España afea a Bruselas la falta de acción frente a la amenaza del desvío de tráfico marítimo por las normas ambientales

Una decena de países, entre ellos España, llevan meses alertando a la Comisión Europea de que las reglas medioambientales que la UE puso en marcha para reducir las emisiones del tráfico marítimo amenazan a los puertos europeos. Y la factura es de miles de millones de euros por el desvío de buques comerciales a puertos de terceros países que tienen normativas más laxas. Seis meses después de poner el asunto sobre la mesa, vuelven a hacerlo y le dan un tirón de orejas a la Comisión Europea, que consideran que ha hecho un análisis “factual” de la situación, pero no “predictivo”.

“Los riesgos de fuga de carbono y de desvío de negocios de los centros de transporte europeos a los de la vecindad de la UE parecen empezar a materializarse y causarán costes a corto plazo a las empresas de la UE que sus competidores no tendrán que afrontar. La competitividad portuaria de la UE, la conectividad de la UE y la cadena logística basada en la UE están en peligro. Además, perder el control de la cadena logística también podría aumentar el riesgo de actividades y cargamentos ilegales”, alerta el documento se discutirá en la reunión de ministros de Transportes este jueves en Bruselas.

El problema radica en la inclusión de tasas a raíz de la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) a los buques que llegan a puertos europeos desde terceros países en función del peso de su carga y los kilómetros recorridos. Lo que sostienen los gobiernos que están presionando en Bruselas, entre ellos el español, es que el modelo está amenazando a los grandes hubs portuarios europeos por el desvío de esas embarcaciones a competidores vecinos. 

Los buques que cubren rutas dentro de la UE pagan el 100% del CO2 emitido, según el precio de mercado que proyecte el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), y los que llegan a la UE desde otras jurisdicciones abonan el 50%. El temor de los países portuarios es que se trasladen operaciones a países vecinos. En el caso de España, al Gobierno le preocupa que vayan a parar a Argelia, Marruecos o Reino Unido. Lo que explican fuentes gubernamentales es que la Comisión Europea no ha detectado el descenso del tráfico marítimo dado que los flujos han variado por la crisis en el Mar Rojo y han desviado una parte a los puertos europeos, pero sin esa situación, aseguran, se habría notado considerablemente.

“Seguimos creyendo que existe una clara necesidad de intervenciones correctoras sobre régimen de comercio de derechos de emisión (ETS). Deben tomarse medidas ahora mismo. Si la decisión de la Comisión Europea se retrasa, será demasiado tarde. La desviación del tráfico será un hecho, y nuestro sector portuario y logístico se encontrará en un punto sin vuelta atrás”, señala el documento al que ha tenido acceso elDiario.es en el que España y otra decena de países emplazan a Bruselas a tomar medidas, aunque se esté buscando una solución a nivel internacional. De hecho, también advierte de que puede llegar un momento en el que haya un “doble pago” si se adoptan medidas globales y se mantienen las europeas.

España ha sugerido ante el Consejo de Transportes de la UE en anteriores reuniones que la tasa al CO2 se aplique sobre los contenedores y no sobre los barcos para evitar que los grandes buques se desvíen a puertos vecinos y la carga llegue a los españoles en embarcaciones más pequeñas que sólo pagan la tasa por los kilómetros recorridos, que son apenas 17 desde el norte de África.

El documento que tienen sobre la mesa los 27, coincidiendo, además, con el estreno de la nueva Comisión Europea, recoge algunas propuestas para “evitar la fuga de carbono y la pérdida de competitividad”, entre ellas revisar la directiva y trabajar en un Plan de Contingencia “para identificar medidas y permitir una actuación inmediata si los riesgos previstos” respecto al desvío del tráfico marítimo “se hacen realidad”.

Entre las medidas también plantea “una evaluación de riesgos basada en criterios predictivos en el mecanismo de seguimiento” del sistema “para identificar posibles desviaciones de las rutas de transporte marítimo” que se actualice de manera continua e incluir en la lista de puertos no pertenecientes al Espacio Económico Europeo otros “con el mismo potencial de riesgo en función de su desarrollo presente y futuro, su mayor tráfico, su financiación relacionada con la iniciativa de los corredores de transporte marítimo ecológico y las inversiones privadas”.

Fuentes diplomáticas españolas enfatizan la necesidad de reiterar la “preocupación” sobre el asunto. “Faltan muchos elementos predictivos como para que podamos analizar las medidas que podemos tomar”, reprochan esas fuentes sobre el trabajo que hasta ahora ha elaborado la Comisión Europea. En reuniones anteriores, diez países europeos (todos los del Mediterráneo, Francia, Eslovenia, Lituania y Polonia) han hecho frente común para alertar de la problemática.