España podría recaudar hasta 5.400 millones más al año si se acordara una tasa mínima del 21% universal para las grandes corporaciones. Y 700 millones adicionales si sale adelante la propuesta del mínimo del 15%, que parece ser el punto de encuentro después de que EEUU lanzara la propuesta ante las reticencias de la Unión Europea. En las próximas semanas las negociaciones en el G7, el G20 y la OCDE pueden alumbrar una cifra, que será el inicio de una tributación universal por primera vez.
En este contexto, el comisario europeo de Finanzas, Paolo Gentiloni, ha presentado este martes el Tax Observatory, entidad dirigida por el profesor de Berkeley Gabriel Zucman. El Observatorio Fiscal, financiado por la Comisión Europea, reúne a universidades europeas, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, académicos individuales, economistas, abogados y periodistas como un consorcio, organizado por la Escuela de Economía de París. Su misión es atajar los abusos fiscales, y ha presentado un primer estudio en el que se calcula cuántos ingresos fiscales podría recaudar la Unión Europea imponiendo un impuesto mínimo sobre los beneficios de las empresas multinacionales.
“Conforme nos centramos en la recuperación tras la pandemia y las enormes inversiones necesarias, la justicia fiscal es más importante que nunca. Tenemos que reforzar nuestra armadura frente a abusos fiscales”, ha dicho Gentiloni, quien advirtió de que traducir un posible acuerdo en la OCDE a la legislación comunitaria no será fácil.
“Si hubiera acuerdo sobre un impuesto mínimo sería extremadamente importante, cualquiera que sea el tipo, porque sería la primera vez que hay acuerdo. E incluso si es el 15%, que para mí es demasiado bajo, podría allanar el camino para tipos más altos en el futuro”, ha dicho Zucman en la presentación del Observatorio.
En este sentido, el informe calcula el déficit fiscal de las multinacionales, definido como la diferencia entre lo que pagan actualmente en impuestos y lo que pagarían si estuvieran sujetas a una tasa impositiva mínima en cada país.
En primer lugar, el Tax Observatory simula un acuerdo internacional sobre un impuesto mínimo como el que actualmente discute la OCDE, apoyado por varios países de la Unión Europea y Estados Unidos. En este escenario, cada país de la UE recaudaría el déficit fiscal de sus propias multinacionales. Por ejemplo, si la tasa impositiva mínima acordada internacionalmente es del 25% y una empresa alemana tiene una tasa impositiva efectiva del 10% sobre las ganancias que registra en Singapur, entonces Alemania impondría un impuesto adicional del 15% sobre estas ganancias para llegar a un tasa efectiva del 25%.
De modo más general, Alemania recaudaría impuestos adicionales para que sus multinacionales paguen al menos el 25% en impuestos sobre las ganancias que registran en cada país. Otras naciones procederían de manera similar.
De esta manera, el informe descubre que el impuesto mínimo del 25% aumentaría los ingresos del impuesto sobre la renta de las sociedades en la Unión Europea en aproximadamente 170.000 millones de euros en 2021. Esta cifra representa más del 50% de la cantidad de ingresos del impuesto sobre sociedades recaudado actualmente en la Unión Europea y el 12% del gasto sanitario total de la UE.
En los países más grandes de la UE, según las estimaciones del Tax Observatory, los ingresos por impuestos corporativos aumentarían generalmente entre un 30% y un 50%: 42% en Alemania (un aumento de 29.000 millones por año), 51% en Francia (26.000 millones), 44% en España (12.500 millones de euros) y cerca del 30% en Italia (11.000 millones de euros).
“Por tanto, el potencial de ingresos de un impuesto mínimo coordinado es grande”, afirma el informe: “Sin embargo, los ingresos dependen significativamente de la tasa impositiva mínima acordada en común. Con una tasa mínima del 21%, la Unión Europea recaudaría alrededor de 100.000 millones de euros en 2021. Pasar del 21% al 15% reduciría los ingresos a la mitad”.
