Cinco meses después de que eldiario.es adelantara la existencia de una auditoría interna que alertaba del posible “enriquecimiento injusto” del entonces presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha reconocido este miércoles en el Congreso que el exalcalde de Ciudad Real cobró gastos que “no estaban adecuadamente justificados”, aunque posteriormente esta circunstancia quedó “subsanada”. Gil-Ortega dimitió en febrero pasado alegando “razones personales”.
Según explicó Soria en su comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, en junio de 2014, la dirección de Auditoría de Enresa, creada por el propio Gil-Ortega, emitió “un informe relativo a los gastos de representación del ejercicio 2013” en el que “se pone de relieve que algunos de tales gastos no estaban adecuadamente justificados”.
En la reunión de la Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración de Enresa del 23 de julio, ese órgano requirió “la subsanación de las facturas cuando resultara posible, así como la devolución de las cantidades indebidamente percibidas o justificadas”.
“De acuerdo con la información recabada en noviembre del 2014 en lo que respecta a los gastos del anterior presidente, esta información ha sido subsanada” y “no existe ningún cargo en su tarjeta de crédito sin justificar”, explicó Soria, en contestación a una pregunta del diputado socialista Luis Carlos Sauquillo. La tarjeta fue “utilizada exclusivamente para el pago de los gastos de representación”.
Gil-Ortega dimitió en febrero pasado tras empeñarse en adjudicar la obra civil del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas, más de 217 millones de euros, sin contar con los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Según Soria, “no consta en Industria con toda la información que ha sido aportada por parte de la empresa ninguna irregularidad” en su gestión, “de acuerdo a toda información de la que disponemos y que ha sido remitida a las Cortes”.