Se estrecha el cerco a las empresas que sortean pagar impuestos y los países que se benefician de ello, con el coste de que sus vecinos recauden menos dinero que puede ser invertido en sectores tan necesarios como la sanidad pública en tiempos de pandemia. Los países están perdiendo más de 358.000 millones de euros en impuestos no recaudados cada año debido al abuso de las rebajas a las contribuciones empresariales y a la evasión de impuestos privados. Según la organización Tax Justice, lo que dejan de ingresar los países es el equivalente a casi 34 millones de salarios anuales de enfermeras, o el salario anual de una enfermera cada segundo.
Las cinco jurisdicciones más responsables de las pérdidas fiscales, según la investigación, son: el territorio británico de Caimán (responsable del 16,5% de las pérdidas fiscales globales, equivalente a más de 58.700 millones); el Reino Unido (10%; más de 35.800 millones); los Países Bajos (8,5% ; más de 30.200 millones); Luxemburgo (6,5%; más de 22.600 millones) y Estados Unidos (5,53%; más de 19.300 millones).
Ante este panorama, la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden está sirviendo de acicate para que se acuerde un impuesto mínimo de sociedades universal, algo que la propia Comisión Europea ha sido incapaz de conseguir en la UE por la falta de unanimidad de los 27.
Sin embargo, parece que las posiciones se están moviendo entre los Estados miembros, como prueba el regateo con EEUU para que ese impuesto mínimo de grandes sociedades sea del 15%, en lugar del 21% inicialmente propuesto por Washington. Sobre la mesa, además, está la imposición de una tasa digital que también defiende la Unión Europea y que era mal vista por la Administración de Donald Trump.
Mientras tanto, este martes se lanza el Observatorio Fiscal de la UE, con un estudio sobre cómo podría atajar la Unión el déficit fiscal de las multinacionales.
Al mismo tiempo, este martes se espera el final de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo –los Gobiernos– para la adopción de informes públicos obligatorios para que las empresas publiquen cuántos impuestos pagan en cada país. La medida pretende atacar la evasión fiscal, que supone entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año, según la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque las multinacionales de la UE tendrán que proporcionar información sobre dónde pagan sus impuestos, contabilizan las ganancias, elemento clave para realizar un seguimiento de la elusión fiscal.
Al final de la semana, como paso previo a la cumbre del G7 del 11-13 de junio, está previsto que los ministros de Finanzas de los países más ricos y la UE avancen en el impuesto mínimo global para las empresas. Se prevé que el acuerdo sea de un mínimo del 15%, que puede ser mejorado por los países que lo deseen, y es algo que los paraísos fiscales no pueden bloquear.
Un acuerdo en el G7 vendría a acorralar al resto del mundo para que cambie cuánto y dónde pagan impuestos las multinacionales. Los gobiernos europeos confían cada vez más en que pronto se llegará a un acuerdo con los EEUU sobre este impuesto corporativo global mínimo, junto con medidas relacionadas para hacer que las multinacionales paguen más a los países en los que operan.
No obstante, la posición de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha sido: “No es el momento de subir impuestos, como se ha demostrado en los Presupuestos Generales del Estado. Nuestra prioridad en este momento tiene que ser favorecer la creación de empleo, el crecimiento económico y una recuperación fuerte y sostenible”.
Observatorio fiscal de la UE
Además de que este martes los negociadores de la UE pueden llegar a un acuerdo sobre la propuesta de información pública país por país, en virtud de un acelerón este año después de casi cinco de estancamiento, con el eurodiputado socialista Ibán García del Blanco, en las negociaciones, la Comisión Europea presentará el Observatorio Fiscal de la UE.
Creado a petición del Parlamento Europeo y con un presupuesto del Ejecutivo comunitario de de 1,2 millones de euros para 2020/21, el objetivo del Observatorio es mejorar la participación de la sociedad civil en la promoción, el diseño y la implementación de las acciones de la UE contra el abuso fiscal.
El Observatorio Fiscal debería realizar una investigación en profundidad sobre el fraude, la evasión y la elusión fiscal, que pueda ser utilizada por los gobiernos, y debería estimular la discusión y el debate entre las partes interesadas y los ciudadanos sobre estos temas a través de eventos y su web.
El Observatorio Fiscal reúne a universidades europeas, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, académicos individuales, economistas, abogados y periodistas como un consorcio, organizado por la Escuela de Economía de París. Será dirigido por el economista y profesor de la Universidad de Berkeley Gabriel Zucman.
El comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, participará este martes en una rueda de prensa sobre el lanzamiento del observatorio, junto con el profesor Zucman y los eurodiputados Paul Tang (socialista holandés, presidente de la comisión de Impuestos del Parlamento Europeo) y Sven Giegold (verde alemán, promotor de la iniciativa).
Negociación en el G7
La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, asistirá los días 4 y 5 de junio a la reunión de ministros de Finanzas del G7 en Londres, donde se discutirá un impuesto mínimo global para las grandes corporaciones de al menos el 15%. “La secretaria reforzará el compromiso de EEUU con las prioridades políticas destinadas a promover la recuperación global tras la pandemia, entre ellas la medidas de apoyo fiscal, y el acceso y distribución de las vacunas”, indicó el Tesoro en un comunicado.
El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, por su parte, ya ha adelantado que la propuesta estadounidense de consensuar un impuesto mínimo global para las corporaciones de, al menos, el 15% “podría ser un buen compromiso”, en una rueda de prensa con el titular alemán de Finanzas, Olaf Scholz, quien lo calificó como “gran progreso”.
En todo caso Le Maire ha insistido en que la cuestión “clave” es lograr un acuerdo global sobre un impuesto mínimo de sociedades y una tasa a las grandes empresas digitales durante la reunión de ministros de Finanzas del G20 que tendrá lugar el 9 y 10 de julio en Venecia (Italia).
En la actualidad, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sigue debatiendo un nuevo sistema fiscal global adaptado al mundo digital y las grandes multinacionales. El objetivo es lograr un acuerdo en los próximos meses, después de que la llegada de Joe Biden haya dado un nuevo impulso a unas negociaciones estancadas con Trump.
Las discusiones en la OCDE tienen dos pilares: el modo de asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas, en particular de las digitales, a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan aunque no tengan presencia física; y establecer a escala global un mínimo de tributación efectiva para las multinacionales con el fin de evitar que trasladen sus beneficios a paraísos fiscales.
“La nueva Administración de Estados Unidos marca la diferencia porque ellos dijeron que es factible hacerlo. Hicieron una propuesta para el desarrollo adicional de su propio impuesto mínimo global unilateral (...) y ahora esta noche hicieron una nueva propuesta sobre cómo podemos lograr un acuerdo en el ámbito global”, ha afirmado Scholz.