El Parlamento Europeo suele ser la institución de la Unión Europea más ambiciosa en lo relacionado con objetivos sociales. No en vano, por mucho que el Partido Popular Europeo sea el grupo mayoritario, las mayorías se configuran mirando a su izquierda. Y, en el Consejo, donde se reúnen los países, las unanimidades requieren del visto bueno de países como gobiernos ultraconservadores y soberanistas de derechas como Hungría y Polonia, por ejemplo.
De momento, según publica Politico, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha amenazado con bloquear el paquete de recuperación y el presupuesto de la UE por el acuerdo para vincular los pagos de los fondos al respeto del estado de derecho.En una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, vista por Politico, Orbán ha dicho que el acuerdo del jueves pasado entre los negociadores de las tres principales instituciones de la UE no cumple con los criterios establecidos por Budapest.
“De acuerdo con la práctica acordada según la cual no se acuerda nada hasta que todo esté acordado, debo informarle de que la situación no deja otra opción a Hungría que no aceptar los otros elementos del paquete en el próximo MFP [Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de siete años de la UE] y el fondo de recuperación del coronavirus, incluidos los aspectos que requieren unanimidad [la aprobación de recursos propios y el nuevo techo de gasto], ha escrito Orbán a Michel.
Y esos equilibrios de poder, esas correlaciones de fuerzas y de debilidades son las que están atravesando las negociaciones para aterrizar el acuerdo político por unanimidad de los líderes de la UE durante cinco días y cuatro noches de julio para el presupuesto plurianual 2021-2027 de la UE y el plan de recuperación. En total: 1,8 billones de euros.
Las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, los trílogos, consisten en alcanzar una posición común que luego ha de ser ratificada tanto por la Eurocámara como por el Consejo. Son negociaciones complicadas, en las que suelen chocar los intereses de los gobiernos con los negociadores de los grupos que, inevitablemente, suelen acabar cediendo más que los gobiernos.
En estas semanas hay cuatro negociaciones paralelas en marcha que mantienen en vilo la puesta en práctica del fondo de recuperación de 672.000 millones destinado a los planes nacionales de reconstrucción porque los gobiernos quieren que esté todo cerrado con el Parlamento Europeo antes de arrancar los procesos de ratificación nacionales relativos al aumento del techo de gasto del presupuesto plurianual y de los nuevos impuestos europeos que se aprobarán para el repago de la deuda emitida por la Comisión Europea para financiar los 750.000 millones de euros destinados a la recuperación del coronavirus. En el caso de Alemania, el Gobierno de Angela Merkel ya ha dicho que esa tramitación se dilatará al menos tres meses, lo cual hace inviable que el instrumento esté listo para el 1 de enero como estaba previsto.
Y de esas cuatro negociaciones en marcha, este jueves se anunció un primer acuerdo, sobre uno de los temas más espinosos porque amenaza con el bloqueo por parte de uno de los países aludidos, Hungría. El acuerdo es sobre el mecanismo para vincular el cumplimiento del Estado de Derecho con la recepción de los fondos europeos.
En realidad, el acuerdo supone un cierto avance sobre la tímida propuesta de la presidencia rotatoria alemana, que limitaba la responsabilidad del cumplimiento del Estado de Derecho a la gestión del dinero europeo. Es decir, Polonia podría seguir decretando zonas libres de LGTBi y Hungría seguir expulsando migrantes de cualquier manera y seguir recibiendo dinero europeo.
De las negociaciones ha salido un texto que permite desbloquear una negociación en la que el Parlamento Europeo quería ir más lejos, pero despeja el camino para la puesta en marcha de los fondos de recuperación a la espera de si el Gobierno húngaro llega hasta el final en su amenaza de bloquear la ratificación parlamentaria y, de ese modo, todo el fondo como represalia.
La negociadora socialista, Eider Gardiazabal (PSOE/S&D) considera “una gran noticia que al fin haya un mecanismo que vincule el presupuesto de la Unión Europea al Estado de Derecho, tal y como hemos reclamado los socialistas en los últimos años”. Gardiazabal se ha referido al acuerdo como “una gran victoria de los principios de la Unión Europea”, que ahora se podrán “defender de un modo eficaz”. Ernest Urtasun, vicepresidente del grupo Verdes/ALE y eurodiputado de Catalunya en Comú ha terciado: “Este mecanismo no es tan fuerte como quería el Parlamento Europeo y será un reto, pero podemos hacer que funcione. No es perfecto, pero sienta las bases para actuar contra los estados miembros que atacan la democracia y el estado de derecho. Ahora, los estados miembros ya no podrán ocultar su inacción sobre el estado de derecho, tendrán que actuar, incluso cuando sea difícil”.
Una vez despejado este nudo, quedan tres negociaciones abiertas: sobre las partidas del presupuesto plurianual que vaciaron los jefes de Gobierno en julio (cultura, la cohesión, Erasmus, Horizonte, Invest EU...); sobre los recursos propios (los nuevos impuestos para el repago de la deuda) y la que empezará a mediados de noviembre sobre el reglamento del fondo de recuperación.
La negociación por las partidas está siendo dura, si bien está en un territorio de acuerdo después de que el Parlamento Europeo haya ido rebajando su ambición de nuevos recursos para programas clave gestionados por la Comisión Europea ante la evidencia de que los topes económicos pactados en julio no se podían tocar: 1,074 billones para el presupuesto plurianual y 750.000 millones para el fondo de recuperación.
