El Partido Popular (PP) envió este viernes al Gobierno un plan económico de “medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía” ante el impacto de la guerra, que se enfoca en una bajada de los impuestos fundamentales (IRPF, IVA, Sociedades...) y que los expertos consideran que sería gasolina para la inflación, la principal y más preocupante consecuencia de la invasión de Ucrania, y que alejaría a España del modelo fiscal de la eurozona, acercándolo al de los países del Este, los únicos que actualmente tienen tipos medios más bajos que España.
Entre el conjunto de propuestas –que sorprendentemente el PP envió sin su logo pero con el escudo oficial de España– destaca la reducción de impuestos por “entre 7.500 y 10.000 millones”, según había ido adelantando durante los últimos días el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Los economistas consultados por elDiario.es consideran que estas medidas serían “procíclicas” (estimularían la demanda) en un momento de crecimiento económico y creación de empleo. Es decir, impulsarían aún más los precios.
Eso, con las estimaciones de las principales instituciones apuntando a un avance del IPC (índice de precios de consumo) cercano al 6% de media a cierre de año, o incluso en el 7,5% en el caso de la previsión del Banco de España, por la perturbación que supone la guerra en los precios energéticos y en los alimentos. Una escalada que se ha trasladado ya al resto de la cesta de la compra de bienes y servicios y que golpea especialmente a las familias con menos ingresos. Solo en marzo, el IPC aceleró un 9,8%, récord de 1985.
Por otra parte, el plan del PP apenas concreta cifras “por falta de acceso a los datos tributarios”, según reconoció Juan Bravo, consejero de Hacienda de Andalucía y nuevo vicesecretario de Economía del PP, que fue el encargado de explicar las medidas a los medios de comunicación, y quien admitió que algunas de ellas dependerían de la aprobación de la Comisión Europea.
Deflactar el IRPF, bajar el IVA, Sociedades...
Por partes, el conjunto de medidas fiscales del PP incluye “deflactar el IRPF” en los tramos que afectan hasta los 40.000 euros, pero no da ningún número. Y en realidad afecta de forma generalizada al tipo del impuesto sobre la renta, algo que desaconsejan la mayoría de expertos. También se prevé una rebaja a los autónomos.
José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense y subdirector de Fedea, aclara que deflactar no es “bajar impuestos, sino impedir que suban”, si va unido a una “nueva figura en el mínimo personal y familiar”, que también incluye el plan del partido de Feijóo,
De todas formas, “es una propuesta que va en contra del Libro blanco sobre la reforma tributaria [publicado recientemente], en el que refleja que el problema del IRPF no es su progresividad, sino precisamente su dimensión”, argumenta Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá, y una de las expertas del comité que desarrolló este Libro blanco para el Gobierno.
En él, se extrae la conclusión de que el tipo medio sobre la renta de España está lejos de la media europea. “Y las medidas del PP lo alejarían aún más”, incide Cantó. El riesgo pasa incluso por levantar sospechas en la Comisión Europea sobre nuestra responsabilidad fiscal pese al elevado déficit estructural (diferencia entre ingresos y gastos del Estado que se cubre con deuda) y al sobreendeudamiento.
Dentro del mismo apartado fiscal, el PP cita bajar el IVA de gas y de electricidad al 4 o 5% desde el 10% al que ya lo redujo el Gobierno, aunque reconoce que para hacerlo necesitaría autorización de la Comisión Europea. Al igual que para tocar los impuestos especiales sobre hidrocarburos, también rebajados ya por el Ejecutivo.
Una rebaja que, al menos hasta junio, convive con un descuento de 20 céntimos por litro de combustible. Ambas medidas, por otro lado, son consideradas por los economistas como regresivas porque son para todo el mundo y benefician a las rentas más altas.
Otra propuesta es “un impuesto negativo” de entre 200 y 300 euros a las familias más vulnerables. “Una deducción similar a la de maternidad o de familiar numerosa, coordinada con las ayudas que se puedan recibir desde el Ingreso mínimo vital o desde el Bono social eléctrico y del Bono social térmico, así como del resto de prestaciones sociales que se prestan desde comunidades autónomas y ayuntamientos”.
Aquí los expertos coinciden en que sería difícil de vehicular, porque precisamente las personas con menos ingresos escapan a los datos tributarios, aunque sí responde a la necesidad de ayudar a quienes más sufren el golpe que supone la inflación al poder adquisitivo. En definitiva, en un proceso de encarecimiento del conjunto de bienes y servicios por traslado de los precios de la energía a los costes de producción y de transporte, es fácil aplazar la decisión de disfrutar de un crucero, pero no se puede prescindir de comprar pan o de poner la calefacción.
Otras propuestas abordan ayudas directas a empresas que los expertos creen que pueden ser regresivas si no están bien dirigidas. “Tienes un shock de oferta porque la energía es más cara y afecta a la producción y al transporte, por lo que las medidas tienen que dirigirse a intervenir en la oferta no en estimular la demanda”, incide Conde-Ruiz.
En contra del FMI
El plan choca además con las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre no aplicar bajadas de impuestos en el actual contexto de escalada de los precios, “porque generan más inflación”, y con la advertencia sobre el sobreendeudamiento de nuestra economía por el gran aumento del gasto social que exigió la recesión que provocó la pandemia de coronavirus en 2020.
En un contexto, además, en el que ya han empezado a endurecerse los costes de financiación por la expectativa de retirada de estímulos monetarios y subida los tipos de interés oficiales por parte del Banco Central Europeo (BCE), precisamente con el objetivo de retirar liquidez de los mercados financieros para contener la escalada generalizada de los precios.
El organismo multilateral descartó esta misma semana que España pueda reducir su endeudamiento al nivel pre COVID en el próximo lustro, estancándose la deuda pública en el 114% del PIB (producto interior bruto), muy lejos del 95,5% previo a la pandemia, y calculó que el déficit se iría hasta el 5,3% respecto al PIB este año, desde el 11% de 2020 y el 7% de 2021. Más allá, el FMI calcula que el déficit de nuestro país caerá otro punto en 2023, hasta el 4,3%, pero se estancará en el 3,9% en los siguientes ejercicios.
Pese a ello, el PP considera que las bajadas de impuestos encontrarían margen fiscal en la mayor recaudación por la escalada de la inflación. “En el Presupuesto del Gobierno, se preveía un incremento de recaudación de 9.000 millones, y la AIReF habla de hasta 18.000 millones en sus últimos cálculos, por lo que es razonable una rebaja de hasta 10.000 millones, con la idea de no comprometer el déficit”, recalcó Juan Bravo.
Preguntado por el esfuerzo fiscal que ya se ha comprometido con el Plan de choque aprobado por el Gobierno, de 6.000 millones, insistió en todavía “habría margen” para las medidas del PP que sustituirían a las puestas en marcha por el Ejecutivo hasta junio y que, en su caso, estarían limitadas hasta el final de 2022.
Dentro del plan del PP se introducen propuestas para mejorar la eficiencia del gasto público para compensar parte de la bajada de impuestas. Pero, de nuevo, sin cifras concretas.
Y, por último, una modificación en la asignación de hasta un 7% del Plan de recuperación financiado por la Unión Europea. Se trataría de incentivos fiscales o créditos monetizables en el IRPF o en el Impuesto de sociedades por cerca de 4.900 millones de los fondos Next Generation.
En concreto, serían ayudas a las inversiones similares a las que existen respecto a la eficiencia energética pero en otros ámbitos contemplados por el Plan de recuperación, aunque Juan Bravo admitió que habría que “renegociarlo con la Comisión Europea”.