Nueva dimisión en la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a cuenta de una adjudicación millonaria. La hasta hace unos días jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad de Enresa, Maribel Rivera, ha presentado su dimisión, según consta en una comunicación remitida a la plantilla por el departamento de Recursos Humanos el 10 de abril.
Fuentes oficiales de Enresa atribuyen la dimisión de Rivera a “razones personales”, aunque, según fuentes internas, la decisión está relacionada con su negativa a firmar una adjudicación de 32 millones de euros (sin incluir impuestos) para el suministro de diez contenedores de residuos nucleares para las centrales atómicas españolas. El concurso, valorado en 38,72 millones de euros (impuestos incluidos), se lanzó a finales del año pasado, cuando se suponía, al menos oficialmente, que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca) iba a estar listo en los plazos previstos por Enresa y el Gobierno.
El Consejo de Administración de Enresa pretende dar luz verde en su reunión de este lunes a la adjudicación, que fuentes del sector cuestionan por varios motivos. En primer lugar, su oportunidad, dado que, con el ATC retrasado y sin fecha de finalización, adquirir contenedores de este tipo (se trata de unidades de “doble propósito”, que se utilizan para dos funciones, almacenamiento y transporte de residuos) podría carecer de sentido. Sobre todo para transportar residuos.
Por otro lado, y de acuerdo con esas fuentes, Enresa quiere adjudicar este contrato a Equipos Nucleares (Ensa), otra empresa estatal de la órbita de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pese a que en el mercado existen otros proveedores capaces de proporcionar ese material a un precio muy inferior a esos 32 millones de euros.
Hay varios ejemplos, como la estadounidense Holtec (que ofrece contenedores tres veces más baratos), la francesa Areva o la alemana GNS. Y algunas fuentes atribuyen la decisión de adjudicar a Ensa a un empeño del vicepresidente de la SEPI, Federico Ferrer, que tiene cierta experiencia en el sector como exconsejero de Enusa, otra empresa del ámbito nuclear perteneciente al holding público.
El contrato no tiene, pues, relación directa con el polémico ATC que, tras los retrasos acumulados (y un escándalo de gastos no justificados), se cobró en febrero la cabeza del hasta entonces presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega.
Nombramiento
La salida de Gil-Ortega, oficialmente también por “razones personales”, se debió a las prisas del exalcalde de Ciudad Real por adjudicar la obra civil del ATC (217 millones, sin contar IVA) sin los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Medio Ambiente. Tras el nombramiento como nuevo presidente de Juan José Zaballa, hasta entonces directivo de Paradores de Turismo y de absoluta confianza del ministro que tutela Enresa, José Manuel Soria (Zaballa y el titular de Industria fueron compañeros de promoción), Enresa trata de recomponer su cúpula.
Zaballa ha mantenido al equipo directivo que quedó tras la salida de Gil-Ortega, aunque empieza a rellenar los huecos que quedaban tras las salidas que precedieron a la caída del manchego. Carmen García Franquelo es la elegida como nueva directora de Administración. La funcionaria cubre la vacante que dejó en ese cargo Eugenio Alejandre, despedido por Gil-Ortega pocas semanas antes de su caída por su rechazo a adjudicar ese megacontrato.
García Franquelo (que desde su nuevo cargo será la responsable de la política de compras y contrataciones de Enresa) procede del Ministerio de Hacienda, en concreto del organismo autónomo Parque Móvil del Estado, donde había sido secretaria general y subdirectora general de Régimen Económico. Oficialmente, aseguran desde Enresa, “no se ha producido ningún nombramiento”.