Facua, Ecologistas y otras organizaciones se suman a la presión sobre el Gobierno para que regule los alquileres

Analía Plaza

20 de octubre de 2020 13:07 h

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Cinco días después de reunirse con Pablo Iglesias, los sindicatos de inquilinos han reunido a distintas organizaciones sociales y firmado un manifiesto solicitando al Gobierno que regule el alquiler. Entre las firmantes —más de 9.000, al agrupar los miembros de todas ellas— están Facua, Ecologistas en Acción, el Consejo de la Juventud en España, la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos y la Red de Lucha contra la Pobreza, que agrupa a entidades como Cáritas, Acción contra el Hambre o la Cruz Roja.

Conscientes de que a partir de mañana se hablará de la moción de censura que presentará Vox, los sindicatos quieren así aumentar la presión sobre la parte socialista del Gobierno, que está dando marcha atrás en la regulación. “Consideramos que ha llegado la hora de emprender medidas concretas que impliquen mejoras para las miles de familias asfixiadas que viven de alquiler y para el conjunto de la sociedad”, dice el texto. “Pedimos al Gobierno que apruebe una propuesta legislativa que permitirá actuar para abordarlo”.

Las plataformas y Podemos quieren que los alquileres se regulen ya, en paralelo al proyecto de Presupuestos. La regulación nacional serviría para dar cobertura legal a la ley catalana (que podría ser recurrida en el Constitucional próximamente) y para ganarse el apoyo de ERC y JxC (y otros partidos, como Bildu o BNG) a la aprobación de las cuentas públicas. Iglesias mostró el pasado viernes su apoyo a los sindicatos y aseguró que lucharía para que la norma se aprobara “cuanto antes”.

PSOE y Podemos firmaron en su pacto de coalición un compromiso para “frenar las subidas abusivas del alquiler”, que consistiría en la publicación de un índice de precios (ya elaborado) y la habilitación a las comunidades autónomas y ayuntamientos para intervenir en zonas tensionadas. Los sindicatos llevan meses trabajando con el Gobierno en una legislación que siga la estela de la catalana, aprobada hace pocas semanas. Esta ley fija precios máximos mediante el índice de la Agencia de Vivienda catalana y afecta a Barcelona y otros 59 municipios del área metropolitana.

En las últimas semanas, sin embargo, miembros del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana han reculado en público. Primero fue David Lucas, secretario general de vivienda, en una entrevista en Infolibre. Lucas argumentó que la pandemia ha producido una “enorme distorsión” y que hace falta una “radiografía clara” antes de legislar. Por su parte, el ministro Ábalos dijo este lunes que “el encaje jurídico más adecuado” para regular precios es una futura Ley de Vivienda. “Creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda”, dijo el ministro.

Las entidades firmantes creen, por el contrario, que “si impulsar la medida ya era necesario antes de la pandemia, la actual caída de ingresos de las familias la hace aún más urgente”. Argumentan, asimismo, que los altos precios del alquiler redundan negativamente en toda la economía, porque disminuyen la renta disponible de los inquilinos. Los últimos datos de los portales inmobiliarios hablan de una leve caída de los precios en las grandes ciudades, pero no en la mayoría de comunidades. Según datos del tercer trimestre de Idealista: en Baleares los alquileres descendieron un 6,6%, en Madrid un 2,5%, en Canarias un 2%, en Andalucía un 1,3% y en Galicia un 0,4%. En Castilla y León los precios no se movieron y en todas las demás autonomías se incrementaron.