La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha instado este sábado a regular “cuanto antes” la protección de los denunciantes para amparar a las personas que revelan información de interés público, “incluyendo, con las cautelas oportunas, a quien obtenga información relevante sobre irregularidades o comportamientos ilícitos, mediante el acceso a sistemas informáticos o a dispositivos”, ante la detención del supuesto filtrador de Los Papeles de la Castellana.
La Plataforma destaca “el interés público de la información desvelada y el derecho de la ciudadanía a conocerla”, además de lamentar “que la opacidad de las instituciones, que con frecuencia roza el amparo de comportamientos irregulares, obligue a establecer canales alternativos”, como el buzón seguro Fíltrala.
En junio de 2016, eldiario.es publicó, junto con La Marea y Diagonal, Los Papeles de la Castellana. El origen de la investigación fue una filtración masiva que llegó a Fíltrala: 38.598 documentos que desvelaban las fórmulas que han utilizado grandes fortunas, empresarios, funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de impuestos.
Según la PDLI, la Proposición de Ley contra la Corrupción y Protección de los denunciantes, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos y que actualmente se encuentra tramitada en el Congreso, excluye a estos denunciantes: casos como la lista Falciani, los documentos de Snowden o las revelaciones de Manning quedarían fuera de los supuestos que contempla el actual proyecto.
El pasado 14 de febrero, en el contexto de la investigación de Los Papeles de la Castellana, la Policía detuvo a un hombre en un pueblo cercano a Santa Cruz de Tenerife. La detención es una prueba más dentro de la investigación que lleva a cabo la Policía desde que el pasado 6 de junio el Gabinete Tributario de Orientación Fiscal, un despacho de asesoría situado en el número 156 del Paseo de la Castellana de Madrid, presentara una denuncia ante la Policía Nacional ante su sospecha de que sus archivos habían sido intervenidos informáticamente.
La nota de prensa de la Policía publicada este viernes aclara que fue “un fallo en la configuración del servidor de una asesoría tributaria lo que permitió que el hacker descargara dicha información [...]. Los agentes partieron de las evidencias obtenidas a partir de la infraestructura informática de la víctima y consiguieron rastrear el origen de la intrusión”.
Associated Whistleblowing Press, la plataforma que gestiona Filtrala, explica que la “detención no tiene que ver con la seguridad del proceso de envío de Filtrala, sino a la forma con la que la persona según la Policía habría obtenido la información y que posteriormente habría enviado a Filtrala”.
La PDLI recuerda en su comunicado que lleva tiempo reclamando una ley sobre “whistleblowers” “que nos acerque a los países más garantes del derecho a la libertad de información que ya cuentan con ella”.