El Parlamento Europeo ha aprobado –por 466 votos a favor, 145 en contra y 37 abstenciones– una directiva que garantiza derechos mínimos para los trabajadores a demanda y de plataformas como Uber y Deliveroo; que aumenta la protección de los trabajadores “atípicos”: eventuales, 'freelance', 'riders', precarios, informales y domésticos.
La Eurocámara ha ratificado así, el acuerdo de febrero sellado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo para establecer condiciones laborales más transparentes y previsibles, en particular por lo que respecta a las formas de empleo no convencionales. Es decir: los freelance, riders, eventuales, autónomos, precarios, informales, autónomos, domésticos. En total, unos 200 millones de trabajadores en toda la UE, según la Comisión.
El empleador deberá aportar información adicional al empleado al firmar el contrato que hasta ahora no era obligatoria a nivel comunitario. En concreto, deberá informar sobre la duración del período de prueba, si ofrece algún tipo de formación, las compensaciones por horas extraordinarias, las características de la compañía en la que va a desempeñarse un trabajador contratado a través de una empresa de trabajo temporal, o información más precisa sobre los horarios en caso de que estos varíen o sobre la forma de cotización.
La nueva normativa afectará en particular a quienes se ganan la vida en cadenas de comida rápida, en almacenes de distribución, en supermercados, los empleados del hogar que cobran a través de bonos o cupones y también a personas empleadas a través de plataformas digitales como los conductores bajo demanda.
El ámbito de aplicación de la directiva no incluye a trabajadores contratados por menos de siete días, lo que ha sido criticado por los sindicatos europeos, denunciaron eurodiputados como Paloma López (IU) o Ernest Urtasun (Catalunya en Comú).
La Comisión Europea ha explicado que el acuerdo, que prevé tres años de adaptación para su aplicación por los Estados, trata de “proteger más trabajadores en toda Europa, especialmente a aquellos, cada vez más numerosos, que ejercen nuevas formas de trabajo, como los empleos flexibles y los contratos según demanda, así como a los trabajadores domésticos”.
En este sentido, “todos los trabajadores, independientemente de la duración de su contrato y del número de horas que trabajen, serán informados de sus derechos y obligaciones desde que empiezan a trabajar. Los trabajadores tendrán derecho a decidir con sus empleadores cuándo permanecen disponibles y qué plazo de preaviso se les ha de dar”.
“Los trabajadores a demanda ya no podrán ser despedidos”, afirma Bruselas, “si se niegan a trabajar con un plazo de preaviso muy breve. Los empleadores no podrán impedir que los trabajadores con un contrato de cero horas tengan un trabajo adicional con otro empleador. Tendrá un efecto positivo muy concreto y tangible para unos doscientos millones de trabajadores en toda la UE”.
Además, se limitarán los períodos de prueba a un máximo de seis meses, salvo justificación expresa, se permite a los asalariados trabajar para otras empresas y se limitan las cláusulas de exclusividad.
Se exige asimismo que la empresa informe de cuándo puede necesitar a un empleado con horarios cambiantes y se garantiza el derecho del asalariado a no responder llamadas laborales fuera de un marco temporal acordado.
También se exige una compensación en caso de que la empresa cancele una asignación laboral a un empleado tras un determinado plazo y se ofrece al trabajador “atípico” la posibilidad de solicitar a la empresa formas contractuales más estables, demanda que debe ser respondida y justificada por escrito, y se garantiza que las formaciones obligatorias no tengan coste para el trabajador.
La nueva normativa comunitaria, acordada entre Comisión Europea, Consejo y Eurocámara, actualizará una regulación de 1991 y afecta a los trabajadores eventuales, aquellos con contratos inferiores a un mes o de menos de ocho horas por semana o los empleados domésticos, entre otros.
La actualización legislativa, en la que ha ejercido como negociador del Parlamento Europeo el eurodiputado español de ALDE Enrique Calvet (exUPyD), prevé también que los asalariados dispongan de esa información antes de siete días desde el inicio del contrato y en un mes como máximo en caso de que la empresa tenga que aportar información suplementaria.