“Arturo entró como elefante en una cacharreria”. Con esa frase describe una persona del comité de empresa de Ifema la relación que el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, ha mantenido con los trabajadores desde que hace dos años se hizo con la concesión de la restauración del recinto ferial. En apenas 24 meses, Fernández ha presentado dos expedientes de regulación de empleo que ha tenido que retirar y no ha actualizado los salarios de sus empleados.
El comité de empresa ha denunciado además al grupo ante la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid por infracción de las normas laborales en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales.
En julio de 2010, Ifema publicitó el concurso para la adjudicación de los servicios de restauración de su recinto ferial, que finalmente recayó en el grupo empresarial del vicepresidente de la CEOE, Arturo Cantoblanco. El 1 de enero de 2011, el grupo comienza a hacerse cargo de la contrata y asume a la plantilla que procedía de la anterior empresa. Sin embargo, apenas seis meses después presenta un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). “Fue la primera vez que se reunió con el comité, no hubo ni reunión de presentación. El primer encuentro fue a los seis meses y para presentarnos el expediente de regulación que quería aplicar”, explican las mismas fuentes.
Los trabajadores acordaron acciones de movilización para parar el ERTE. Finalmente, el comité de empresa retiró su convocatoria de huelga porque Fernández se comprometió no sólo a retirar el ERTE, sino a no volver a presentar ninguno en los siguientes meses ni tampoco a hacer despidos. Un compromiso que, sin embargo, rompió no mucho después.
En marzo de 2012, Arturo Fernández vuelve a presentar una propuesta para suspender temporalmente 129 contratos por causas económicas. El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores se agota sin acuerdo: “Fue un paripé. Esperó a que se aprobara la reforma laboral para presentarlo, para que aunque no hubiera acuerdo pudiera aplicarlo”. El comité llevó a los tribunales el expediente de regulación, que empezó a aplicarse en la empresa, y ganó.
La sentencia, dictada por un magistrado del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid a la que ha tenido acceso eldiario.es, detecta “una carencia relevante” en el periodo de consultas con los trabajadores porque “no se identifica ni por tanto se explicita en modo alguno las causas que podrían justificar la modificación adoptada por el empresario”. Por ello, el juez declara nula la medida adoptada por Arturo Fernández. La sentencia va más allá, ya que dice que la causa económica por la que Fernández pidió esa suspensión no está en absoluto probada.
El magistrado no da credibilidad a la documentación aportada por la empresa, que califica de insuficiente, y con la que se intentaba justificar la previsión de pérdidas: apuntes contables y balances de situación. El juez dice que para ser convincentes necesitan ser elaborados por una persona “externa al empresario”, en concreto, un perito auditor.
El juez declaró nula la sentencia y condenó a la empresa a reponer a los trabajadores afectados en sus puestos y a indemnizar por daños y prejuicios a los afectados con una cantidad similar a los salarios que dejaron de percibir. Arturo Fernández ha recurrido la sentencia y ambas partes están pendientes del fallo final.
El empresario se escuda en ese fallo pendiente para no actualizar los salarios de sus empleados, tal y como contempla el convenio de hostelería de la Comunidad de Madrid, del que Fernández es precisamente uno de los firmantes como líder de la patronal madrileña. “Tenemos los mismos sueldos que en 2010”, asegura el comité de empresa.
Denuncia por incumplir la normativa de seguridad laboral
Denuncia por incumplir la normativa de seguridad laboral
Arturo Fernández presume de pagar “religiosamente” las nóminas de sus empleados y de contar con una liquidez envidiable. No es esta, desde luego, la percepción que sus empleados de Ifema tienen del estado de la empresa. “En alguna ocasión el pago de las nóminas ha estado pendiente hasta el último momento de que la empresa facturara por algún congreso de los que se ha realizado. Percibimos una pequeña paga que tenemos fijada y que nos dan en noviembre, pues en esta ocasión no la hemos cobrado hasta enero”, dicen.
El comité de empresa ha denunciado al grupo por incumplir las normas de seguridad laboral después de que la dirección no haya respondido a sus peticiones de reunión para tratar la prevención de riesgos laborales. Los trabajadores denuncian, además, que el presidente de CEIM no está invirtiendo en la mejora y mantenimiento de las instalaciones, tal y como se contempla en el pliego de condiciones de la contrata. “Tenemos máquinas que necesitan mantenimiento, y antes se llamaba a empresas para que las revisaran. Ahora son tres o cuatro chavales los que tienen que encargarse de todo el recinto”, aseguran.
Hace un mes, los trabajadores dirigieron una carta al director general de Ifema, Fermín Lucas, en la que alertaban de la deuda de la empresa con la Seguridad Social -de la que señalaban tener noticias no solo a través de la prensa, sino también de un cliente-, y dejaban constancia del deterioro de las instalaciones, y de la no revisión de sus salarios conforme al convenio. No han obtenido respuesta.