Acordar entre diferentes no es fácil, pero España ha logrado destacar en el mapa mundial por conseguirlo de manera histórica en un ámbito: el diálogo social. El encuentro del Gobierno, sindicatos y patronales en torno a una mesa de negociación que en la última legislatura está dejado un amplio reguero de acuerdos en materias muy complejas. Desde la respuesta a la debacle del empleo por la pandemia, con los ERTE, hasta la reforma laboral para combatir la temporalidad abusiva, entre otras normas. Por ello, esta semana España es el país que acoge un foro de alto nivel de la OCDE sobre diálogo social, el Global Deal, que concentrará a representantes de numerosos países.
El Foro internacional se celebra este miércoles y jueves en Madrid, en la Casa de América, donde se reunirán representantes de gobiernos, así como de patronales y sindicatos de varios países, con la finalidad de impulsar el diálogo social como herramienta para abordar varios retos. De manera estructural, los desafíos de la digitalización y la transición verde en el mercado de trabajo, pero de manera coyuntural e inmediata también se trata de incentivar el acuerdo social como instrumento para salir de las crisis, como la pandemia y ahora los daños de la guerra de Putin en Ucrania.
El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, ha destacado el diálogo social como método para generar un “frente común” en la economía en estos momentos, como ha hecho la industria química alemana, ha apuntado en la inauguración del foro. Un frente común en el que empresas y trabajadores pacten medidas para “ayudar a mitigar los golpes” del aumento del coste de la vida en los hoagres, que ha recordado que afecta más a los trabajadores con peores salarios.
Cormann ha destacado el ejemplo de España como precursora, seguida de Italia, del acuerdo en la llamada Ley Rider, sobre el trabajo de reparto en plataformas digitales. Las nuevas formas de trabajo, como en estas apps, genera retos en la protección social y los derechos de los trabajadores, que la OCDE y la OIT emplazan a discutirse de manera tripartita.
El director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, ha advertido en su intervención del empeoramiento de las expectativas en los mercados laborales de todo el mundo por la guerra en Ucrania, que acaba de publicar el organismo internacional. Ante estas dificultades, el diálogo social se muestra todavía más necesario, ha considerado.
14 acuerdos sociales en España
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado que España sea “referencia” a nivel mundial en esta materia tras haber logrado “14 grandes acuerdos” entre el Ejecutivo y los agentes sociales. Los pactos abordan desde el diseño inicial de los ERTE como todas sus prórrogas durante dos años de protección del empleo y las empresas, así como la reforma laboral y la mayor parte de la de pensiones, la reforma de la cotización de los autónomos, la ley de teletrabajo y la mencionada Ley Rider, entre otras.
“Estoy muy orgullosa en nombre del Gobierno de España por convertir Madrid en la capital mundial del diálogo social. No es casualidad que la sede sea en nuestro país, porque justamente hemos hecho del diálogo social un nuevo modo de gobierno en nuestro país que ya es una referencia en el conjunto de Europa y del mundo”, ha destacado Yolanda Díaz.
Este mecanismo de interlocución otorga “legitimidad social” a las legislaciones y las políticas que se adoptan, ha subrayado la vicepresidenta segunda, pero además también fomentan la participación de la sociedad en las instituciones, reforzando la democracia.
Alerta ante las grandes corporaciones
La ministra de Trabajo ha pedido “más diálogo social” en la Unión Europea y ha alertado sobre la necesidad de defender a nivel internacional los derechos de la ciudadanía en la transición digital, en la que tienen una gran concentración de poder las “grandes corporaciones” tecnológicas.
Por ello, Yolanda Díaz ha defendido la necesidad de la transparencia de los algoritmos, que está impulsando España en el seno de la UE a propósito de la directiva europea sobre el trabajo en plataformas digitales que se está discutiendo.
La vicepresidenta ha sostenido también la necesidad de garantizar la protección de derechos básicos, como la privacidad y la desconexión, en entornos cada vez más digitales, tanto en el trabajo como en otros ámbitos de la vida.