En segundo lugar, el informe simula un acuerdo internacional incompleto, en el que solo los países de la UE aplicaran un impuesto mínimo, mientras que los países que no pertenecen a la UE no cambiarían sus políticas fiscales. En este escenario, cada país de la UE cobraría el déficit fiscal de sus propias multinacionales (como en el primer escenario), más una parte del déficit fiscal de multinacionales constituidas fuera de la Unión Europea, en función del destino de las ventas.
Por ejemplo, si una empresa británica realiza el 20% de sus ventas en Alemania, Alemania cobraría el 20% del déficit fiscal de esta empresa. “Encontramos que en tal escenario, usando una tasa del 25% para calcular el déficit fiscal de cada multinacional, la Unión Europea aumentaría sus ingresos por impuestos corporativos en alrededor de 200.000 millones. De este total, 170 000 millones de euros provendrían de la recaudación del déficit fiscal de las multinacionales de la UE; 30 000 millones de euros adicionales proceden de la recaudación de una parte del déficit fiscal de las multinacionales no pertenecientes a la UE”, dice el informe: “Para la Unión Europea, existe, por tanto, un potencial de ingresos mucho mayor derivado del aumento de los impuestos a las empresas de la UE que de gravar a las empresas de fuera de la UE. Para mejorar la equidad de su sistema tributario y generar nuevos ingresos gubernamentales (por ejemplo, para pagar el coste de la COVID-19), es esencial que la Unión Europea controle sus propias multinacionales”.
Además, el Tax Observatory calcula cuántos ingresos podría recaudar cada país de la UE de forma unilateral, suponiendo que todos los demás países mantengan sin cambios su política fiscal actual. Esto corresponde a un escenario de “primer movimiento”, en el que un solo país decide cobrar el déficit fiscal de las empresas multinacionales.
Este primer país cobraría el déficit fiscal total de sus propias multinacionales, más una parte (proporcional al destino de las ventas) del déficit fiscal de todas las multinacionales extranjeras, sobre la base de una tasa de referencia del 25%. Según el informe “el país pionero en la Unión Europea aumentaría sus ingresos por impuestos corporativos en cerca de un 70% en relación con su recaudación actual de impuestos corporativos. Aunque la coordinación internacional siempre es preferible, un movimiento unilateral de un solo Estado miembro de la UE (o un grupo de estados miembros) alentaría a otros países de la UE a recaudar también el déficit fiscal de las multinacionales, ya que no hacerlo significaría dejar los ingresos fiscales sobre la mesa para que lo cojan los primeros en moverse”.
Según este análisis, “la acción unilateral puede jugar un papel transformador”. Las estimaciones se basan en una metodología que combina datos macroeconómicos recientemente disponibles sobre la ubicación y las tasas impositivas efectivas de las ganancias multinacionales.
Analizando datos divulgados públicamente por todos los bancos europeos y 16 grandes multinacionales no bancarias, el informe encuentra que los bancos europeos tendrían que pagar un 44% más en impuestos si estuvieran sujetos a un impuesto mínimo del 25% país por país.
Esta estimación está en línea con el hecho recogido en el informe de que las multinacionales de la UE en su conjunto (todos los sectores combinados) tendrían que pagar alrededor de un 50% más en impuestos. “Empresas como Shell, Iberdrola y Allianz —que publican voluntariamente sus ganancias e impuestos país por país— también tendrían que pagar entre un 35% y un 50% más en impuestos si estuvieran sujetas a un impuesto mínimo del 25%”, afirma el informe. En el caso del Grupo ACS, el incremento sería del 354%.
El informe considera paraísos fiscales a las siguientes jurisdicciones. Países de la OCDE como Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza; y países no pertenecientes a la OCDE: Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Bermuda, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Chipre, Jersey, Granada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isla de man, Líbano, Liechtenstein, Macao, Malta, Islas Marshall, Mónaco, Sint Maarten, Mauricio, Seychelles, Singapur, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Turcas y Caicos, Panamá, Puerto Rico.
