionado los cambios en la reforma laboral a un acuerdo en el diálogo con los sindicatos y los empresarios, como afirmó en una entrevista en elDiario.es.