Los 17 expolíticos que el año pasado se sentaban en los consejos de administración de las compañías de los sectores eléctrico y gasista que cotizan en el Ibex 35, principal índice bursátil español, se repartieron en 2014 un total de 3.163.000 euros brutos, de acuerdo con los datos remitidos en los últimos días por las empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En 2014, las puertas giratorias (el polémico paso de políticos al sector privado), que tienen al sector energético como uno de sus destinos predilectos (eléctricas, gasistas y petroleras dan cobijo a un tercio del medio centenar de ex altos cargos a sueldo en consejos del Ibex), funcionaron con brío. El año pasado se incorporaron seis nuevos consejeros con pedigrí en la cosa pública, todos ellos vinculados al Partido Popular y algunos con nula experiencia previa en el sector privado, a dos empresas del sector, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás. Ambas se encargan de la operación del sistema eléctrico y gasista, respectivamente, y su principal accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Por empresas, la compañía que más expolíticos tuvo en su consejo de administración es Enagás, con nada menos que ocho (siete del PP y uno del PSOE), seguida de REE, que el año pasado tuvo cuatro (dos por cada uno de los grandes partidos), Iberdrola y Gas Natural (uno del PSOE y otro del PP cada uno de ellas) y Endesa (uno de CiU).
Los mejores sueldos, como es natural, corresponden a los dos únicos que tienen funciones ejecutivas: el presidente de REE, José Folgado, y el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja. Y entre los no ejecutivos (y teniendo en cuenta solo a los que estuvieron todo el año en el puesto), los emolumentos oscilan entre los 70.000 y los 299.000 euros brutos anuales, a una media de 189.666 euros por cabeza.
El cómputo no tiene en cuenta a altos directivos o asesores (como José María Aznar en Endesa) ni a consejeros de filiales, como el marido de María Dolores de Cospedal (colocado en las subsidiarias de Ingeniería e Inmobiliaria de Iberdrola), dado que su retribución no es pública. Tampoco a personas muy cercanas a políticos en activo, como el empresario hotelero Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que es consejero de Gas Natural.
De mayor a menor sueldo, el listado es el siguiente:
José Folgado (REE): 746.000 euros. El exvicepresidente de CEOE y ex secretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar, presidente ejecutivo de REE, aumentó su retribución un 2,7% en un ejercicio en el que los resultados de la compañía crecieron un 35,7% por el impacto de los extraordinarios. Folgado, presidente desde 2012, cuando sucedió en el cargo al exministro socialista Luis Atienza, forzó el año pasado un cambio en los estatutos de la empresa para poder seguir al frente una vez rebasados los 70 años. Su mandato acaba en abril del próximo año.
Marcelino Oreja (Enagás): 552.000 euros. El año pasado, el beneficio de Enagás se estancó pero su consejero delegado, el exeurodiputado del PP e hijo del excomisario europeo y exministro popular Marcelino Oreja, aumentó su retribución un 30,4%. El incremento “se debe a ser el primer ejercicio desde su incorporación en el que ha percibido la retribución variable correspondiente a un año completo”. Oreja fue nombrado número dos de Enagás nueve meses después de la llegada de Mariano Rajoy al poder y tiene encomendada la expansión internacional de la compañía.
Ángel Acebes (Iberdrola): 299.000 euros. El último ministro de Interior de Aznar, que ya se ha embolsado más de un millón de euros como vocal de Iberdrola desde su nombramiento en 2012, es el mejor pagado de entre los expolíticos a sueldo del sector que no tienen funciones ejecutivas, a pesar de que su retribución cayó el año pasado un 5,6%. Doblemente imputado por el caso Bankia y los papeles de Bárcenas, Iberdrola prevé renovarle como consejero hasta 2019.
Braulio Medel (Iberdrola): 273.000 euros. El presidente de Unicaja, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía con el PSOE, es, como Acebes, consejero independiente de Iberdrola, en cuyo máximo órgano de gestión cumplirá diez años en 2016. Y, como Acebes, también está imputado desde el año pasado, en este caso, por el caso de los ERE en Andalucía.
Miquel Roca (Endesa): 245.000 euros. El exdiputado convergente, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarin' es uno de los expolíticos mejor conectados con el Ibex 35. Además de consejero independiente de Endesa (que el año pasado le pagó un 21% menos), es vocal de ACS y secretario (no consejero) de los consejos de Administración de Abertis y Banco Sabadell. Sigue vinculado al bufete que fundó en 1996, Roca Junyent, uno de los más prestigiosos de España, y que en 2014 volvió a asesorar a la eléctrica por unos honorarios que la empresa no especifica pero “no son significativos”, según la compañía.
Nemesio Fernández Cuesta (Gas Natural): 196.000 euros. Uno de los pocos que lleva más años en el sector privado que en el público, su salto a la política llegó en mayo de 1996, cuando fue nombrado secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales en el Ministerio de Industria y Energía. Volvió a Repsol (la compañía de la que procedía) en 2003 y fue escalando posiciones hasta convertirse en su número dos, aunque el año pasado fue sustituido en ese rol por otro expolítico, el peneuvista Josu Jon Imaz. Consejero de Gas Natural en representación de la petrolera, su retribución en esa compañía aumentó el año pasado un 54,3%, aunque el grueso de sus emolumentos viene de Repsol, donde actualmente es director del área Comercial, Química y Gas & Power de Repsol y miembro del Comité de Dirección.
