Viernes 31 de agosto de 2012, primeras horas de la tarde. Palacio de La Moncloa. “La reestructuración bancaria se hace con un objetivo básico y fundamental: que no cueste un euro al contribuyente”. “Que esta sociedad —Sareb— no genere pérdidas es muy importante desde el punto de vista de minimizar el impacto del contribuyente”. Estas frases corresponden, respectivamente, a la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía Luis de Guindos.
El Consejo de Ministros acababa de aprobar las normas de reestructuración del sistema bancario español que incluían la creación de un “mal llamado” banco malo, como aseguraron entonces. Se convertiría a la postre en la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) y asumiría el ladrillo tóxico de la banca rescatada.
Martes 18 de enero de 2022, primeras horas de la tarde. Palacio de La Moncloa. El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para que el Estado pueda tomar el control de la Sareb y superar el 50% de las acciones de la sociedad. La reforma no se menciona en la posterior rueda de prensa y se despacha con una nota de prensa. La decisión busca “adecuar la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional”. Diez meses antes, Europa había obligado a España a asumir como propia la deuda de 35.000 millones de euros de la Sareb, lo que engrosó el dato de la deuda pública.
Entre ambas citas han pasado algo más de nueve años. Casi una década de uno de los instrumentos más polémicos utilizados durante la crisis financiera iniciada en 2008, que en España se tradujo en el reventón de una colosal burbuja inmobiliaria. La Sareb se creó para limpiar el balance de los bancos rescatados de los activos tóxicos, como préstamos impagados o inmuebles adjudicados. El Estado, a través del FROB, asumió el 45,9% de las acciones de esta sociedad. El resto lo asumieron la mayoría de las grandes entidades bancarias, algunas aseguradoras y, posteriormente, la filial inmobiliaria de Iberdrola, con una participación testimonial.
Se creó con 50.000 millones de euros en activos y con el objetivo de llegar a 2027 con una desinversión completa de la misma, sin generar pérdidas y sin incrementar el coste del rescate bancario.
Su filosofía, según planteó entonces Guindos, era obligar a aquellas entidades que recibían un rescate por parte del FROB a que derivaran a la Sareb sus activos tóxicos, aquellos que eran incapaces de producir para el banco: préstamos impagados, créditos a promotores, suelo sin construir, viviendas adjudicadas, etc. El banco malo se encargaría de dar valor a estos activos y, finalmente, venderlos para recuperar la inversión. El objetivo, apuntaban, era que este proceso no dejara pérdidas ni para la entidad que traspasaba los activos ni para la Sareb.
El banco malo fue uno de los compromisos que asumía España con el rescate europeo, anunciado unas semanas antes. “El préstamo –como conoce perfectamente– se da en condiciones muy ventajosas y no se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario”, había defendido previamente Guindos. Unas palabras compartidas por su superior, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. “El crédito es a la banca y lo va a pagar la banca”, señaló en el Congreso.
Sobre el papel, y a falta de conocer el destino final de esta sociedad, la conversión de Sareb en una sociedad pública ha aumentado la factura del rescate bancario en España. Según los registros del Banco de España, el sector bancario español recibió 64.000 millones, de los que unos 22.000 millones fueron cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y el resto, 42.000 millones, a través del fondo del rescate bancario (FROB). La última estimación del organismo daba por perdidos más de 54.000 millones. A ello se suman, por el momento, los 35.000 millones de deuda que asume el Estado con la Sareb.
La sociedad todavía tiene un mandato de cinco años, por lo que el coste final de esta operación está todavía por verse. Además, se ha planteado la posibilidad de retrasar esa fecha con el fin de maximizar la recuperación de fondos, como ya ha ocurrido en tres ocasiones con la inversión del Estado en Bankia, ahora CaixaBank.
Aval del Estado
El banco malo nació como una entidad privada y, por tanto, quedaba fuera del perímetro de las cuentas públicas, que ese año cerraron con un déficit público (sin contar las ayudas a la banca) del 6,7%. Tenía naturaleza privada, pero la deuda que se emitió para cubrir la adquisición de los activos tóxicos de la banca estaba respaldada por el Estado. Así ha sido hasta marzo de 2021. Eurostat, el organismo europeo de estadística, obligó entonces al Gobierno a asumir como deuda del Estado los 35.000 millones de euros que quedan en el pasivo de la sociedad, al ser su responsable último pese a no tener el control de la sociedad.
