La factura para España del rescate bancario sigue aumentando año tras año cuando se van a cumplir 15 desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Eurostat acaba de actualizar el gasto de los países europeos en los programas de apoyo al sector financiero desde entonces y hasta el cierre de 2022. El organismo ha cifrado en más de 74.000 millones de euros el déficit acumulado por España en este periodo por la diferencia entre lo que inyectó en el sector y lo que ha ingresado por ello. Es el mayor desfase absoluto registrado en Europa y el sexto si se pone en relación con el PIB del pasado año.
Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea, emitió hace unos días el informe anual de evolución de deuda y déficit de los países europeos que incluye un capítulo concreto para analizar la evolución de los programas de apoyo al sector financiero que se han realizado desde 2008. El informe cifra en algo más de 89.700 millones de euros el gasto que ha tenido que asumir entre 2008 y 2022 España por los programas de inyección al sector financiero, siendo el grueso, el de 2012. Aquel fue el año, entre otros, del rescate de Bankia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia. Esta cifra absoluta también incluye lo destinado a la Sareb, que fue registrado en 2021 como deuda pública. En este proceso, el Estado solo ha ingresado 15.475 millones. De ahí el resultado del desfase de más de 74.000 millones.
España se mantiene así a la cabeza de los países de la UE en términos absolutos. Está por delante de los 49.000 millones de Irlanda o de los 48.000 millones de desfase en Alemania. Sin embargo, el informe de Eurostat da unos datos llamativos respecto a un pequeño grupo de países que ha logrado obtener superávit entre lo que gastó en inyecciones al sistema bancario y lo que ha recuperado por los ingresos y comisiones que ha percibido por aquellos instrumentos de ayuda a la banca. Destaca especialmente Francia, con más de 2.000 millones de saldo positivo o los 1.500 millones de Dinamarca.
España arrastra todavía los efectos de un delicado rescate bancario, cuyos efectos siguen generando gastos para el erario público. El Gobierno del PP de Mariano Rajoy puso en marcha este proceso de reestructuración bancaria asegurando que no le costaría ni un euro a los contribuyentes. La envergadura del gasto acumulado por España, los más de 89.000 millones, es difícilmente comparable con el de Francia, cuyo desembolso acumulado apenas supera los 10.000 millones, según el propio estudio de Eurostat. Fue esta agencia la que en 2021 obligó al Estado español a hacer propia la deuda de la Sareb, ya que estaba completamente avalada por las cuentas públicas.
Este año se cumplen tres lustros desde que el colapso de Lehman Brothers diera inicio a la mayor crisis financiera de las últimas décadas. Los estados realizaron fuertes desembolsos durante los años siguientes con distintas estructuras de rescate al sector bancario para evitar que se contagiara al conjunto del sistema. La caída del sector en España se produjo unos años más tarde, en 2012 y acabó con un rescate europeo con fondo de hasta 100.000 millones de euros.
El Estado, a través del FROB, inyectó miles de millones de euros en cajas de ahorros que fueron obligadas a fusionarse y a convertirse en bancos, algunas de ellas acabaron siendo absorbidas por entidades de mayor tamaño. Esto produjo un rápido proceso de concentración, que se ha cerrado recientemente con las operaciones de CaixaBank y Unicaja, y fuertes pérdidas para el Estado. Actualmente, el FROB solo cuenta con dos grandes activos para tratar de reducir su coste del rescate: el 17% de CaixaBank y algo más del 50% de la Sareb, el conocido como banco malo.
¿A qué se han destinado estos 89.000 millones de gasto en España? La parte principal del gasto se produjo en apenas cuatro ejercicios. Fueron las inyecciones de capital, las que sumaron más de 47.700 millones de euros entre 2011 y 2014. Aquí se encuadran los rescates propiamente dichos, las tomas de control en grupos como Bankia o BMN. El resto se reparte entre compras de activos, como el caso de la Sareb, que pese a que nació como entidad privada ya es considerada pública, o el pago de intereses.
La agencia estadística europea aterriza estas grandes cifras en un aspecto más comparativo entre estados, el peso respecto al PIB de cada país en 2022. Según este estudio, Eurostat asegura que correspondería a un déficit acumulado (de 2008 a 2022) del 5,6% del PIB que alcanzó España el pasado año. Aunque el grueso del gasto se hizo hace una década, seguiría teniendo impacto en el déficit del pasado año, incrementándose en una décima.