El propio comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, avanzaba este viernes que el acuerdo podía estar próximo. “El acuerdo sobre el mecanismo del Estado de derecho desencadenará una dinámica nueva”, dijo Hahn a Reuters: “Esperaría un acuerdo sobre todo el Marco Financiero Plurianual el lunes”.
Sin embargo, este lunes no se ha podido cerrar el acuerdo, que queda pendiente para una nueva reunión este martes.
Este lunes, precisamente, las comisiones de asuntos económicos y presupuestos del Parlamento Europeo han decidido sobre el reglamento –73 votos a favor, 11 en contra y 15 abstenciones– para asignar los 672.500 millones de euros de los fondos de emergencia para la recuperación del coronavirus. El reglamento ha sido respaldado por los grupos del PPE, S&D, Renew (liberales), Verdes e Izquierda Unitaria (GUE), y reclama, en comparación con la propuesta del Consejo de la UE (los 27 Gobiernos), más inversiones verdes (del 37% al 40% y alineadas con las directrices de la taxonomía comunitaria que establece qué inversiones son verdes y cuáles no), introducir la perspectiva de género y eliminar la cláusula de suspensión en la entrega de los fondos si no se cumplen las normas fiscales de objetivos de deuda y de déficit que, por otro lado, están suspendidas durante 2020 y, al menos, 2021.
Tras superar el paso por comisión, se espera una votación final a mediados de mes durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo como paso previo para la negociación con el Consejo.
Urtasun defiende el acuerdo: “Nuestros objetivos principales, como por ejemplo dotar de más ambición climática al fondo, garantizar que las inversiones tendrán en cuenta su impacto en la igualdad de género, o desvincular el fondo de las normas fiscales europeas han quedado muy bien recogidas en el acuerdo final. También estamos satisfechos de haber logrado debilitar el vínculo del Fondo con las reformas del llamado semestre europeo [el mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea], ya que el Parlamento propone, por ejemplo, que las reformas que deberán tenerse en cuenta deberán ser aquellas vinculadas con los objetivos del fondo, y no cualquier reforma recogida en las recomendaciones específicas por país”.
Gardiazabal cree que se trata de un “plan sensato y mucho más detallado que las propuestas de la Comisión y del Consejo, que ha abordado áreas muy sensibles para los grupos políticos, como las reglas fiscales, la participación del Semestre Europeo, la ambición climática y el respeto al Estado de Derecho”.
El acuerdo del Parlamento señala seis objetivos “exclusivos, a los que tendrán que estar destinados el cien por cien de los fondos”, ha subrayado Gardiazabal: “Además de una transición climática justa y la transición digital, ya establecidas por el Consejo, este acuerdo añade un objetivo de cohesión social porque esta crisis tiene consecuencias sociales muy importantes, un pilar económico para desarrollar una estrategia industrial europea y de apoyo a pymes; modernización de las Administraciones públicas; y juventud, con fondos para apoyar la Garantía Juvenil e Infantil”.
Además, el acuerdo establece un objetivo de gasto de al menos el 40% vinculado a la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático –el acuerdo de los Gobiernos lo fija en el 37%–, asegura que el 100% del dinero de todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia se gaste en las prioridades identificadas en este reglamento por el Parlamento; que el Parlamento debería tener el derecho de aprobar los planes nacionales de recuperación y resiliencia; evaluación del impacto en la igualdad de género en los paquetes de recuperación completo; y que las recomendaciones específicas para cada país deberán ser aquellas que estén en línea con las prioridades del reglamento. Por último, el artículo 9 sobre el vínculo del fondo con la obligación del cumplimiento de las normas fiscales europeas se suprimió y se sustituyó por un mecanismo de revisión por el cual se encarga a la Comisión presentar una nueva propuesta legislativa sobre la forma de articular el Reglamento con las normas fiscales una vez que se suprima la cláusula de salvaguardia general del Pacto de Estabilidad.
Cláusula de retroactividad
Por otra parte, incluye una cláusula de retroactividad que permitirá que cualquier inversión realizada desde el 1 de febrero de 2020 que cumpla los requisitos podrá ser reembolsada. Además, pide un aumento de la prefinanciación al 20%, “para dar tranquilidad y liquidez a los presupuestos nacionales”, afirma Gardiazabal.
Y la cuarta negociación pendiente es la de los recursos propios, los impuestos que quiere poner en marcha la UE para hacer frente al repago de los 750.000 millones de deuda que emitirá la Comisión Europea para financiar los fondos de recuperación. Esa negociación debería llegar a buen puerto, si bien hay flecos que tienen que cerrar, como la fecha de puesta en marcha de algunos impuestos, como el de transacciones financieras, que Consejo fijó para 2026 y la Eurocámara lo quiere para antes.
“Vamos avanzando en un entendimiento, ya está casi cerrado con el Consejo y es fundamental para financiar los presupuestos. El plan de recuperación es el objetivo principal”, afirma Gardiazabal.
La duda es si Budapest y Varsovia se tomarán en serio sus amenazas de bloquear otras partes del paquete, como esta en concreto sobre nuevos recursos propios, teniendo en cuenta que ese dinero también será muy bien recibido en Hungría y Polonia.