España reclama a la Comisión Europea que el esfuerzo inversor para salvar a la industria vaya más allá de 2026, que es el plazo en el que los fondos europeos que se aprobaron para encarar la crisis de la pandemia tienen que estar ejecutados. Así lo recoge el Gobierno de Pedro Sánchez en un documento de trabajo que envió el miércoles a Bruselas de cara a la negociación del plan de los 27 para hacer frente a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos. Las prioridades para incrementar la competitividad de la economía europea pasan para España por la reforma del mercado eléctrico e impulsar “sectores clave” como los semiconductores, el vehículo eléctrico o las energías renovables que permitan avanzar, además, hacia una autonomía estratégica que está lejos en el continente frente a la competencia con China o EEUU.
“La reforma del mercado eléctrico es una prioridad máxima porque aborda la principal desventaja competitiva de la industria europea”, señala España, que quiere liderar ese debate y ha preparado ya una propuesta en la que plantea precios fijos para nuclear e hidráulica que eviten sus beneficios caídos del cielo. El Gobierno critica el actual modelo en el que los precios se disparan y hay una gran volatilidad que lleva a poner en marcha programas de ayuda “caros e insostenibles”. Por eso reclama dar “señales correctas” a los inversores y anticipar los beneficios de la transición energética. También menciona la necesidad de alcanzar un acuerdo para las reglas fiscales de manera que los gobiernos y los mercados tengan certezas en los caminos de la reducción de deuda a la hora de asegurar flujos sostenidos de inversión.
Si la reforma del mercado eléctrico es una de las discusiones que la UE tiene por delante, quizás la más apremiante es la que tiene que ver con la respuesta concreta que se da al plan proteccionista de Joe Biden y a la que ha llegado dividida. Países como Alemania apuestan pro emitir deuda mientras otros tienen reticencias a basar el plan en ayudas. “La inversión masiva pública y privada es necesaria para llevar a cabo los objetivos del Plan de Recuperación y asegurar una ventaja en sectores clave”, recoge el documento español, que cita los semiconductores, el vehículo eléctrico y las energías renovables entre los aspectos clave de esos planes.
Lo que defiende España es que se mejoren los procesos para acceder a las ayudas de Estado -y a los fondos europeos- para agilizar su inversión y que el marco de actuación sea limitado en el tiempo y dirigido a sectores concretos. Es una idea que repite en el documento remitido ahora a Bruselas: “Las normas para las ayudas de Estado deben proporcionar un procedimiento acelerado para los proyectos estratégicos del plan de recuperación y los sectores clave, que aportan gran autonomía estratégica, tecnológica, y energética, como las energías renovables, los semiconductores o los vehículos eléctricos”.
Más allá de facilitar el acceso, España quiere que las ayudas vayan más allá del periodo inicialmente fijado para los 140.000 millones de los Next Generation EU, que tienen que estar invertidos para 2026. De hecho, la intención del Gobierno es ampliar el plazo para la ejecución del PERTE del vehículo eléctrico, que caduca en mayo de 2025. Un margen que inquietaba a la patronal del sector. “Puedo anunciarles que estamos en una negociación con la Comisión Europea, que está teniendo resultados, y vamos a ampliar el Perte, de forma que las inversiones tengan más tiempo en su desarrollo, probablemente nos podamos ir a finales de 2027 incluso 2028”, declaró este viernes la ministra antes de asistir a la Conferencia Sectorial de Turismo, informa Servimedia.
El Gobierno de Sánchez da la bienvenida a las líneas generales de la propuesta que esbozó la semana pasada la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, respecto del plan que Bruselas pretende dar a conocer formalmente el 1 de febrero y que los líderes de los 27 discutirán en una cumbre prevista para los días 9 y 10 de ese mes.
Entre las medidas que Von der Leyen esbozó estaban la apuesta por una alianza con EEUU y otros socios estratégicos para las materias primas, una ley de emisiones cero para planificar la tecnología limpia europea hasta 2030 y un marco temporal para las ayudas de Estado. “Damos la bienvenida a la reforma del marco de ayudas de Estado para que preserven el mercado único, sean temporales y ambiciosas en sectores estratégicos para la transición verde y digital”, señalan en el Gobierno.
La preocupación de España y otros países es que se rompa el mercado único porque unos países tengan más capacidad de salvar a su industria que otros. Por eso, entre las exigencias de España es que el marco de ayudas temporal incluya criterios transparentes que “evite distorsionar” la igualdad de oportunidades de los estados miembros, que se financien proyectos estratégicos de empresas de al menos dos países europeos o que se limite a determinados sectores, entre otros.
Por ahora, el borrador de las conclusiones del Consejo Europeo recoge la necesidad de hacer los procedimientos para acceder a las ayudas de Estado “más simple, más rápido y más predictivo” y menciona específicamente los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo así como la “flexibilidad” de los fondos actualmente existentes. Para garantizar la “solidaridad”, el documento recoge como herramienta de éxito a tener en cuenta para este desafío los fondos SURE, la herramienta que se creó durante la pandemia para financiar los ERTE.