La UE acordó a finales de septiembre crear un sistema comunitario de clasificación, o taxonomía, para facilitar a empresarios e inversores un lenguaje común para identificar qué actividades económicas pueden considerarse medioambientalmente sostenibles. Y este jueves ha dado un paso más en las negociaciones de los trílogos, aquellas que se producen entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE: se ha alcanzado un “compromiso” para una “lista verde de actividades económicas”, pendiente aún de la aprobación por parte de los Estados miembros.
En la actualidad, no existe un sistema de clasificación común, ni a escala comunitaria ni global que defina qué actividades económicas son medioambientalmente sostenibles. La regulación propuesta por los Estados miembros en el Consejo de la UE pretende dos objetivos: reducir la fragmentación resultante de las iniciativas del mercado y las prácticas nacionales; y reducir el greenwashing o lavado ecológico –vender productos financieros como verdes cuando no cumplen estándares medioambientales–.
Y las grandes empresas energéticas y los bancos se han estado moviendo para aguar el plan: un informe del organismo de control de los lobbys InfluenceMap, publicado en el arranque de la COP25 de Madrid, ha descubierto que, aunque algunos inversores apoyan las reglas de “etiquetado verde”, el 98% de los 50 mayores inversores de Europa son miembros de grupos de presión que intentan debilitar las propuestas.
Ed Collins, autor del informe, ha dicho a The Guardian, diario que adelantó el informe: “Nuestra investigación muestra cómo los intereses creados quieren que el proceso clave de taxonomía de la UE no sea impulsado por la ciencia y centrado en los impactos del mundo real, sino que respalde intereses estrechos y el statu quo en las finanzas y sostenibilidad”.
La investigación de InfluenceMap ha rastreado el lobby intensivo de las agrupaciones empresariales de la UE que representan a las finanzas y la industria en el proceso de taxonomía: el sistema para identificar inversiones sostenibles para el medio ambiente.
El objetivo de este lobby “es diluir este pilar clave de la política financiera sostenible de la Unión Europea, que está pensado para establecer un marco para clasificar la inversión sostenible”, explica el informe, lo cual puede poner en peligro el plan de la Comisión Europea para luchar contra las inversiones de sostenibilidad falsas y engañosas del sector privado, “en un momento en que se necesita un impacto real de las finanzas en cuestiones clave como el cambio climático”.
La investigación de InfluenceMap ha analizado a 50 de los grupos inversores más grandes de Europa, encontrando que solo un pequeño grupo de compañías (Aviva, Groupe BPCE, BNP Paribas, BBVA, AXA y Allianz) han apoyado de forma activa y transparente la taxonomía.
La mayoría de las empresas (37 de 50) no se han comprometido directamente con la taxonomía o no se han comprometido con la clasificación de manera transparente, asegura el informe: “Quince de estos grupos financieros hicieron solo declaraciones de apoyo. A pesar de esto, casi todos (49 de 50) pertenecen a asociaciones comerciales de la UE que han presionado contra un enfoque progresivo y estricto de la taxonomía”.
Las organizaciones empresariales que representan al sector financiero, comandadas por el Fondo Europeo y la Asociación de Gestión de Activos (EFAMA), la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME), la Federación Bancaria Europea (EBF) y EuropeanIssuers, “han presionado para que la taxonomía tenga carácter voluntario, restringida solo a productos comercializados como sostenibles. Y, en lugar de un sistema de clasificación estricto para las inversiones verdes, abogan por métodos potencialmente menos estrictos para evaluar la sostenibilidad en función del rendimiento relativo del mercado o actividades ”en transición“.
La taxonomía también se enfrenta a un fuerte lobby por parte de las organizaciones empresariales de la UE que representan a la industria, en particular los sectores del gas y el nuclear, “interesados en garantizar que sus productos se clasifiquen como ecológicos”, según la investigación.
“Eurogas, GasNaturally, la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas y FuelsEurope han presionado para debilitar los criterios climáticos para incluir actividades económicas como la combustión de gas natural sin disminuir”, sostiene el documento: “En noviembre de 2019, las asociaciones comerciales del sector financiero AFME y EBF se alinearon con las posiciones del sector del gas, abogando por criterios climáticos más débiles para la producción de electricidad para garantizar la inclusión del gas natural en una taxonomía 'verde”.
La propuesta también ha visto la oposición de organizaciones empresariales aparentemente preocupadas por las implicaciones globales de una ambiciosa taxonomía de la UE, como “la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), que publicó un documento en septiembre de 2019 sugiriendo que la taxonomía podría '(desestabilizar) los mercados financieros internacionales”.
La organización empresarial de mercados financieros internacionales, el Instituto de Finanzas Internacionales (IFF), también se ha enfrentado a la Comisión Europea, argumentando en contra de lo que llama “criterios muy ambiciosos y potencialmente poco realistas, particularmente para la producción de electricidad a partir de la energía hidroeléctrica y la combustión de gas”.