Una hora y media. Es lo que ha durado la lectura del informe final que ha preparado el fiscal Alejandro Luzón en la fase de conclusiones del juicio de las tarjetas black. Luzón no ha escatimado en calificativos hacia el comportamiento de varios de los usuarios de las tarjetas mientras iba desmontando, una a una, las excusas que los 65 acusados han ido desgranando durante el juicio.
El fiscal ha sido especialmente duro con los usuarios de las black que siguieron usando la tarjeta después de su cese. Para Luzón practicaron “la rapiña y el pillaje” con su actitud, que justificaron durante el juicio por la “constumbre” y la autorización de la entidad. En este grupo de usuarios black estarían, Ramón Espinar (padre), Rodolfo Benito (CCOO), Antonio Romero (PSOE) o Alberto Recarte (expresidente de Liberad Digital).
Luzón cree que las explicaciones que los beneficiarios de las tarjetas opacas han dado durante el juicio tienen poco que ver con un posición jurídica y que se explican por la actitud “primitiva y depredadora” que tenían estos ejecutivos con respecto a la caja. El fiscal atacó a las defensas frente a las que se sientan al asegurar que algunas de las excusas, como la de ampararse en la constumbre d ela caja, “se ha intentado revestir de legalidad por una corte de letrados subidos a un estrado” y por algunos “disfrazados de peritos”.
Uno de los principales argumentos de las acusaciones, escudarse en que las tarjetas habían sido creadas en 1988 bajo la presidencia de Jaime Terceiro, no justifica en ningún caso para Luzón lo que hicieron después sus sucesores. “Que las irregularidades se hicieran durante la época e Terceiro no excusa que Blesa que estuvo 14 años las perpetuará las perfeccionara y las escondiera”, zanjó el fiscal que utilizó el mismo argumento para Rodrigo Rato.
El fiscal cree que Blesa “tomó la decisión de continuar, pervertir o perfeccionar” el sistema de las tarjetas, además de hacerlo “opaco”. Además, “Rato le dio continuidad en Caja Madrid durante dos años y perdió una oportunidad muy buena de poner fin a esta práctica cuando se constituye Bankia. Lejos de ponerle fin lleva este procedimiento a la nueva entidad para eludir las limitaciones retributivas”, concluye el fiscal.
Para Luzón, estos hechos son tan graves que hacen que la devolución por parte de Rato y Blesa de la parte gastada con las tarjetas no es suficiente para ser usada como atenuante, como tampoco lo es con el caso del exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno.
En la parte final de su intervención, Luzón sí entra a valorar la “singularidad” y “excepcionalidad” del comportamiento de varios acusados lo que en su opinión los deja “al límite de la exculpación”. Entre ellos ha destacado el exministro Virgilio Zapatero, uno de los que más vehementemente ha defendido su inocencia. Luzón ha reconocido que Zapatero devolvió dos años antes de que se destapara oficialmente el escándalo de las black parte del dinero que gastó con la tarjeta.
Sin embargo, para Luzón, Zapatero tuvo lagunas y algunas inconsistencias en su relato (sospecha que por solidaridad con el resto de acusados) por lo que ha decidido finalmente no eliminar la acusación aunque lo deja abierto a la Sala. También ha reseñado el comportamiento de Rafael Torres Posada (UGT), Jorge Rábago (PP) y Gabriel Moreno Flores (CCOO) cuyos gastos y actitud entiende que fueron “menos reprochables” que las del resto con unos “gastos prudentes”.
Por último, el fiscal también citó especialmente el caso de Javier López-Madrid (el célebre compiyogui del rey) por haber devuelto inmediatamente el dinero y haber hecho incluso una declaración complementaria a Hacienda. Con todo, Luzón había citado en una ocasión anterior a su informe al examigo del rey Felipe para desacreditar la excusa que dio en su testimonio de que su grupo empresarial había perdido mucho dinero con Bankia.
“Que compense o no compense la conducta es algo que alegarían la mayoría”, recodó Luzón al hilo del comentario de López-Madrid. “Todos los acusados de saber que se destaparía este asunto no actuarían como actuaron. Le concedieron poca importancia. Tiene que ver con la conciencia de impunidad pero no con la de legalidad”, sentenció el fiscal.