Pese a que el Ejecutivo mostró a Bruselas su disconformidad con esta decisión, tuvo que asumir esta operación que no solo afectaba a la deuda sino también al déficit, al tener que sumar 9.000 millones del patrimonio negativo de la sociedad.
Puesto que las deudas y las pérdidas de la Sareb comenzaron a formar parte de las cuentas públicas, el Gobierno comenzó a gestar el movimiento de toma de control de la sociedad, para así tomar las riendas por completo de la misma. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos, esta operación se hará con un coste testimonial y no precisará de nuevos desembolsos. “La reclasificación de Sareb como unidad perteneciente al sector de las Administraciones Públicas, así como su situación patrimonial, hacen imprescindible modificar su régimen jurídico para adaptarla a la situación actual. Esta modificación tiene como objetivo adecuar de forma ágil la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional”, ha señalado el departamento de Nadia Calviño.
Problemas con la valoración de los activos
La Sareb nació a finales de 2012. Arrancó ya con una deuda de 50.000 millones de euros, avalada por el Tesoro. Con este dinero se financió la adquisición de esos activos tóxicos pertenecientes a nueve entidades rescatadas (Bankia, Catalunya Banc o Banco de Valencia, entre otras). Este punto de arranque ya generó suspicacias posteriormente, ya que en repetidas ocasiones se ha dudado sobre si se dio una valoración excesiva a aquellos activos, algo que fuentes del actual Gobierno comparten.
Desde entonces se han ido realizando desinversiones, que era el objetivo principal de esta sociedad. A cierre de 2020, últimos resultados presentados, el nivel de la deuda —ya convertida en pública— se situaba ligeramente por debajo de los 35.000 millones.
La sobrevaloración inicial de los activos ha sido una de las principales rémoras que ha tenido el banco malo desde su arranque. El propio expresidente de la entidad Jaime Echegoyen, sustituido el año pasado, reconoció esta realidad en repetidas ocasiones. “Hubo un sobreprecio pagado en el momento de la adquisición de activos”, explicaba Echegoyen en una presentación de resultados de la compañía. “Sareb compró al precio que se le dijo y nada puede hacer para cambiarlo”.
Quienes determinaron estos valores fueron las auditoras Oliver Wyman y Roland Berger y el Banco de España. La gestión de los contratos con terceros —conocidos como servicers, que gestionan la cartera— o la contratación de determinados derivados financieros fueron otras decisiones tomadas por la sociedad que han sido ampliamente criticadas.
Pese a los avances que sí se han producido en las desinversiones, la sociedad no ha podido dejar nunca atrás las pérdidas, pese al compromiso que dio Guindos de que la sociedad “fuera viable” y “no generase pérdidas en su horizonte temporal”. Entre 2012 y 2020, según las cuentas publicadas por la propia Sareb, ha perdido más de 5.000 millones de euros. Los números rojos no solo no se han atenuado con el paso de los años sino que se han acelerado en los últimos ejercicios. El exministro y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha seguido defendiendo la creación del banco malo todos estos años. “Por mi experiencia, es un instrumento poderoso”, aseguraba hace unos meses.
Por el momento, la toma de control del Estado en el accionariado de la Sareb no se ha producido. Lo que ha aprobado el Ejecutivo es dar cobertura legal a que el banco malo pueda tener una participación mayoritaria del Estado. Este segundo paso se iniciará ahora, aunque fuentes del Ministerio ya adelantan que alcanzar el 100% de las acciones no es el objetivo del Gobierno. Con esta capacidad para superar la barrera del 50% el Ejecutivo seguirá sondeando al resto de accionistas para que traspasen su participación a cambio de una cantidad “testimonial”.
El Ejecutivo tendrá así pleno control sobre una entidad que todavía guarda en su balance 15.300 millones de euros en inmuebles y otros tantos en préstamos, especialmente de promotores que ha ido convirtiendo en nuevos edificios. Actualmente tiene un mandato hasta 2027 para poder desinvertir en estos activos y reducir los 35.000 millones de euros de deuda.
Además, el Ministerio asegura que el hecho de alcanzar el control de la sociedad permitirá “reforzar su capacidad de colaboración con organismos públicos y entidades no lucrativas con experiencia y competencias en el ámbito de la vivienda social”. Está por ver si esto se traduce a futuro en el uso del catálogo de viviendas de Sareb dentro del parque público, como han defendido distintos colectivos habitualmente.