Los contratos adjudicados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) entre abril y junio de este año han deparado un par de sorpresas. Entre las adjudicaciones de ese trimestre, el primero bajo la presidencia de Juan José Zaballa, íntimo amigo de José Manuel Soria, el ministro de Industria (responsable de la tutela de la empresa pública), destaca un contrato menor (11.500 euros) para la elaboración de una “Estrategia integral de responsabilidad corporativa” a la consultora IQ228.
Esta firma fue constituida el 3 de octubre de 2013 por Ramón Cerdá Sanjuán, un gestor valenciano experto en la creación de empresas fantasma a través de Sociedades Urgentes, despacho especializado en la venta “inmediata” (“en solo una hora”) de “sociedades disponibles con garantía de inactividad” garantizando “confidencialidad de los socios ante terceros”.
Fuentes de Enresa declinan pronunciarse sobre el historial de Cerdá, cuya actividad es completamente legal pero que, casualmente, ha tenido entre sus clientes a un largo elenco de empresas que posteriormente han aflorado vinculadas a algunas de las principales tramas de corrupción del país, desde Gürtel hasta Nóos, pasando por Viajes Marsans, Imelsa, Mercalicante, Gowex o Carlos Fabra, por citar sólo algunos casos. Uno de sus últimos clientes conocidos ha sido la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
Desde Enresa enmarcan la adjudicación en la estrategia social española de RSC 2014-2010 que aprobó el Consejo de Ministros el 24 de octubre de 2014 y que insta a las empresas a implantar estrategias de RSC en su gestión. Recuerdan que el objeto de la estrategia global integrada de RSC de Enresa comprende determinar el ámbito de la RSC en Enresa “considerando todas las actuaciones, tanto internas, como externas”, identificando a sus grupos de interés y pautas de actuación.
Un colega de Soria
La adjudicataria, IQ228, se encargará de esa labor para una empresa que tiene una plantilla de más de 300 empleados y que maneja un presupuesto multimillonario para gestionar los residuos nucleares generados en España. IQ228 fue constituida bajo la denominación de Amber Center, S.L. y rebautizada el 15 de enero de 2014, una semana después del nombramiento de su actual administrador único, Carlos Gómez García. Este alto funcionario de 58 años (técnico comercial y economista del Estado, como Zaballa y Soria) se dedica desde 2012 a la consultoría de negocio (actualmente administra más de una decena de sociedades) y ha ocupado puestos de responsabilidad en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el Ministerio de Industria y el Instituto de Comercio Exterior (Icex), entre otros organismos.
En 2013, IQ228 declaró unas pérdidas de 45,42 euros y ventas de 13.668 euros, según sus cuentas de ese ejercicio, el único disponible. En ellas explica que su objeto social es “la intermediación en la redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo, así como la intermediación en el asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia acepción, tasaciones, peritaciones, actividades veterinarias, centros sanitarios y de análisis y de reconocimiento médicas [sic]”.
Este diario intentó el pasado viernes contactar con Carlos Gómez y con la propia IQ228 a través de un teléfono móvil y de los contactos que la empresa facilita en su página web: un teléfono fijo al que nadie responde, un correo electrónico que devuelve los emails (aparentemente, la dirección es incorrecta) y un formulario de contacto.
IQ228 dice apoyarse “en expertos del sector que han ocupado altos puestos directivos en las organizaciones públicas y privadas, así como en soluciones innovadoras y contrastadas por nuestros socios estratégicos” y trabaja en torno a “cuatro ejes fundamentales”, según su web: innovación y emprendimiento, eficiencia, gestión de redes sociales y capital humano. “Somos un grupo de profesionales y directivos de primer nivel que replanteamos la forma de entender las organizaciones públicas y privadas. Basamos nuestra colaboración en tres pilares básicos: Conocimiento y visión innovadora. Experiencia práctica contrastada en asesoramiento y ejecución de proyectos complejos. Socios estratégicos con soluciones reales a las necesidades de nuestros clientes”, dice su web.
En ella hay colgados dos artículos de Francisco J. Fernández Ferreras, exdirectivo de Everis, la consultora de la que es vicepresidente Eduardo Serra, exministro de Defensa con el PP. Ferreras y el administrador único de IQ228 tienen un nexo común: la empresa Strategic Minds of Management, disuelta en febrero de este mismo año. Carlos Gómez era su vicepresidente y Ferreras, consejero. Su presidente era el fugaz exvicepresidente (1989-1990) del PP, histórico directivo de la CEOE y presidente de honor de la patronal madrileña CEIM, José Antonio Segurado. Este también presidía otra consultora, Minds Digital Trends, disuelta este año y de la que el administrador único de IQ228, Carlos Gómez, era, a su vez, vicepresidente.
“Delitos penales”
Los contratos menores publicados por Enresa en cumplimiento de la Ley de Transparencia también recogen sendas adjudicaciones para los conceptos de “asesoramiento” y “formación” sobre el “sistema de cumplimiento de delitos penales de Enresa”. Este sistema, según fuentes de Enresa, busca dar respuesta a la última reforma del Código Penal y tiene por objeto “minimizar los riesgos de una imputación a Enresa como responsable de un delito penal”.
En mayo pasado, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la compra de 10 contenedores de combustible nuclear gastado por parte de la dirección de Enresa, adjudicados el pasado 12 de mayo por más de 26 millones de euros (casi 32 millones de euros). El presidente de la empresa llevó adelante la operación pese a la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad de Enresa, Maribel Rivera, que se negó a firmar la adjudicación.
La denuncia, sobre la que la Fiscalía todavía no se ha pronunciado, acusaba de malversación de fondos públicos al actual presidente de Enresa, Zaballa, y a su antecesor, Francisco Gil-Ortega Rincón, que dimitió en febrero tras un escándalo de gastos sin justificar cargados a su tarjeta de crédito corporativa y ante las crecientes dudas sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).