Las exportaciones de España a Arabia Saudí superan los 2.000 millones anuales, arropadas por la relación entre monarcas

“El Rey es el principal activo de las relaciones de España y Arabia Saudí”. Así figura en la descripción de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el país del Golfo. Y es que los intercambios comerciales entre ambos países se han basado, según este documento, en “la tradicional simpatía y amabilidad entre ambas casas reales”.

Una muestra de ello fue el viaje que hicieron los entonces reyes, Juan Carlos y Sofía, a Riad en 2006, acompañados por Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores, y José Montilla, de Industria y Comercio. De aquellas reuniones surgieron importantes acuerdos comerciales que con los años se tradujeron en la eclosión de las exportaciones españoles a Arabia Saudí. En apenas una década se triplicaron, pasando de los 680 millones de 2006 a los 2.364 millones de 2016, según datos del Ministerio de Indistria, Comercio y Turismo. El mejor año fue 2015, con más de 3.000 millones en exportaciones de bienes y en 2017 se situaron algo por encima de los 2.200 millones.

A la reunión de 2006, se sucedieron muchas otras, hasta la última que se produjo este mismo año en Madrid, ya con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán. En este periodo se han producido grandes acuerdos para los intereses de las empresas españolas en el país, no sin polémicas. La última de ellas pone a Navantia en el foco, tras la adquisición de cinco fragatas por parte del Gobierno saudí, en pleno debate sobre la venta de equipamiento militar al país del Golfo.

Uno de los grandes acuerdos comerciales fue el archiconocido Ave Medina-La Meca, construido y operado por empresas españolas. El gran proyecto de infraestructuras de transportes, protagonista durante años de la Marca España, tuvo recientemente su estreno. Lo hizo con más de año y medio de retraso y sin estar a pleno rendimiento, ya que hasta 2019 no alcanzará las velocidades de 300 kilómetros por hora. En 2011, se adjudicó el proyecto por un valor de más de 6.000 millones de euros. El consorcio español estaba compuesto, entre otras, por Adif, Cobra (ACS), Ineco, Indra, OHL, Renfe o Talgo.

A ello se han sumado otros grandes proyectos, como el metro de Riad, construido por FCC y que en verano comenzó sus pruebas. Más de 35 compañías tienen presencia en la principal economía del Golfo. Junto a las constructoras o tecnológicas, también grupos del sector comercio como Inditex, con casi 180 tiendas, o Mango tienen importantes intereses en Arabia Saudí. Repsol, Tous, o Amadeus son otras de las compañías españolas que figuran en el registro del Icex.

Sin embargo, la empresa que más se repite en las últimas semanas en las relaciones entre Arabia Saudí y España es Navantia. En su visita en primavera, el príncipe heredero firmó un acuerdo para la adquisición de cinco corbetas por unos 1.800 millones de euros. Un contrato histórico para la industria naval española. Sin embargo, el contexto de la guerra en Yemen levantó críticas por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Ahora, el tema vuelve a estar sobre la mesa. El asesinato del periodista Yamal Khashoggi ha vuelto a abrir el debate sobre el comercio de armas y material de defensa hacia Arabia Saudí. El primero en mover ficha ha sido el Gobierno alemán, que ha anunciado que suspende la venta de estos bienes al país del Golfo. Por su parte, el partido en el Gobierno en España, el PSOE, ha evitado por ahora secundar esta medida y se ha limitado a expresar su “consternación”.

España es el cuarto país, después de EEUU, Reino Unido y Francia, que tiene un mayor comercio armamentístico con Arabia Saudí, según datos del Stockholm International Peace Research Institute. La venta de las corbetas era un impulso para los astilleros españoles, especialmente en Cádiz, una de las provincias españolas más castigadas por el paro. Este hecho provocó las reticencias del Gobierno a suspender la venta de bombas al país del Golfo antes del verano, como propuso inicialmente Margarita Robles, ministra de Defensa.

En valores absolutos, los más de 2.200 millones que exportó España a Arabia Saudí suponen apenas el 0,9% de las exportaciones españolas, lo que sitúa al país lejos del top 10 de clientes para las empresas nacionales. Sin embargo, sus grandes proyectos de infraestructuras y su influencia actual en el futuro de Navantia han puesto a Arabia Saudí entre las prioridades del comercio exterior español.

Los principales productos exportados por España hacia Arabia Saudí durante el pasado ejercicio estaban encabezados principalmente por trenes y material ferroviario, según consta en las estadísticas del Icex. Por valor, el segundo producto en importancia fueron los de confección femenina. Otras mercancías incluidas entre las más comercializadas van desde los pavimentos y revestimientos cerámicos a automóviles, pasando por municiones, farmaquímica o productos siderúrgicos.

Además, se trata de una relación comercial que es deficitaria. Arabia Saudí es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, de donde procede buena parte de la riqueza del país. Es, además, el tercer proveedor de petróleo para España en lo que va de año, solo superado por México y Nigeria. En total, las importaciones procedentes de Arabia Saudí alcanzaron en 2017 los 3.684 millones de euros, de los que la mayoría corresponde al petróleo.

Más allá del crudo, los intereses económicos de Arabia Saudí en España son más limitados. Además, algunos de los casos más conocidos de empresas saudíes en España en los últimos años no han sido precisamente brillantes. Uno de los más relevantes fue Blanco. La histórica cadena textil española entró en crisis y fue adquirida por Alhokair, un grupo saudí especializado en comercio. La empresa acabó entrando en liquidación y cerrando todas sus tiendas el pasado año.

Por otro lado, la familia real saudí también se ha visto implicada en disputas judiciales societarias con la hacienda española. Es lo que le ocurrió a la sociedad que aglutina sus inmuebles en Marbella (Málaga) y que se tradujo en una sanción de 3,2 millones de euros por discrepancias fiscales en la contabilidad de las rentas anuales que abonaba la familia real, aunque Hacienda reclamaba más de 5 millones.