El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido este lunes que el Estado solo traspasará las competencias del ingreso mínimo vital, la nueva renta mínima a nivel estatal para familias en riesgo de pobreza, cuando su gestión sea “más eficaz” que la de la Seguridad Social, ha explicado Escrivá esta tarde en comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. “Lo que los ciudadanos no van a entender es que se transfieran competencias y se tarde más” en tramitar, ha sostenido Escrivá.
El ministro ha comparecido en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el ingreso mínimo vital, cuyo decreto se vota este miércoles en el Congreso, así como para dar algunos detalles de la evolución del empleo durante la crisis del coronavirus.
Sobre esta última materia, los datos facilitados por Escrivá señalan que la 'deshibernación' de los ERTE continuó con intensidad en los tres primeros días de junio. Tras una salida de unos 400.000 trabajadores de expedientes de regulación temporal de empleo en el mes de mayo, otras 90.000 personas salieron de ERTE hasta el 3 de junio. En esta fecha, había 2.820.000 empleados aún incluidos en esta herramienta.
En cuanto a la recuperación del empleo destruido en términos de afiliación a la Seguridad Social en la crisis por la pandemia, el ministro ha detallado que se sitúa ya algo por encima del 20%.
Tras Euskadi y Navarra, no se extenderá “porque sí”
Varias de las preguntas de los grupos parlamentarios, como Compromís, ERC y PP, entre otros, cuestionaban al ministro sobre cuándo podrán las Comunidades Autónomas gestionar el ingreso mínimo vital, como harán Euskadi y Navarra. El traspaso de competencias a los territorios forales está planteado ya en el real decreto que regula la nueva renta mínima y el ministro José Luis Escrivá la ha defendido siempre en términos de eficacia, aunque también se interpreta en términos políticos como una cesión a PNV.
El responsable de la Seguridad Social ha recordado que la nueva prestación tiene entre sus características centrales el “contraste de renta y patrimonios”, por lo que –dado que Euskadi y Navarra ostentan “soberanía fiscal”– el ministro ha defendido que ambos territorios deben gestionar el ingreso mínimo según sus particularidades.
Pero, por las palabras del ministro, parece que la gestión del ingreso mínimo vital en otros territorios no será tan fácil. “No se trata de transferir competencias porque sí, sino de asegurar que al ciudadano le va a llegar con más eficacia”, ha insistido José Luis Escrivá, que ha reiterado que la cesión de competencias a las Comunidades Autónomas que así lo soliciten solo se llevará a cabo si se cumple “el principio de eficacia, que es el único que entienden los ciudadanos”.
Desde Unidas Podemos, así como ERC y BNG, han pedido al ministro que se amplíe el derecho a percibir el ingreso mínimo vital a las personas migrantes en situación irregular. El relator de la ONU sobre la pobreza extrema también lanzó esta reclamación al Gobierno español hace unos días, cuando celebró además la nueva renta mínima como un “ejemplo”. José Luis Escrivá ha sostenido que la Ley de Extranjería impide que se extienda esta prestación de la Seguridad Social a las personas sin permiso de residencia, pero ha añadido que las Comunidades Autónomas pueden incluir ayudas a este colectivo excluido en sus territorios.
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