Pequeños inversores en energía solar han llegado este sábado a Madrid, desde todos los puntos del país, para denunciar ante el ministerio de Industria la reducción retroactiva de la retribución a la producción de renovables, en vigor desde este viernes, y pedir la dimisión del ministro José Manuel Soria.
Un recorte de hasta el 50%, que supone 1.700 millones de euros menos al año, con carácter retroactivo desde julio de 2013, y que afecta a 62.000 ciudadanos, según los datos de Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que lo ha calificado como “una estafa sin precedentes”.
Ángel Serrano, un prejubilado de Telefónica, se embarcó en la producción de energía solar en 2006 junto a 40 personas más, en Salillas de Jalón, un pequeño pueblo de 300 habitantes, a 30 kilómetros de Zaragoza. De media, cada uno –Ayuntamiento incluido- invirtió entre 60 y 70.000 euros.
“Somos trabajadores que invertimos nuestros ahorros o nos hipotecamos” porque “el Gobierno lo promocionó a bombo y platillo” y ahora “no nos pagan lo prometido para poder amortizar la inversión”, denuncia Serrano. De lo producido en su huerta solar, en enero solo se les pagó un 25% de la producción, en febrero un 45%, en marzo un 55% y en abril un 57%, afirma. “El resto lo atrasan a diciembre, pero el banco no permite un aplazamiento”, explica. Y con los nuevos requisitos, que establecen nuevos límites a la producción, “van a pagar lo que quieran”.
Un complemento a la agricultura
Otro inversor, Ramón Rosell, de Lleida, echa cuentas. Trabaja en el campo y “la Generalitat promovió que esto tenía que ser un complemento para la agricultura”. Por miedo a quedarse atrás, invirtió los 100.000 que había ahorrado junto a su familia, “agricultores de toda la vida”, e hipotecó todas sus tierras para financiar el resto de la planta solar. En total, pidió al banco 600.000 euros. Con las condiciones antiguas en la mano, según su producción recibiría al año 90.000 euros, que irían íntegramente al banco. En 10 años no tendría deudas. “Ahora no sabemos lo que nos van a pagar, lo tenemos todo hipotecado y no podemos pagar al banco”, lamenta.
Frente al ministerio de Industria también se presentaron, desde Albacete, un grupo de 24 productores. “El Gobierno contaba que las renovables eran cosa del futuro, y decidimos apostar por ello, también para nuestros hijos”, explica Encarnación Ramírez. Otro de los inversores, Juan García, indica que cada uno invirtió un millón de euros.
“Hemos hipotecado todo. Somos gente humilde, de clase media-baja, con hijos, que tenemos nuestro sueldo mileurista y nos endeudamos para esto”, continúa García, que teme que quieran llevarles a la ruina “para quedarse las instalaciones por cuatro duros”. “Y encima te quitarán la casa”, apuntaba otra afectada. En su caso, además de la hipoteca, Bankia les obligó a comprar acciones por valor de 12.000 euros, que hoy “no valen nada”, señala Ramírez.
Los nuevos requisitos también ponen en peligro a PYMES. Fernando López tiene, junto a otros tres socios, una empresa de instalaciones eléctricas en Valencia. “Como el Gobierno lo apoyó, nos financiamos conforme a los ingresos previstos”, dice. Pidieron al banco dos millones de euros. Ya han pagado 800.000, pero con el recorte de entre el 45 y el 60% en las retribuciones ven muy difícil poder hacer frente al resto de la deuda. “Ahora mismo o abandonas o refinancias con las condiciones que te ponga el banco. Tampoco puedes vender, porque nadie podría pagarlo”, lamenta. En su caso, ese crédito no está avalado con patrimonio personal, pero si con el de la empresa, que podría ir a la quiebra.
Durante la protesta, que discurrió desde la plaza de Lima de Madrid hasta la de Cuzco, los asistentes exigieron, en palabras del presidente de Anpier, “seguridad jurídica” para que se respeten “los derechos que dieron lugar a las plantaciones solares”, “un nuevo modelo asentado en energías renovables” y “una política energética de Estado” y no “al servicio de cuatro grandes empresas”.