En este caso, España deja en este caso de ser el país con mayor déficit acumulado por las ayudas al sector financiero. Le superan Chipre (15,8%), Grecia (14,7%), Irlanda (9,8%), Portugal (9,7%) y Eslovenia (8,7%). Cuatro países tienen superávit acumulado, de entre el 0,1% y el 0,4% respecto a sus respectivos PIB. Es el caso de Francia, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia. Eurostat señala que esto se puede explicar por las rentas en comisiones que han recibido estos países por las garantías concedidas a las entidades financieras, pero también por las rentas que han percibido por la propiedad de instrumentos financieros adquiridos por estos gobiernos o, incluso, por ingresos a través de impuestos específicos sobre el capital, o la reventa de activos no financieros por encima del precio de adquisición.
La mayor parte de los países, por tanto, cuentan con un saldo negativo entre lo que han gastado desde 2008 en ayudas a la banca y lo que han ingresado por ello. Sin embargo, si se atiende al último año exclusivamente, son minoría los que siguen engordando este déficit. Y entre la media docena que lo hace, se encuentra España.
El conjunto de los países de la Unión Europea tenían a cierre de 2022 una deuda vinculada al rescate bancario de casi 430.000 millones de euros, según la estimación realizada por Eurostat. Durante el pasado ejercicio se ha producido un importante recorte de casi 30.000 millones. Este ajuste se ha debido fundamentalmente en Alemania. Sin embargo, Eurostat también destaca la evolución en España, que ha reducido su deuda en este apartado en casi 6.500 millones de euros. La agencia de datos achaca este descenso a la venta de activos improductivos de la Sareb durante el año pasado. El pasivo de España por el rescate quedó 78.700 millones en 2022 y, solo por esta sociedad de gestión de activos, España mantiene una deuda de 30.000 millones al cierre de 2022.
Pese a que el grueso de la crisis bancaria se produjo entre 2008 y 2013, hay países que siguen aumentando su deuda. Ha sido el caso del último año de Polonia, Irlanda o Portugal, todos ellos aumentando en más de 1.000 millones de euros. Estos dos últimos países, con Chipre y Grecia son los que tienen un mayor peso de su deuda pública vinculado al rescate bancario. Entre una quinta y una cuarta parte del pasivo de estos estados se debe a la crisis financiera de 2008 y sus impactos posteriores.
España se encuentra en un segundo escalón de países en los que más del 5% de la deuda pública está vinculada con el rescate bancario. Alemania, Bélgica o Países Bajos se encuentran este bloque. “En la mayoría de países se está produciendo una reducción del impacto durante los años más recientes”, asegura el informe de Eurostat. En Francia, Dinamarca, Suecia o Finlandia, el rescate bancario apenas tiene presencia en su deuda pública.
Eurostat señala que España sigue aumentando su déficit, aunque este aumento se ha frenado en el último año. En concreto, el pasado ejercicio sumó 967 millones al cálculo que hace la agencia estadística sobre el desfase en las cuentas que han generado las ayudas al sistema financiero, el nivel más bajo desde que el Estado entró en tromba en entidades como Bankia o Banco de Valencia. Fue el resultado de un gasto que superó los 1.400 millones y unos ingresos de algo más de 440 millones.
La principal fuente de ingresos que el Estado mantiene, a falta de desinversiones, como herencia del rescate están siendo los dividendos que recibe de CaixaBank y que antes percibía de Bankia. Durante el pasado año fueron 190 millones los que el FROB ingresó procedente del beneficio del grupo catalán, donde ha aumentado su participación hasta superar el 17%. Se espera que este año esta vía de ingresos aumente hasta los 250 millones. Desde 2013, el Estado ha ingresado 1.600 millones por dividendos de su participación bancaria.
La agencia estadística europea también estima el valor de las acciones que mantiene el Estado en bancos, en este caso en CaixaBank. Lo cifra en 4.778 millones de euros a cierre de 2022, un valor ligeramente superior a cómo cotizaban estas acciones este lunes en Bolsa. Esta valoración sigue lejos del rescate inyectado en Bankia y BMN y cuyas acciones se convirtieron en CaixaBank tras la fusión. De aquella inyección de capital quedan pendientes más de 20.000 millones de euros.
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