El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) sigue colapsado: la externalización en septiembre de la bolsa de expedientes atrasados que acumulaba el organismo no ha evitado que el atasco siga aumentando. Si en septiembre el retraso se cifraba en unos 180.000 casos por resolver, ahora los expedientes acumulados son ya 214.000.
Los sindicatos denuncian que la contratación de la empresa pública Tragsatec (filial del grupo Tragsa), que costó al Ministerio de Empleo 3,5 millones de euros, solo ha servido para resolver entre 2.500 y 3.000 expedientes en cerca de cuatro meses. Las centrales han convocado para mañana jueves movilizaciones frente a todos los centros de trabajo provinciales del Fogasa.
En septiembre, Empleo externalizó los 180.000 expedientes que en ese momento estaban por resolver. De esa forma, Tragsatech se encargaría de gestionar la bolsa de atrasos y las oficinas del Fogasa resolverían los nuevos casos que fueran llegando. Sin embargo, la cantidad de nuevos expedientes ha vuelto a superar la capacidad del organismo, que cuenta con una plantilla de 326 personas repartidas por todas las provincias. “Se han vuelto a ver los déficits estructurales que tenemos y que nos impiden responder adecuadamente al trabajo que nos llega. Estamos produciendo atraso permanentemente”, dice el secretario general de CCOO en el Ministerio de Empleo, Josetxo Gándara. En Madrid y Barcelona, el plazo medio de resolución de un expediente es de 18 meses.
La 180.000 expedientes atrasados viajaron desde 23 unidades provinciales hasta la sede de Tragsatec en Madrid, donde la empresa iba a centralizar el proyecto. Aunque son los trabajadores de Tragsatec los que se encargan de tramitar el expediente y hacer el cálculo de cantidades, es la Secretaría General del Fogasa la que finalmente da el visto bueno final al caso. Según fuentes consultadas, sólo son dos los letrados encargados de dar ese aprobado final: “Si lo que quieren es acabar con el atasco de expedientes y sólo hay dos personas para dar el visto bueno final, hay que pensar que la mayoría los aprobarán sin casi mirarlos”.
El Ministerio de Empleo asegura que el trabajo de Tragsatec se está llevando a cabo “con la mayor celeridad posible” y que esperan que el ritmo de resolución crezca con rapidez. Un portavoz niega que sólo haya dos personas para hacer la verificación final de los expedientes. “Se dedica a ello todo el personal posible”, dice.
Plan de choque
Los sindicatos piden la puesta en marcha de un plan de choque para afrontar esta sobrecarga de trabajo, además de otras medidas estructurales que permitan mejorar la eficiencia del Fogasa. “Las deficiencias de personal son extremadamente graves”, subrayan, algo que, dicen, debe solucionarse con contratación de personal propio para normalizar el funcionamiento del organismo. El Ministerio accedió el año pasado a incorporar a 136 personas interinas durante cinco meses para agilizar la gestión de expedientes, pero la mayoría de estos contratos ya ha expirado.
En cualquier caso, la principal característica de este proceso es la opacidad. Tragsatec ha firmado con los trabajadores un acuerdo de confidencialidad sobre el trabajo llevado a cabo para el Fogasa. Fuentes sindicales aseguran que en otras ocasiones se han firmado pactos similares. “Cuando se hacen proyectos en los que se maneja información sensible suelen registrarse estos acuerdos. Al fin y al cabo, funcionamos como una prolongación de la Administración”, explican.
Además, el Ministerio de Empleo encargó este trabajo a Tragsa mediante una encomienda de gestión, lo que evitó que el proyecto saliera a concurso y que se pudieran conocer algunas de sus condiciones como, por ejemplo, el número exacto y el perfil de los trabajadores encargados de tramitar los expedientes.