La reforma de pensiones acumula más de un mes de retraso, pero no logra salir de la situación de “impasse” o “bloqueo”. La ampliación del periodo de cómputo es el principal foco de diferencias, pero el ministro José Luis Escrivá insiste en sacar adelante la medida, comprometida a Bruselas. Para intentar aprobar este último bloque de cambios al completo, el Ministerio analiza incorporar algunas de las demandas de los sindicatos y los socios parlamentarios del Gobierno, como una “cuota de solidaridad” para los salarios más elevados, una mejora de las pensiones mínimas y ahondar en la lucha contra la brecha de género, según fuentes de la negociación.
El cierre de la reforma constaba de inicio de dos elementos, el aumento de lo que cotizan los salarios más altos y la ampliación de los años para calcular la pensión. Estas son las materias que se comprometieron en Bruselas dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, de manera que figuran como hito para el desembolso de los fondos europeos.
Pronto el Ministerio incluyó una tercera pieza, la extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aprobado en el primer bloque de la reforma, que consiste en una cuota adicional con destino a la hucha de las pensiones. Bruselas ha pedido que se estabilice este instrumento más allá de 2032, fecha en la que el Gobierno quería volver a analizar el estado del sistema de pensiones para acordar su continuidad.
Por último, fruto de la negociación y ante las reticencias de varias partes –también de Unidas Podemos dentro del Gobierno– a ampliar el periodo de cómputo, el Ministerio de la Seguridad Social está abierto a incluir otras medidas que demandan sus socios políticos y los sindicatos, explican varias fuentes. Todas ellas reconocen que la negociación aún “está muy abierta”, por lo que pueden decaer algunos de los elementos que hay sobre la mesa y también incorporar otros nuevos.
Una de las medidas sobre la mesa consiste en incluir una “cuota de solidaridad” o “recargo” a los salarios más altos, medida que el Ministerio ha planteado ya en Bruselas, como ha adelantado El País. Es una demanda de socios parlamentarios del Gobierno, como ERC, pero también encaja con la petición de los sindicatos y Unidas Podemos de que los trabajadores con remuneraciones más altas coticen por todo su salario. Lo que se conoce como el “destope” de los salarios más altos.
En estos momentos, a partir de los 4.500 euros al mes los sueldos no cotizan a la Seguridad Social, lo que sitúa a España como uno de los países de la UE donde las altas remuneraciones cotizan menos. El Ministerio de Escrivá había propuesto aumentar este 'tope' en los salarios un 30%, poco a poco, y un incremento de la pensión máxima del 30% que se aplicaría más adelante, a largo plazo.
Aunque ese 30% de aumento está en discusión, y los sindicatos han reclamado que sea más ambicioso, la medida que se explora ahora supone dar otro paso más: que los salarios más elevados, por encima de la base máxima de cotización, contribuyan con una “cuota solidaria” al sistema.
Por otro lado, hay una reclamación sindical en la que CCOO y UGT están ejerciendo especial presión: la necesidad de una mejora de las pensiones mínimas, otra medida que también podría acercar a fuerzas políticas progresistas y que analiza el Ministerio desde hace meses.
Aunque en este punto la discusión está más abierta, los sindicatos reclaman que el Gobierno dé un empujón hacia arriba a las pensiones mínimas. Estas ya tienen el compromiso de que subirán cada año con la inflación, por el nuevo mecanismo de revalorización de pensiones, así que se reclama un impulso aún mayor en esta fase final de la reforma de pensiones. Este incremento impactaría además reduciendo la brecha de género de las pensiones, subrayan los sindicatos.
Se barajan también varias medidas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en las pensiones. El Ministerio ha ofrecido un aumento del complemento de maternidad y la mejora de cotización en periodos sin trabajar por cuidados, pero los sindicatos tacharon la propuesta de “insuficiente” y piden que el Ministerio sea más ambicioso en las mejoras.
“Colocamos el foco en tres materias: el sistema de integración de lagunas, la mejora del complemento de brecha de género o los periodos considerados cotizados en situaciones de excedencia” por cuidados, explicó la semana pasada en una rueda de prensa Carlos Bravo, de CCOO.
Más allá de estas tres medidas, con conversaciones más avanzadas, UGT pidió hace semanas que se facilitara el acceso a la pensión, rebajando de 15 a 12 años el mínimo de cotización exigido para recibir una pensión contributiva.
Fuentes de la negociación consideran que la discusión aún puede variar, sobre todo hasta que el Gobierno resuelva su debate interno y llegue a una postura única en esta materia entre PSOE y Unidas Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido en que el Gobierno legisla “avances de derechos”, algo que no considera que encaja con la ampliación del periodo de cómputo que pretende Escrivá.
Varias voces señalan que la medida , con beneficiados y perjudicados, pero un efecto neutro de media según el Ministerio, no es tan conflictiva por su contenido como porque varias fuerzas políticas creen que “no es necesaria” y que genera “ruido” sobre las pensiones en un año clave por las elecciones. “Una cosa es la verdad y otra el relato. Todo lo que cueste explicar en un año de elecciones, tristemente, tiene difícil salir adelante”, explican fuentes parlamentarias.
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