Escrivá dice que la baja de las mujeres por reglas dolorosas está todavía “en discusión” dentro del Gobierno

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado este jueves que la baja laboral de tres días para las mujeres por menstruaciones dolorosas, que se recoge en la nueva Ley del aborto que ha elaborado el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, está todavía “en discusión” en el Gobierno, informa la agencia Europa Press.

José Luis Escrivá, que ha participado en el Congreso de EFPA, ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando “internamente” en dicha ley, que aún se encuentra “en proceso de trabajo interno en los órganos colegiados del Gobierno”. Las declaraciones de Escrivá son significativas ya que la Seguridad Social es quien tiene las competencias en el reconocimiento de las bajas laborales.

El ministro ha afirmado que el Gobierno pretende “armonizar” dos elementos orientados a mejorar la situación de las mujeres. Por un lado, mejorar su protección social y, por otro, impulsar su participación en el mercado laboral en “mejores condiciones”.

“En eso estamos, pero todavía está en proceso interno de discusión en el Gobierno”, ha indicado el ministro, lo que hace cuestionar que la medida pueda salir adelante tal y como está en estos momentos en el borrador de la norma de Igualdad.

Subida de las pensiones con el IPC

El ministro ha vuelto a defender la actualización de las pensiones con el IPC en el actual contexto de alta inflación. Escrivá ha sostenido que la reforma de pensiones, que recoge este mecanismo de subida anual pactado con los agentes sociales y que recibió el apoyo de la mayoría política en el Parlamento, es de “larguísimo plazo” y que no puede modificarse por una situación de inflación “transitoria”.

“No está en discusión ni pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones”, ha afirmado el ministro.

Por último, sobre la ruptura de las negociaciones de los agentes sociales sobre la subida de los salarios, José Luis Escrivá ha insistido en que este tema ha de dejarse en manos de empresarios y sindicatos, aunque ha añadido que hay “consideraciones sectoriales” que deben determinar el límite de crecimiento de los salarios en cada uno de los sectores.

“Hay que dejar a los agentes sociales, es un ámbito suyo de discusión y no creo que desde el Gobierno tengamos que tener posiciones particulares”, ha apuntado.