El 37,7% de los españoles apoya una política de limitación del precio de los alquileres para proteger el derecho a una vivienda digna, según refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de junio.
Según la encuesta publicada este miércoles, que incluye una batería de preguntas específicas sobre vivienda, el 81,8% de los españoles prefiere comprar una vivienda propia que alquilarla. Solo el 12,9% dice que prefiere vivir de alquiler y al 3,5% le es indiferente.
El 18,4% de los encuestados dice vivir de alquiler: el 15,6%, en una vivienda alquilada a precio de mercado y el 2,8%, en una a un precio inferior al de mercado (por otro hogar, empresa, administración o institución).
Entre los que viven de alquiler, el 45% cita como principal razón el no tener ingresos suficientes para comprarse una vivienda. El 13,8% señala que no quería hipotecarse y un 8,5% dice que le permite mayor movilidad. El 14,9% señala que es una solución temporal hasta poder comprar y el 6,4%, que las condiciones y la renta de la vivienda que tiene alquilada eran “una oportunidad”.
El 66,4% de los españoles está de acuerdo con la afirmación de que “siempre es mejor comprar un piso que alquilarlo” y solo un 31,3% opina que hay mejores inversiones que la compra de una vivienda. El 59,7% comparte que “comprar piso es la mejor forma de ahorrar para el futuro”.
Según la encuesta, un 90,2% de los encuestados cree que el derecho de los españoles a una vivienda digna “debe ser protegido de manera activa por el Gobierno español”. De ellos, el 41,8% cree que deberían ponerse límites a los precios, como ya están haciendo algunas grandes capitales europeas y como reclamó Podemos durante la negociación del reciente decreto ley de medidas del alquiler.
Según el barómetro, un 83,2% de los españoles apoya crear un parque de vivienda pública de alquiler. Un 29% de los encuestados está “muy a favor” de esta medida y un 54,2%, “a favor”. El 86% apuesta por fomentar la construcción o rehabilitación de viviendas para destinarlas al alquiler y el 87,6% apoya aumentar la seguridad jurídica para el arrendador garantizando el cobro de la renta.
El barómetro refleja que, para proteger el derecho a una vivienda digna, el 38,3% cree que debería ponerse a disposición un parque público suficiente de viviendas de alquiler. El 47,6% de los encuestados apoya que se construyan viviendas sociales para quienes tienen pocos recursos económicos. Un 45% creen que deben existir préstamos baratos para comprar viviendas y el 42,3%, que se fomente la construcción de viviendas con precios asequibles para la clase media.
La encuesta publicada este miércoles incluye también varias preguntas relacionadas con la okupación de viviendas o locales vacíos. Si bien un 39% aboga por expulsar inmediatamente a los okupas, el 31,3% apuesta por que el Estado les proporcione “soluciones habitacionales alternativas” y el 22,7%, por que dialogue con ellos para encontrar soluciones. Un 18,9% de los encuestados dice conocer algún caso de personas a las que les han 'okupado' su vivienda habitual después de pasar unos días fuera, por vacaciones o por otros motivos.