Tras haber destapado el año pasado el escándalo de Volkswagen, Estados Unidos ha acusado a Fiat Chrysler de haber manipulado hasta 104.000 motores de sus vehículos diésel vendidos en ese país, para conseguir reducir al mínimo el nivel real de emisiones. Según la Agencia de Protección Ambiental, la empresa trucó los coches entre 2014 y 2016 y los modelos afectados serían el Jeep Grand Cherokee y el Ram.
Fiat Chrysler niega las acusaciones y ha mostrado su intención de “trabajar” con la nueva administración de Donald Trump para “resolver este asunto de forma justa”. Y también tendrá que dar explicaciones en Europa. “Las alegaciones” de EEUU “son preocupantes”, ha reconocido Lucía Caudet, portavoz de la Comisión Europea y aseguró que Bruselas se pondrá en contacto “con los Estados miembros y con Fiat para establecer los hechos de los vehículos vendidos en la UE”.
El Ejecutivo comunitario, sin embargo, no tiene capacidad para sancionar a la compañía. Son los países quienes deberían hacerlo, si se acaba demostrando que en Europa también trucó sus vehículos, pero el caso Volkswagen ha puesto de manifiesto que la UE va por detrás de EEUU en la lucha contra la manipulación de la emisiones.
El fabricante alemán acordó la semana pasada pagar una multa récord de 4.300 millones en Estados Unidos, tras haberse declarado culpable de haber trucado los motores de sus vehículos. Además, se ha comprometido a pagar 13.000 millones de euros como compensación a sus clientes estadounidenses. En Alemania, sin embargo, la indemnización es mucho menor. Volkswagen se comprometió el mes pasado a recompensar con 1.000 millones de euros a quienes compraron sus últimos 80.000 coches manipulados. Y en España, la empresa ha ganado de momento nueve de las diez demandas interpuestas por los consumidores.
Un año después de que el escándalo de Volkswagen saliera a la luz, la Comisión Europea abrió en diciembre un procedimiento de infracción contra siete países por no haber sancionado aún a la compañía. A España, Alemania, Luxemburgo y Reino Unido, por ser los que homologaron los motores de los vehículos trucados para que pudieran circular por la UE y no haber aplicado la normativa sobre emisiones, según Bruselas. Y a Grecia, la República Checa y Lituania, por ni siquiera tener en vigor un sistema de sanciones.
La justicia francesa, por su parte, abrió el viernes pasado una investigación a Renault porque sospecha que también ha manipulado el nivel de emisiones de sus motores diesel. La Comisión Europea ha propuesto un cambio en la directiva actual sobre los niveles permitidos de oxígeno de nitrógeno (Nox). Quiere que los test de emisiones se hagan en condiciones reales de circulación y no sólo en un laboratorio y poder multar a las compañías con hasta 30.000 euros por coche trucado. La normativa se está discutiendo actualmente en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.