Llamada de atención del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la capacidad del sistema financiero español para aguantar la crisis de la COVID-19. En su revisión económica anual para España el organismo multilateral advierte de que la morosidad va a aumentar, tras en fin de las moratorias, y con una caída aún mayor de la ya baja rentabilidad, los bancos españoles se pueden encontrar “con dificultades de solvencia”. El organismo que dirige Kristalina Georgieva mantiene su previsión de una caída del PIB del 12,8% en 2020, pero incrementa el crecimiento económico del 6,3% al 7,2% en 2021, gracias a la utilización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, siempre y cuando se limiten los rebrotes y no haya nuevas infecciones, según explicó Andrea Schaechter, jefe de la misión para España del FMI.
El FMI admite que “la actividad crediticia se ha visto apoyada por avales con fondos públicos y medidas de alivio y conservación del capital bancario” pero no cree que sean suficientes ante la situación de la banca española, con unas reservas de capital (ratio CET 1), que definen la solvencia financiera, “inferior a la de sus homólogos de la UE”.
“El riesgo de crédito se ha deteriorado y se espera que aumenten los activos dudosos, especialmente en el segmento empresarial no financiero, a medida que venzan las medidas de apoyo a los prestatarios. Por tanto, la capacidad crediticia de los bancos podría verse restringida, su rentabilidad, que ya es baja, tiene visos de empeorar, y en escenarios severos podrían surgir dificultades de solvencia”, remarca el FMI.
Como un aviso al Santander y BBVA, que en la anterior crisis financiera tuvieron más capacidad de respuesta por su expansión internacional, ahora el FMI lanza la siguiente advertencia: “Los bancos con presencia internacional podrían no beneficiarse de la diversificación geográfica tanto como en el pasado”.
Ante esta situación el Fondo pide prudencia a las entidades financieras tanto en las decisiones sobre provisiones como en dividendos, que se reconozca “a tiempo los activos problemáticos” y continuar con una política de desinversión “en los activos heredados”. Además, apunta a la necesidad de proseguir con “la racionalización de costes y la inversión en tecnología” y responder con más fusiones en el sector.
Pero las llamadas no se limitan a las entidades financieras. El FMI reclama al Gobierno, al Banco de España y a la CNMV que revise “minuciosamente los planes de los bancos de cara al futuro para resolver activos dudosos y afianzar posiciones de capital resilientes” y se desarrollen “medidas regulatorias de alivio que deberían contribuir a facilitar el uso de los colchones de capital y liquidez, seguido de su reconstitución gradual”.
Sin crecimiento sostenible ni caída del paro hasta 2022
Aunque las previsiones son mejores para 2021, las perspectivas del FMI siguen siendo demoledoras: “Las disparidades socioeconómicas, que ya eran altas antes de la COVID-19, van camino de ahondarse, y es probable que aumente la pobreza”. Pero además, el organismo multilateral no augura una rápida recuperación y vislumbra más riesgos en el horizonte ya que el PIB “tardará varios años en alcanzar su nivel pre-pandemia”. “una senda de crecimiento sostenible con el desempleo en disminución” sucedería como pronto en 2022, pero además “un fracaso a la hora de controlar nuevos brotes, un progreso más lento que el previsto en materia de vacunas y tratamientos, un Brexit sin acuerdo y una escalada de las tensiones comerciales podrían empañar aún más las perspectivas”.
“Mantener controlada la segunda oleada de infecciones será crítico para las perspectivas económicas. Las características estructurales de la economía (entre otras, un extenso sector servicios dominado por las pymes, la importancia del turismo y el uso generalizado de los contratos temporales) agudizaron el impacto del confinamiento y harán que la economía sea particularmente vulnerable a disrupciones prolongadas”, avisa.
A pesar de que el FMI destaca el éxito de los ERTE, el organismo multilateral insiste en que “las prestaciones por desempleo deberían convertirse gradualmente en la red de seguridad predominante. Esto facilitará la reasignación de puestos de trabajo y de trabajadores, dada la disminución en el tiempo de los beneficios netos derivados de mantener la vinculación de los trabajadores con sus puestos de trabajo mediante expedientes de regulación temporal de empleo, y mitigaría además el riesgo de mantener a trabajadores en empresas y sectores inviables”.
El FMI también pone como deberes “fortalecer los marcos de resolución de deuda privada para dar respuesta al aumento esperado de casos de insolvencia” y poner en marcha “medidas adicionales de carácter transitorio para mejorar los marcos de reestructuración extrajudiciales e intensificar los incentivos para promover la reestructuración de la deuda, incluyendo a las pymes”. El organismo recuerda que todavía está pendiente la transposición de la Directiva de la UE sobre reestructuración e insolvencia.
Además el organismo multilateral reclama una “estructura clara de gobernanza que supervise la ejecución de los planes y la consecución de hitos clave” de los fondos europeos. Entre los proyectos que España debería abordar con los 140.000 millones del Fondo la institución señala a “la rehabilitación de edificios, la creación de estaciones de carga de vehículos eléctricos y la mejora de la infraestructura de distribución de agua y de gestión de residuos como ejemplos de inversiones que crearían empleo a corto plazo”.
Por otro lado, el mismo día que el Gobierno anuncia que suspende las reglas fiscales que marcan el déficit para todas las administraciones para este año y 2021, el Fondo solicita al Gobierno “el anuncio anticipado de un plan de ajuste gradual de la deuda, que se espera que llegue al 120% del PIB, supeditado a la situación de la economía. Según los técnicos del FMI, este plan debería incluir medidas estructurales sostenibles, especialmente del lado de los ingresos, que ayudarían a reconstruir los colchones fiscales al tiempo que apoyarían más inclusión e innovación, que también incluiría una reforma de las pensiones ”que equilibre la sostenibilidad con la aceptabilidad social“ y reformas estructurales.