El ministro José Luis Escrivá quiere reducir las prejubilaciones pactadas entre empresas y sindicatos en procesos de reestructuración como los ERE. “Aquí tenemos que hablar con los agentes sociales, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que tenemos que intentar otros métodos de política económica”, afirmó el responsable de la Seguridad Social esta semana. Escrivá considera que estas salidas anticipadas del mercado laboral, en las que trabajadores de avanzada edad dejan sus puestos con condiciones pactadas a la espera de una jubilación próxima, sobrecargan el sistema público de pensiones. “No vayamos al camino fácil”, emplazó el ministro, que aseguró que hablará de “alternativas” con los agentes sociales.
Las prejubilaciones, pactadas en la negociación colectiva o de manera individual, pueden ser de diferentes tipos. El sector financiero es uno de los que más recurre a esta herramienta cuando reduce su personal, aunque no el único. Un ejemplo práctico frecuente: el trabajador es despedido y se va al paro por dos años –ya que suelen tener el periodo cotizado para ello– con un complemento de renta por parte de la empresa para que no pierda tanto poder adquisitivo. Una vez termina su derecho a la prestación por desempleo, el empleado está en edad para poder jubilarse (muchas veces de manera anticipada) o al menos cerca, por lo que pasa a recibir la pensión cuando cumple las condiciones para ello.
Las opciones de prejubilaciones son múltiples y dependen del acuerdo que alcancen las partes. Por ejemplo, el ERE que aplicó Banco Santander el año pasado para más de 3.000 personas incluía prejubilaciones a partir de los 55 años. El banco dirigido por Ana Botín dará a conocer los detalles de otro ERE la semana que viene, dentro de una amplia lista de expedientes anunciados en las grandes entidades financieras.
Las declaraciones de José Luis Escrivá sobre las prejubilaciones se unen a los anuncios que ha ido adelantando sobre la reforma de las pensiones en la que trabaja su Ministerio, como su intención de endurecer el acceso a la jubilación anticipada voluntaria de los trabajadores con salarios altos y el fomento de la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación. Tras el acuerdo político en la comisión del Pacto de Toledo, que aún debe someterse a la votación del Pleno del Congreso de los Diputados, llega el turno de la negociación con los sindicatos y las patronales al respecto. El Ejecutivo de coalición ha reiterado su intención de revisar la legislación sobre pensiones con el respaldo del acuerdo político, pero también del social, con el aval de los agentes sociales.
En este segundo ámbito se encuadran las palabras del ministro sobre las prejubilaciones, que forman parte de la negociación de empresas y representantes de los trabajadores en el seno de las compañías y que pueden escaparse un poco de la reforma legislativa per sé de las pensiones y entrar más en terreno de la normativa laboral en manos de la ministra Yolanda Díaz.
A falta de que se concreten las intenciones del ministro y su capacidad de maniobra para abordar este asunto, lo que Escrivá ha expresado es su voluntad de hablar con los agentes sociales para tratar de sustituir las prejubilaciones por otras fórmulas “alternativas” que mantengan a los trabajadores de avanzada edad en el mercado de trabajo.
“La gente lo que quiere es seguir trabajando. Sé que esto a veces es difícil, tenemos que mirar a ver si hay mecanismos de subsidio de salarios, posibilidades a través de políticas activas de empleo,... Trabajar más en ese camino, evitar el camino fácil de desactivarles antes del mercado laboral y cargar a la jubilación”, afirmó el ministro en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
Trabajadores expulsados del mercado laboral
España destaca en la UE por tener una tasa de empleo entre los mayores de 50 años bastante reducida en comparación con otro países europeos. El dato es del 33,1%, por debajo de la media de los 27 países de la Unión (36,8%) y muy lejos de Estados como Suecia (45,4%)y Alemania (44,6%), entre otros. Aunque este indicador depende de muchas cuestiones –como el tejido productivo de los países y si sus trabajadores están más o menos concentrados en sectores que requieren de esfuerzo físico o no, entre otras–, los sindicatos y el Gobierno ponen el acento en un mercado laboral español que “expulsa” a las personas de avanzada edad y que, una vez que se quedan sin empleo, tienen muy difícil encontrar uno nuevo.
En este contexto, los sindicatos tienen sus recelos respecto a las palabras de Escrivá sobre las prejubilaciones, aunque confían en que el ministro les detalle pronto en la mesa de negociación a qué se refiere y cómo quiere abordar el asunto. En CCOO y UGT consideran que esta materia entra más en la legislación laboral que de pensiones y subrayan la importancia de mejorar la inserción laboral de este objetivo. Los sindicatos precisan que, una vez la empresa decide aplicar un despido colectivo, las prejubilaciones se sitúan como una de las opciones de salida “no traumáticas” para los trabajadores, para los que buscan “las mejores condiciones de salida”.
Si no se quiere que las personas de avanzada edad salgan en los ERE, “que limiten la salida de la gente con más de 50 años para que sigan trabajando hasta el final. Las empresas ahora utilizan las facilidades de la legislación española que existen”, afirma Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Bravo considera que “la incoherencia ahora está en que la legislación facilita procesos de regulación incluso en empresas sin dificultades económicas”.
Desde UGT, Mari Carmen Barrera recuerda que las prejubilaciones entran dentro de la negociación colectiva y señala, sobre las jubilaciones anticipadas voluntarias, que “el 81,5% de las personas que se jubilan de manera anticipada proceden del desempleo”, según el análisis de datos del sindicato, por lo que no consideran que se puedan llamar “voluntarias” en muchos casos.
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT llama a centrar la atención en esas situaciones de precariedad y paro que debilitan más tarde las pensiones de los afectados. “Lo que sí está en el Pacto de Toledo y hemos emplazado al Gobierno a hablar ya es qué pasa con las personas con largas carreras de cotización que ven mermada su pensión de manera injusta”, apunta sobre los trabajadores que se ven obligados a jubilarse de manera anticipada tras caer en desempleo.
Por su parte, fuentes de la patronal CEOE indican que los empresarios están a la espera de que el ministro les convoque a la mesa de diálogo para abordar el debate sobre las pensiones y recuerdan que la intención de las empresas es “siempre mantener todo el empleo posible, a cualquier edad”.