“Incumplimiento de principios contables”, costes que “no pueden ser objeto de comprobación, debido a la inexistencia de datos” y bienes “disfrutados en situación de precario” que “siguen sin estar reflejados en la contabilidad” del organismo.
Son los motivos por los que los auditores de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda han introducido salvedades a las últimas cuentas anuales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
“Nuestra contabilidad es totalmente fiel”, defienden fuentes de esta entidad, que vela por la transparencia de las Administraciones públicas y lleva años denunciando falta de medios materiales y humanos. Esas fuentes señalan que las salvedades que incluye el informe son por “cosas menores” y en el organismo no hay “ni un euro fuera de control”.
En el informe de auditoría, al que ha tenido acceso elDiario.es, fechado el 7 de julio, la IGAE considera que las cuentas del CTBG reflejan adecuadamente “la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2020”. Pero ha introducido salvedades al apreciar “incumplimiento de principios contables”, según se lee en el informe.
En primer lugar, hay costes que “no pueden ser objeto de comprobación, debido a la inexistencia de datos”, por la no implantación de un sistema de contabilidad analítica habilitado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, denominado CANOA (Sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para las Organizaciones Administrativas) y que debía implantarse en el ejercicio 2020. Finalmente, no se hizo “y, por tanto, no es posible comprobar la composición ni el soporte de los costes”, dice la IGAE.
Fuentes del CTBG aseguran que lleva desde 2019 intentando implantar CANOA y que si no lo han hecho hasta ahora no es por su falta de medios materiales, sino por la llegada de la pandemia y por la escasez de recursos de la propia IGAE, que no lo ha puesto hasta el año pasado a disposición del organismo.
En sus cuentas de 2020, Transparencia explica que el pasado ejercicio comenzó “a iniciar la implantación” de ese sistema y el 16 de noviembre la IGAE “aprobó el Informe de Personalización del Modelo de Contabilidad Analítica del CTBG”. Argumenta en esas cuentas que, en virtud de una orden ministerial por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, “durante el primer ejercicio al que se refieran las cuentas anuales en que se incluyan datos sobre cálculo de costes obtenidos de acuerdo con lo determinado por el Sistema CANOA, particularizado en el Documento de Personalización de cada ente, no será obligatoria la presentación de datos relativos a los indicadores de gestión incluidos a la nota 26 de la Memoria de la Tercera Parte del plan General de Contabilidad Pública”.
Bienes “en precario”
Los auditores de Hacienda también destacan que Transparencia no ha cumplido las normas contables al contabilizar los bienes cedidos por su casero, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), dependiente de Hacienda y a la que alquila su sede desde su creación en 2015 a cambio de unos 200.000 euros anuales.
Se trata de bienes “tanto muebles como inmuebles, disfrutados en situación de precario” y que “siguen sin estar reflejados en la contabilidad del Organismo, situación recurrente en los últimos ejercicios”, dice la IGAE.
En sus cuentas, el CTBG explica que el mobiliario que utiliza “se considera como parte del contrato de arrendamiento de la sede. Todos estos bienes en uso están dotados de su correspondiente etiqueta con el código de barras e identificados, en su naturaleza y ubicación, en la relación actualizada de mobiliario que existe en el Consejo”. Fuentes del Consejo afirman que se trata de mobiliario de oficina (no inmuebles) que “tiende a desaparecer” porque va a ser renovado próximamente.
Otro incumplimiento de la normativa contable, siempre según la IGAE, es que “siguen pendientes de valoración las dos obras pictóricas que han sido cedidas por MUFACE”, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y que “permanecen en el inventario del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”.
En sus cuentas, el CTBG recuerda que en abril de 2015, cuando se creó el organismo, recibió en régimen de cesión once obras por un plazo de cinco años prorrogable anualmente. A cierre de 2020 solo tenía dos, tras devolver a MUFACE nueve de ellas en junio. Como en años anteriores, “se ha solicitado a MUFACE una valoración económica de las obras con el fin de incorporarlo al inmovilizado de la entidad”. Pero “desde MUFACE se ha indicado que no es posible dicha valoración ya que estas obras pertenecientes a sus fondos provienen de certámenes artísticos promovidos por la entidad, careciendo de valor económico”, indica en sus cuentas.
Falta de medios
La IGAE ya introdujo en 2019 salvedades a las cuentas del consejo de 2018, entonces relativas a la incorrecta contabilización de las transferencias corrientes y de capital con cargo a Presupuestos y la falta de mecanismos de control interno para contabilizar los fondos derivados de un convenio de colaboración del organismo con la Administración General del Estado, discrepancias que se solucionaron con posterioridad.
La entidad estuvo descabezada tres años, hasta octubre pasado, tras no cubrirse en ese periodo la vacante de su fallecida primera presidenta, Ester Arizmendi. Con una plantilla de apenas 21 empleados a 31 de diciembre, uno menos que un año antes, lleva años clamando por la insuficiencia de recursos humanos y materiales, incapaz de hacer frente al incremento anual de reclamaciones que reciben, pese a la ligera caída registrada en 2020 por la pandemia.
Su presidente desde octubre, José Luis Rodríguez Álvarez, denunció en junio en el Congreso la “precariedad crónica” que sufre el CTBG desde su creación. Algo que, dijo, no afecta a su imparcialidad, pero sí a su “independencia de actuación”, puesto que le impide desarrollar eficazmente todas sus funciones. Explicó que el presupuesto de 2,38 millones con el que cuenta el CTBG es “manifiestamente insuficiente” y que sería necesario “al menos duplicar la cuantía”.
“Actualmente somos veinticuatro personas contando al presidente y a dos administrativos de nuevo ingreso. No hace falta, por tanto, un estudio muy profundo para darse cuenta de que la dotación actual, a pesar del compromiso que todos los funcionarios tienen y demuestran cada día, que merece un gran reconocimiento por su dedicación y desempeño, es notoriamente insuficiente para que el consejo gestione de manera eficiente la carga de trabajo actual”, argumentó.
Rodríguez recordó que el organismo carece de secretaría general o de gabinete jurídico, algo “inconcebible teniendo en cuenta que su función principal es precisamente la garantía de un derecho, teniendo en cuenta también la complejidad técnica de las reclamaciones y el abundante número de procesos contenciosos a los que tiene que hacer frente”. Y añadió que esta falta de medios materiales y personales “es algo que ya ha sido denunciado en varios informes de relevantes organismos nacionales como el Tribunal de Cuentas, supranacionales —la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de derecho— e internacionales, como el grupo Greco en su informe de evaluación de junio del año 2019”.