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Tres delitos económicos nada menores: apropiación indebida –entre uno y seis años de cárcel–, delito societario –entre uno y tres años– y administración desleal –entre seis meses y cuatro años–. Según la Fiscalía Anticorrupción, las tarjetas 'en negro' no estaban reflejadas en los contratos de los consejeros, no contaban con el respaldo de los estatutos de la caja, no estaban declaradas ante Hacienda y se gestionaban “de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad”. Era un sobresueldo opaco ante la Agencia Tributaria, una suerte de pagos en B.
Caja Madrid, por supuesto, pero gran parte del dinero no aparecía en la contabilidad de la caja ni como retribución a los consejeros ni como gastos de representación. Según el FROB, las tarjetas “oro” –las de los peces gordos– acababan en una cuenta de “errores del servidor informático”. El detalle es muy importante porque demostraría que quienes montaron este mecanismo de pagos irregulares sabían que estaban haciendo algo ilegal, y por eso lo quisieron ocultar.
86 personas, entre consejeros y altos ejecutivos de Caja Madrid y Bankia, bajo la presidencia de Miguel Blesa y Rodrigo Rato. De ellos, sólo tres no las llegaron a usar. Puedes consultar el listado completo y su filiación política en esta tabla en la que no se libra nadie: ni los principales partidos ni los sindicatos ni la patronal.
Según el informe de Bankia, las gestionaba personalmente lldefonso Sánchez Barcoj, uno de los principales lugartenientes de Miguel Blesa –y también la persona que más dinero obtuvo de su tarjeta 'black'–. Eran las secretarias de Barcoj quienes transmitían sus órdenes al departamento de tarjetas, donde se detallaba a quién había que darle una 'black' y cuánto dinero podía disponer. Barcoj las entregaba con diligencia y las cancelaba con laxitud: un tercio de las tarjetas se siguieron usando meses después de que su titular abandonase el cargo en Caja Madrid.
De nuevo, Ildefonso Sánchez Barcoj, aunque él responsabiliza a su superior, Miguel Blesa. Los importes cambiaban en función del consejero y no todos cobraban lo mismo. Así, por ejemplo, se puede ver cómo Moral Santín, nombrado a propuesta de IU, pasó de llevarse 25.000 euros anuales en la tarjeta 'black' a 50.000. El cambio coincide con la colaboración de Santín con Blesa, que entre otras cosas apoyó la compra de un ruinoso banco en Miami contra la que supuestamente se oponía su partido. Anticorrupción no sólo sospecha que las tarjetas pudieron usarse para comprar voluntades, sino que también está investigando los créditos a partidos y sindicatos que concedió Caja Madrid.
Por ahora muy pocos, sólo siete personas: dos sindicalistas, un vocal de la ejecutiva del PSOE, la presidenta de la Fundación Caja Madrid, el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, el gerente de la empresa municipal de urbanismo de Boadilla y el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda. Entre los vips con tarjeta 'black' que aún no se dan por aludidos destacan el presidente de la patronal de Madrid, Arturo Fernández, o el tesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner.
Es posible que algunos de los que disfrutaron de las tarjetas las usasen sólo para pagos relacionados con el trabajo, pero sin duda no todos obraron así. Una gran parte del dinero se sacó en efectivo de cajeros, por lo que su destino es imposible de rastrear. Otra se gastó en compras en supermercados y grandes superficies, que tampoco tenían nada que ver ni con la “obra social” de la caja ni con su representación. Nadie justificó los pagos y Caja Madrid no lo reclamó.
En la Audiencia Nacional ya tienen un CD-R con todos los extractos de cada una de las 86 tarjetas 'black'. Por ahora esa información es secreta, pero ya lo están analizando los peritos judiciales y no tardará en salir a la luz.
Según el informe de Bankia, el primer contrato de las tarjetas es del 3 de mayo de 1994, dos años antes de la llegada de Miguel Blesa, cuando el presidente de Caja Madrid era Jaime Terceiro. Sin embargo, aquellas tarjetas eran exclusivamente para gastos de representación, tal y como han recogido los informes de la Fiscalía y figura en las actas de la entidad. La perversión de aquellas tarjetas en las actuales black se produjo durante el mandato de Miguel Blesa, a partir de 1998.
Según ha reconocido Bankia, fue una información de eldiario.es lo que provocó la puesta en marcha de una investigación interna donde se descubrió todo el pastel. Bankia envió el resultado de esa auditoría al FROB, que a su vez lo denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. La noticia que inició esta cadena la publicamos el 13 de diciembre de 2013. El titular era bastante claro: 'Los consejeros de Caja Madrid tenían tarjetas de crédito en 'negro' de hasta 50.000 euros al año'. Era una exclusiva que salió de los correos de Miguel Blesa, que ordenó investigar el juez Elpidio Silva y que fueron obtenidos por eldiario.es gracias a una fuente anónima derivada por el Partido X. En uno de esos emails, titulado “confidencial”, el secretario saliente del consejo informaba a su sustituto de las retribuciones de los consejos. Además del sueldo, detallaba que disfrutaban de “una tarjeta black a efectos fiscales”.
A pesar de los intentos por parte de la fiscalía de Madrid y del propio Miguel Blesa para frenar su difusión, eldiario.es pudo investigar y publicar los correos de Blesa gracias a los socios que nos apoyáis. Sin vosotros, las tarjetas 'black' difícilmente habrían salido a la luz. Gracias por ayudarnos a seguir ejerciendo el periodismo, a pesar de todo.
Actualización, 20 de octubrede 2016. He cambiado la redacción del punto 9 porque no se ajustaba a la verdad. En una primera versión del texto, se atribuía el nacimiento de las tarjetas black a la época de Jaime Terceiro como presidente de Caja Madrid. Posteriores informaciones han demostrado que no es así.
Tres delitos económicos nada menores: apropiación indebida –entre uno y seis años de cárcel–, delito societario –entre uno y tres años– y administración desleal –entre seis meses y cuatro años–. Según la Fiscalía Anticorrupción, las tarjetas 'en negro' no estaban reflejadas en los contratos de los consejeros, no contaban con el respaldo de los estatutos de la caja, no estaban declaradas ante Hacienda y se gestionaban “de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad”. Era un sobresueldo opaco ante la Agencia Tributaria, una suerte de pagos en B.