España corre en paralelo varias carreras para conseguir estar entre los países europeos punteros en el coche eléctrico. Por un lado, la producción de estos modelos menos contaminantes. Por otro, que se compren. Y, además, contar con una red de cargadores en todo el territorio que les permita circular. Unas carreras donde, a día de hoy, no está, ni mucho menos, en las posiciones de cabeza.
Al cierre de la primera mitad de 2021, estaban distribuidos por todas las comunidades cerca de 12.000 cargadores de acceso público (11.847, exactamente), según los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). La que más “enchufes” tenía a 30 de junio, Catalunya, con casi la cuarta parte del total, con 3.304.
Unas cifras que van creciendo, pero lentamente, porque en comparación con el primer trimestre del año, entre abril y junio de este año se instalaron 330 puntos de acceso público.
Datos que están significativamente lejos de lo que ocurre en otros países europeos. Por ejemplo, en España el número de puntos de recarga por cada millón de habitantes está en los 245, mientras en Países Bajos se llega a 4.760; en Noruega se superan los 3.500; y en Suecia, los 1.300, según datos al cierre de marzo.
España avanza pero a ritmo excesivamente lento de cara a conseguir las metas marcadas por el propio Ejecutivo, que aspira a los 100.000 puntos de recarga en 2023 y los 300.000 al final de la presente década. El sector, en cambio, va ligeramente más lejos y calcula las necesidades de la red en casi 340.000 cargadores de acceso público en 2030. Una cifra que exigiría instalar más de 36.000 cada año, dejando al margen los cargadores en viviendas unifamiliares o los que están en comunidades de vecinos.
La aspiración de una telaraña de electrolineras, al igual que sucede con la fabricación de los coches eléctricos, podrá acelerarse regada por los fondos europeos que tienen que llegar en los próximos años bajo la batuta y el seguimiento de Bruselas. En este caso, su instalación tiene que venir de la mano, básicamente de las compañías eléctricas.
Ahora toca poner enchufes a lo largo y ancho de la red de carreteras. También en los principales corredores, y con cargadores de alta capacidad y rapidez. En 2030, España debería contar con más de 3.100 puntos de recarga de más de 250kW en las principales autovías y autopistas, según Anfac y Faconauto, que agrupa a los concesionarios.
Esas son las necesidades que señala la industria para afianzar una red de recarga que soporte el coche eléctrico. Y para dar pasos, el Gobierno ha dado luz verde a una plataforma de seguimiento del despliegue de puntos de recarga. Una especie de organismo supervisor que medie entre administraciones públicas y agentes del sector de la automoción para intentar equilibrar los ritmos y que España llegue a 2035 con los deberes hechos. Ese año la Comisión Europea ha marcado el fin de la venta de coches de combustión.
Esa plataforma de seguimiento dependería del IDAE, según indican fuentes conocedoras, aunque el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica no lo confirma. De este organismo ya cuelga la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III), que está dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, dotado con 400 millones de euros.
Acelerar en producción
No es solo tener una red de cargadores. Para desarrollar el coche eléctrico hace falta fabricarlos y comprarlos. Actualmente, en España hay cerca de 150.000 vehículos eléctricos, menos del 0,5% del conjunto del total, y aún lejos de los 250.000 a los que aspira el Gobierno de cara a 2023.
¿Y cómo vamos en fabricación de estos coches sin emisiones? En 2020 se produjeron en España 55.992 vehículos eléctricos. Este martes, el vicepresidente de Compras de Seat, Alfonso Sancha, aseguró que España debería llegar “al menos” a las 1,5 millones de unidades producidas en 2030, según señaló en un evento organizado por la agencia EFE.
Para llegar ahí se tendrá que poner en marcha el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) del vehículo eléctrico y conectado, que movilizará 24.000 millones hasta 2023, de los que 4.000 serán fondos públicos. Ese PERTE está condicionado por las bases que tiene que publicar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que se ha comprometido a desvelarlas antes de que acabe el año. De ese plan dependerá, por ejemplo, que España cuente con su primera fábrica de baterías eléctricas. Será otra pieza del puzle para que el coche eléctrico deje de ser una alternativa y se convierta en la opción mayoritaria.