Continúan los gestos para empujar la regulación del alquiler a nivel estatal. Siete partidos han firmado un comunicado posicionándose a favor, sumándose a los sindicatos de inquilinos y a las organizaciones sociales, que hicieron lo propio a principios de semana. BNG, Esquerra Republicana, Bildu, Compromís, Más País y la CUP se suman así a Unidas Podemos —la facción del Gobierno que apoya la medida y que se reunió con los sindicatos para presionar— y piden por carta que se adopte de forma urgente.
El movimiento llega en vísperas de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno pretende presentar la semana que viene. El PSOE quiere llevar el proyecto el martes el Consejo de Ministros, pero Unidas Podemos discrepa y asegura que sin este asunto cerrado, se retrasará. Por otro lado, el ejecutivo necesitará los apoyos de los partidos firmantes para sacar las cuentas públicas adelante.
“Si garantizar esta medida ya era necesario antes de la pandemia, el recrudecimiento de las consecuencias económicas y la enorme caída de ingresos la hacen aún más necesaria”, dice el texto. “A las puertas de la segunda ola, es más urgente que nunca blindar la ley catalana y habilitar al resto de Comunidades Autónomas para regular el precio del alquiler”. Catalunya aprobó su propia ley de alquileres en septiembre pero podría ser recurrida en el Constitucional. Una ley estatal la “blindaría” , de acuerdo a los firmantes.
Pese a que la regulación estatal es un compromiso del pacto de coalición —concretado en el punto 2.9.3— en las últimas semanas los socialistas se han echado atrás. Argumentan que la pandemia ha cambiado las reglas del juego y que es necesario estudiar su efecto sobre el mercado antes de seguir adelante.
“Hay quien dice que han bajado los alquileres y hay quien dice que no se han visto afectados. No sabemos con certeza cuál es la situación del mercado del alquiler”, afirmó el ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, esta semana. “Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda”. Asimismo, Ábalos ha expresado que el “instrumento jurídico adecuado” sería la futura Ley de Vivienda Estatal, cuyo anteproyecto se encuentra en fase de consultas.
El compromiso del pacto incluía dos aspectos. El primero, la publicación de un índice de referencia de precios. Eso ya se ha cumplido. El segundo era la habilitación a las comunidades autónomas y ayuntamientos para usarlo y poder intervenir el mercado en zonas “tensionadas”. La ley catalana ha ido algo más allá y ha incluido a Barcelona y a otros 59 municipios del área metropolitana en la regulación, fijando precios máximos en función del último contrato y de su propio índice.