Ángeles Amador (REE): 175.000 euros. Exministra de Sanidad con Felipe González, lleva en el Consejo de Administración de REE, tradicional refugio de expolíticos, desde mayo de 2005 y es la única representante socialista que queda, después de dar su apoyo el año pasado a que Folgado alargara su mandato. Su retribución se mantuvo sin cambios en 2014.
Felipe González (Gas Natural-Fenosa): 127.000 euros. El expresidente del Gobierno mantuvo su retribución en la gasista el año pasado, en vísperas de su previsible salida, que en principio debería haberse producido en la última junta de accionistas. González dijo hace un año que dejaría el consejo de la segunda eléctrica española porque es “muy aburrido”, pero se quedó un año más. Desde su nombramiento en 2010, se ha embolsado más de 600.000 euros como vocal de la multinacional.
Ramón Pérez Simarro (Enagás): 76.000 euros. Ex secretario de Estado de Energía con el PSOE, es el último reducto de los socialistas en el consejo de Enagás. O el penúltimo, si se tiene en cuenta la cercanía que en su momento tuvo el presidente ejecutivo de la compañía, Antoni Llardén, con el PSC. Pérez Simarro cumplió el año pasado diez años como consejero de Enagás.
Santiago Lanzuela (REE): 61.000 euros. El último en llegar. Fue diputado del PP hasta su renuncia, en julio pasado, para desembarcar en REE, a cuyo consejo se incorporó el pasado 29 de julio en representación de la SEPI. El que fuera presidente aragonés entre 1995 y 1999, diputado por Teruel desde 2000, se despidió del Congreso “emocionado” y tras lograr cosas que creía “difíciles”, como hacer “un montón de amigos en distintos partidos”.
Rosa Rodríguez Díaz (Enagás): 70.000 euros. Ex viceconsejera de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias y ex vicepresidenta del Cabildo de Gran Canaria, abandonó su puesto en el Ejecutivo insular en marzo de 2013 para irse directa a Enagás. Su nombramiento como consejera independiente se atribuyó a la larga mano de José Manuel Soria, con el que coincidió durante la etapa del actual ministro de Industria en el Gobierno de las islas.
Antonio Hernández Mancha (Enagás): 60.000 euros. El antecesor de José María Aznar en la presidencia de la extinta Alianza Popular, abogado y lobbista, se incorporó al consejo de Enagás en marzo del año pasado, en una maniobra del PP para colocar nada menos que a cuatro consejeros afines, en el año en el que Enagás se convirtió en pieza clave para ejecutar el rescate del fallido almacén de gas Castor, de cuya hibernación se encarga y cuya indemnización al promotor, ACS, costearán los consumidores durante los próximos 30 años. Hernández Mancha, exsenador y exdiputado del parlamento andaluz, se descolgó en noviembre pasado con unas sorprendentes declaraciones a favor de Podemos, con los que dijo simpatizar.
Ana Palacio (Enagás): 60.000 euros. La última ministra de Exteriores de José María Aznar también se incorporó a Enagás en marzo pasado, tras dimitir como consejera independiente de otra empresa del sector, Hidrocantábrico (filial de la portuguesa EDP). Anteriormente fue vicepresidenta del gigante nuclear francés Areva.
Isabel Tocino (Enagás): 60.000 euros. La exministra de Medio Ambiente, también consejera de Enagás desde marzo, compatibiliza ese puesto con su presencia en el Consejo de Administración del Santander, que el año pasado le pagó 484.000 euros por sus servicios. El banco cántabro lideró el pool de entidades que permitió a ACS cobrar su indemnización de 1.350 millones por el cierre del almacén Castor.
Gonzalo Solana (Enagás): 57.000 euros. Otro agraciado por la tacada de colocaciones ejecutada por la SEPI en la empresa gasista en marzo pasado, Solana fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), antecesor de la actual CNMC, durante el Gobierno de Aznar (fue nombrado en el año 2000) y hasta 2005.
Miguel Boyer (REE): 53.000 euros. El exministro socialista abandonó el consejo de REE, en el que se sentaba desde 2010, en marzo de 2014, tras concluir su mandato de cuatro años. Por esos tres meses, cobró 53.000 euros, frente a los 147.000 de todo el ejercicio 2013. Boyer falleció en septiembre pasado a los 75 años.
Luis Valero (Enagás): 53.000 euros. Otro que fue directo del despacho gubernamental al sector privado. Primer secretario general de Industria con José Manuel Soria, cesó de ese cargo en febrero del año pasado, dos meses antes de anunciarse su incorporación a Enagás. Antes de su llegada al Gobierno de Mariano Rajoy fue, durante 15 años, director general de la patronal de los fabricantes de coches, Anfac. En sus últimos meses en Industria, se podía oír contar a Valero anécdotas en privado sobre “nosotros”. No se refería al Gobierno, sino al sector automovilístico, al que Soria se ha ocupado de mimar durante toda la legislatura.