El informe se complementa con un sitio web interactivo que permite a los responsables políticos, periodistas, miembros de la sociedad civil y todos los ciudadanos de cada país de la UE evaluar el potencial de ingresos de la imposición mínima para las empresas nacionales y extranjeras.
Los usuarios pueden seleccionar varios escenarios (por ejemplo, coordinación internacional o acción unilateral) y una gama completa de tasas impositivas mínimas del 10% al 50%.
La Comisión Europea, el Consejo (los Gobiernos) y el Parlamento Europeo han llegado este martes por la noche a un acuerdo en relación a la medida de transparencia fiscal para la información pública país por país (pCBCR, por sus siglas en inglés) para grandes multinacionales. En virtud de la nueva directiva, que fue presentada por primera vez por el Ejecutivo comunitario en 2016, las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales durante dos años consecutivos estarán obligadas a declarar cuánto ganan en beneficios, cuánto pagan en impuestos y cuántos empleados y empleadas tienen en los países de la UE, así como las jurisdicciones que figuran en la lista negra y la lista gris de jurisdicciones no cooperativas de la UE.
Según fuentes de la Eurocámara, ha sido el Consejo el que ha rechazado el desglose global para introducir una cláusula de salvaguardia que podría permitir a determinadas empresas eludir sus obligaciones de información. Así, el texto final introduce otra cláusula de revisión de estos elementos.
Ibán García del Blanco, eurodiputado socialista y negociador del Parlamento, ha explicado: “Si bien lamentamos profundamente que el Consejo haya rechazado nuestras persistentes demandas de un informe mundial, país por país, desglosado, el acuerdo es un paso importante hacia una mayor transparencia empresarial y contiene una serie de mejoras. Durante las negociaciones logramos incluir el requisito de que las empresas deberán informar a todos sus empleados de tiempo completo y listar todas las subsidiarias. Esto hará que sea mucho más difícil para las empresas soplar humo y ocultar sus actividades económicas reales en cada país”.
El eurodiputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun, ponente de los Verdes/ALE para el informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ha afirmado: “El CbCR público significa que la gente podrá saber cuántos impuestos pagan las grandes empresas y dónde. Se trata de una victoria para los ciudadanos y ciudadanas y demuestra que la UE puede actuar en cuestiones que preocupan a la gente. A largo plazo, la justicia fiscal será esencial para que la ciudadanía confíe en la capacidad del proyecto europeo. La información pública ayudará a que las multinacionales pongan fin a las prácticas agresivas de planificación fiscal, al dumping fiscal y al traslado de beneficios. Ayudará a poner fin a los acuerdos desleales que ponen a los Estados miembros en una carrera a la baja a expensas de los ciudadanos. Esto es vital en tiempos en los que nuestras economías están sufriendo la pandemia de la COVID-19”.
Chiara Putaturo, experta en impuestos de Oxfam EU, ha reaccionado con críticas: “Este acuerdo no está a la altura de las expectativas. El acuerdo no obliga a las empresas a proporcionar informes reales país por país, ya que deja fuera de la lista a más de las tres cuartas partes de los países del mundo. En cambio, los legisladores de la UE han brindado a las corporaciones multinacionales muchas oportunidades para seguir eludiendo impuestos en secreto al trasladar sus ganancias a paraísos fiscales fuera de la UE, como Bermudas, las Islas Caimán y Suiza. El acuerdo también deja a los países más pobres en la oscuridad al no arrojar luz sobre las actividades de las multinacionales en sus países”.
Rosa Pavanelli, secretaria general de Public Services International, ha afirmado: “Es más que una oportunidad perdida para la UE, es la UE defendiendo los intereses de las grandes corporaciones por encima de sus ciudadanos”