“Un cambio de enfoque histórico”, “un carril muy diferente a hace cinco años”, “un punto de inflexión”. La izquierda parlamentaria ha mostrado este miércoles en el Congreso las primeras muestras de apoyo a la reforma de pensiones que el Gobierno acaba de pactar a nivel interno y con los sindicatos mayoritarios por suponer un cambio de perspectiva para garantizar las pensiones públicas a través de un refuerzo de los ingresos en lugar de con recortes en el gasto. La derecha por su parte ha rechazado la propuesta del Ejecutivo, que dicen que es insostenible, pese al visto bueno de Bruselas.
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha acudido este miércoles al Pacto de Toledo para desgranar el acuerdo de pensiones alcanzado, que previsiblemente se aprobará mañana jueves en un Consejo de Ministros estraordinario. Escrivá ha detallado medidas como el aumento de las pensiones mínimas para los próximos cinco años, que según las estimaciones del Ministerio, subirán un 22% hasta 2027, cuando se situará en torno a los 1.180 euros al mes en catorce pagas.
Los portavoces parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han felicitado al ministro por el texto alcanzado, tras mucha negociación en el seno del Gobierno entre las dos alas de la coalición, pero también con los sindicatos y la izquierda independentista catalana y vasca. Sus negociadores han impulsado para que salieran adelante medidas como el aumento de las pensiones más bajas y el llamado 'destope' de los salarios más altos, para poner fin a la exención de cotizar a los sueldos más elevados.
“Después de años de picar piedra hemos contribuido a demostrar la viabilidad del sistema público de pensiones y su capacidad de mejora”, ha destacado el diputado Jordi Salvador, de ERC. Aina Vidal, de Unidas Podemos, ha destacado que se ha demostrado “que se podían mantener las cuantías de las pensiones a futuro”, mientras que Iñaki Ruiz de Pinedo ha llamado a “tener perspetiva y mirar para atrás”, a los recortes de pensiones del PP y las subida del 0,25% para valorar la importancia de la legislación ahora a debate.
Las fuerzas de izquierdas han puesto en valor no solo la propuesta final del Gobierno, sin recortes en las pensiones a futuro, sino también la labor de negociación del equipo de José Luis Escrivá con la Comisión Europea para que avalara esta hoja de ruta.
El ministro ha explicado que el examen de Bruselas ha sido “especialmente riguroso” y “minucioso” con España, ya que nuestro país ha sido el primero de otros muchos que incluye la reforma de su sistema de pensiones en el Plan Europeo para la Recuperación y, además, introducía un cambio de paradigma al que la Comisión no estaba acostumbrada.
La derecha se desmarca
Por su parte, la derecha de PP, Ciudadanos y Vox han adelantado su rechazo a la propuesta del Ejecutivo de la mano de muchos argumentos de la patronal, como que supone un “impuestazo al empleo”, en palabras del parlamentario del PP, Tomás Cabezón, que ha replicado las del líder de los empresarios, Antonio Garamendi.
Además, los tres partidos han insistido en otra idea: no se creen los números del Gobierno y dicen que el sistema de pensiones será insostenible en los próximos años, para lo que se refieren a estudios recién publicados por gabinetes de estudios como Fedea y BBVA Research. Este último estima una destrucción de unos “200.000 empleos” como consecuencia de la norma, ha destacado el PP.
El ministro ha rechazado la rigurosidad de estos estudios, realizados en cuestión de días y sin conocer aún el detalle de la legislación, mientras que ha destacado la credibilidad de los meses de análisis detallado de la Seguridad Social, así como de la Comisión Europea.
José Luis Escrivá ha destacado además que los análisis y expertos que enarbola la derecha para atacar la propuesta del Ejecutivo están en su mayoría formados por especialistas que asesoraron al Gobierno de Rajoy en su reforma de grandes recortes de pensiones del 2013. La parlamentaria socialista Mercè Perea ha pedido no hacer “caso a los agoreros sin fundamento en nada” y ha subrayado la garantía de la viabilidad del sistema público para las próximas décadas, con los jóvenes como principales beneficiados.
Tramitación parlamentaria para permitir cambios
Para convencer a un espectro parlamentario más amplio, el ministro Escrivá además se ha abierto a tramitar el decreto en el Parlamento como un proyecto de ley. “Vamos a intentar que como proyecto de ley se pueda mejorar”, ha respondido a la petición de parlamentarios de Coalición Canaria, PNV y Junts, entre otros.
Desde el PNV, socio de investidura de la coalición progresista, han expresado inquietudes sobre algunos elementos de la norma, como la mayor cotización de los salarios altos y que los becarios coticen, pero han celebrado la mejora de las pensiones mínimas y las medidas para reducir la brecha de género. En Junts han lanzado una propuesta que ha sido bien recibida por el ministro, graduar más la “cuota de solidaridad” sobre los salarios más altos, para que sea más progresiva dentro de las personas con remuneraciones muy elevadas.