La negociación sobre pensiones avanza a ritmo lento, pero no puede demorarse mucho más. Se aproxima a su recta final y en el Ministerio de la Seguridad Social mantienen sus posiciones. La reforma debe incluir sus dos medidas comprometidas en esta última fase: el aumento de lo que cotizan los salarios más elevados, pero también la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión. Esta última medida aún tiene resistencias, tanto políticas (también dentro del Gobierno) como en los agentes sociales, pero en el Ministerio reiteran que es uno de los elementos fundamentales de la reforma y que por tanto debe salir adelante, según fuentes de la negociación.
El departamento dirigido por José Luis Escrivá mantiene la medida ante las peticiones de algunas voces, como los sindicatos, de apartar el periodo de cómputo de la negociación si no logra los apoyos necesarios. En la Seguridad Social negocian a varias bandas con el objetivo de sumar los apoyos necesarios y que el Consejo de Ministros pueda aprobar el paquete completo de la reforma, que, recuerdan, se comprometió en Bruselas como uno de los hitos para recibir los fondos europeos.
A falta de unos días y ante el ritmo de las negociaciones, parece difícil que el Gobierno pueda cumplir con el plazo marcado, antes de final de año. Todo indica que la aprobación se demorará, como ocurrió con la reforma de los autónomos. Aun así, la intención es que el retraso no se prolongue mucho, con la reforma aprobada en el mes de enero, según fuentes de la negociación.
La reforma del periodo de cómputo que está sobre la mesa es la siguiente: ahora se tienen en cuenta los últimos 25 años de carrera laboral para calcular la pensión y Escrivá propone ampliar el periodo tres años, con varios matices. Plantea considerar los últimos 30 años de la carrera laboral y descartar los 24 peores meses de cotización en ese periodo (dos años en total, pero que no tienen que ser continuos). Así, al final se tendrían en cuenta 28 años de carrera laboral para el cómputo.
La extensión iría acompañada de una mejora de las llamadas 'lagunas de cotización', que perjudican más a las mujeres por tener más interrupciones en su carrera y más reducciones de jornadas por cuidados. Tras peticiones de los sindicatos y la patronal en este sentido, el Ministerio de la Seguridad Social está mejorando su propuesta inicial sobre 'lagunas' para contribuir a reducir la brecha de género en las pensiones. Los agentes sociales insisten en que, por el momento, la oferta es insuficiente.
¿Cómo afectarían estos cambios a la pensión? Depende de cada carrera laboral, hay beneficiados y perjudicados según las situaciones individuales de cada trabajador, aunque, según el Ministerio de Escrivá, el efecto medio de la medida es “neutro”. Es decir, según esos cálculos, en el conjunto del sistema la medida no supondría un recorte, sino que la situación se quedaría más o menos igual (ligeramente al alza).
Dado que el aumento en el periodo es reducido respecto a los anteriores aprobados –de 8 a 15 o de 15 a 25 años– y, teniendo en cuenta también las medidas complementarias, su efecto sería, mantienen en el Ministerio, limitado. Aun así, hay personas con pensiones más bajas y carreras menos estables que se verían beneficiados, mientras que reduciría en una pequeña cuantía las prestaciones de quienes tienen pensiones más altas, carreras más estables y salarios ascendentes, como estimó un estudio con una hipótesis similar el Banco de España.
En sus últimas intervenciones sobre pensiones, el ministro Escrivá ha defendido la ampliación del periodo de cómputo desde esta perspectiva de de “equidad”. El titular de Seguridad Social subraya que su propuesta supone un mayor el beneficio de las pensiones de los más precarios en detrimento de las personas con prestaciones más altas. Todo ello con una aplicación progresiva en el tiempo, ya que el Ministerio propone extender esos tres años poco a poco, a partir de 2027 y hasta 2038.
Además, el responsable de la Seguridad Social reitera que las carreras más inestables serán más numerosas en el futuro, por lo que el Ministerio defiende que el cómputo propuesto da más seguridad a las personas que se incorporan ahora al mercado laboral.
Desde el Ministerio, se intenta lograr el apoyo de las fuerzas progresistas de la investidura, aunque por el momento no lo ha logrado. La formación más reticente ha sido Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno, pero Escrivá mantiene la confianza en que, finalmente, se logrará un acuerdo.
Tras conocer el planteamiento de la Seguridad Social, la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que frente a las propuestas de su departamento “que avanzan en la recuperación de derechos”, la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones suponía “recortar derechos”. “Es un endurecimiento del acceso a las pensiones”, dijo entonces la también responsable de Empleo, aunque en realidad el acceso no se modifica (15 años cotizados para tener derecho a una pensión contributiva).
CCOO y UGT señalan, por su parte, que no entrarán a negociar este punto mientras no exista un acuerdo político. Los sindicatos no están entrando a criticar la medida en sí, solo que consideran que no es necesaria en estos momentos y menos si no tiene respaldos políticos. Si Escrivá los consigue, los sindicatos reclaman que la reforma incluya otras medidas que consideran fundamentales en un paquete más amplio, como es abordar la suficiencia de las pensiones mínimas, entre otras.
Tanto UGT como Comisiones Obreras piden además garantías de que el impacto de la medida será, efectivamente, neutro, algo que ya están mostrando los cálculos de la Seguridad Social en la mesa de diálogo, según varias fuentes. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado este jueves que la propuesta de ampliar el periodo de cálculo ha “distorsionado” la negociación sobre pensiones y ha reclamado medidas “muy ambiciosas” para mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social.
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